Descripción

Desde mediados de los años noventa, el Banco Mundial (BM) juega un rol importante en América Latina, en Asia y en los países del antiguo bloque soviético, con relación al diseño e implementación de políticas de tierras. Las políticas planteadas por este organismo financiero privilegian a la gran empresa privada, como el actor central del aumento de la productividad y del crecimiento agrícola, por lo que prioriza la seguridad jurídica de la gran propiedad agraria, a objeto de prevenir conflictos relacionados con la tierra.

Argumentando que las reformas agrarias redistributivas conducidas por el Estado son “políticamente inviables”, ya que contienen “dimensiones confiscatorias”1, contra las cuales los grandes propietarios se rebelan. El BM también las considera coercitivas y discrecionales porque se basan en la expropiación, por ello, plantea el denominado “modelo de Reforma Agraria de mercado” o de “Reforma Agraria asistida por el mercado”, a objeto de mantener el monopolio de la tierra en poder de los grandes propietarios.

ENCADENADOS A LA AGRO-EXPORTACIÓN

Los programas que aplica el Banco Mundial, se basan en la otorgación de créditos a tasas de mercado para que los campesinos compren tierras. Estos préstamos vienen acompañados de subsidios estatales, destinados a inversiones productivas, las mismas que están condicionadas a la inserción de la producción campesina en las cadenas de agro-exportación. Recientes evaluaciones de este tipo de programas aplicados en Brasil, Guatemala, Colombia y Sudáfrica señalan que los campesinos que participaron en estos proyectos terminaron como productores especializados, subordinados a las cadenas productivas agro-exportadoras y sin ingresos significativos.

Siendo importante el número de campesinos que terminaron endeudados o que perdieron las tierras que compraron con estos créditos. El 15 de mayo de 2008, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAMA), la Cámara de Diputados aprobó un convenio2, suscrito entre la República de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF)- Banco Mundial, a través del cual se financia un crédito de hasta 9.800.000 Derechos Especiales de Giro3, destinados a financiar el “Proyecto Tierras para el Desarrollo Agrícola”.

El proyecto abarca los municipios de Mineros, Pailón y Charagua del departamento de Santa Cruz. Este proyecto tiene dos componentes centrales: i) El acceso a tierras, consistente en un fondo rotativo reembolsable para asociaciones de entre 5 a 35 familias que podrán acceder a tierras de diverso tamaño, a través de mecanismos de compra. ii) Inversiones comunitarias, que consisten en apoyo técnico y productivo, con un fondo no reembolsable.

La finalidad de éste último es financiar planes de trabajo productivo que permitan dar condiciones de producción a las propiedades que sean adquiridas. BANCO DE TIERRAS En este sentido, la aprobación de este proyecto, confirma nuevamente las serias limitaciones de la “revolución agraria” o de la “reforma comunitaria” del Gobierno del MAS, y pone en evidencia la continuidad de las políticas de tierras que ejecutaron los gobiernos neoliberales anteriores.

Éstas están caracterizadas por combinar una limitada distribución de las escasas tierras fiscales existentes, con el acceso de los campesinos a la tierra por la vía del mercado. Es más, estos proyectos de acceso a la tierra de los campesinos por la vía del mercado, coinciden con los planteamientos que vienen sosteniendo las clases dominantes de los departamentos de la denominada “media luna”. Es importante recordar que, a pocos días de haber asumido la Prefectura de Santa Cruz, Rubén Costas planteaba –en oposición a cualquier acción estatal orientada a la confiscación de tierras en Santa Cruz– la necesidad de crear un “banco de tierras” para la distribución de este recurso a los campesinos de la región. Lo cierto es que, mientras que en ciertas regiones donde aún perviven haciendas con resabios semiserviles –es el caso del Chaco boliviano– el Gobierno del MAS aparenta enfrentar una guerra frontal contra el latifundio, en zonas de Santa Cruz.

Sin embargo, en estas zonas, donde predominan las empresas agropecuarias capitalistas y los terratenientes que viven de la renta capitalista de la tierra, se ha optado, más bien, por atender a los consejos del Banco Mundial, organismo que –como hemos visto– consi-dera “políticamente inviable” cualquier acción estatal orientada a rom-per con el monopolio de la tierra.

NOTAS

1. El BM considera que estas medidas son confiscatorias cuando no existen indemnizaciones o cuando éstas son fijadas por debajo de los precios de mercado.
2. Convenio de Crédito Nº 4366-BO.
3. Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son registros contables, creados por el Fondo Monetario Internacional FMI, para incrementar la cantidad de reservas internacionales mantenidas por los gobiernos. Y pueden utilizarse para cubrir los déficit de las balanzas de pago. Desde 1981 los DEG se basan en un promedio ponderado de las principales monedas del comercio mundial.

 

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Catálogo	Análisis e investigación
Categorías	Política agraria
Gestión	2008