El gasolinazo decretado por el Gobierno el pasado domingo 26 ha despertado el repudio generalizado de la población, pues sus efectos multiplicarán el impacto que la inflación ha tenido en los últimos meses y se sumarán a otros que la política gubernamental ha ocasionado sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

Aunque la forma en que se ha adoptado la medida -que recuerda las prácticas acostumbradas de los gobiernos neoliberales y las dictaduras que negaban hasta el último minuto sus intenciones- no es poca cosa para no mencionarla, pues contradice todo el discurso sobre las virtudes morales del “nuevo Estado plurinacional”, lo que queremos destacar aquí es el propósito central de esta disposición, referido a la política energética del MAS.

Según el discurso oficialista, la “nacionalización” de los hidrocarburos debía cumplir no sólo la “agenda de octubre” del pueblo boliviano, sino que nos llevaría, con el paso del tiempo, al mundo feliz del “vivir bien”. Contando con los nuevos “socios” las empresas extranjeras- que no serían expropiados, llegaríamos a convertirnos en el centro energético del subcontinente y daríamos el “gran salto industrial”, pues la nacionalización nos habría hecho dueños y señores de los hidrocarburos (soberbio y arrogante, el negociador de los contratos petroleros sigue afirmando que a partir de la migración de contratos, las empresas transnacionales pasaron a ser “nuestros empleados”, pues se habrían convertido en “simples prestadores de servicios”).

Pero la realidad es más dura que los buenos deseos o el cálculo de los políticos y los funcionarios: las empresas transnacionales del sector son, en realidad, quienes verdaderamente lo dirigen. De los sueños de convertirnos en el centro energético, hemos caído en el limbo del desconocimiento de nuestras reservas de hidrocarburos y nos hemos convertido en importadores consuetudinarios de combustibles líquidos como el diésel, la gasolina y hasta de GLP; todo, en el curso de cinco años de “revolución”. La explicación no es otra que el carácter de la “nacionalización”: oculta detrás del discurso altisonante y contradictorio del Gobierno, se ha limitado a disfrutar de las reformas tributarias de la Ley 3058 aprobada en 2005 y a la extraordinaria elevación de los precios de las materias primas en el mercado mundial, pero no ha recuperado el control estatal sobre el sector, no se ha convertido en el monopolio estatal y ha acabado con una YPFB subordinada a la voluntad de las empresas extranjeras productoras.

Las recientes declaraciones del ministro Vincenti a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos retratan esa situación de manera patética: “Eso (el precio actual) desincentiva la producción de petróleo y las empresas quieren comprar gas, porque el gas tiene un buen mercado a buen precio y el petróleo no. Entonces aunque nosotros aumentáramos nuestra capacidad de refinería, el problema de fondo está en el bajo precio al que nosotros pagamos el petróleo (‘).

El precio del petróleo en el mercado internacional está en los 91 dólares (‘). Por eso es que uno de los decretos aprobados reconoce un estímulo que va a llegar al orden de los 59 dólares para la producción. Ése sería el precio al que nosotros vamos a comprarle petróleo a las empresas que trabajan en Bolivia. Con eso vamos a incentivar la búsqueda de petróleo”. En buen romance, lo que confiesa el ministro es que no somos soberanos en el manejo de los hidrocarburos, que para abastecer nuestro mercado interno debemos comprar petróleo a las transnacionales. Es decir, dependemos de la decisión de las transnacionales para producir o no, decisión que está determinada por el nivel de ganancias que esperan obtener y que es inherente a cualquier economía capitalista; esto a despecho de las teorías de la economía plural y el “socialismo a la boliviana” de los teóricos del gabinete.

Es, en otras palabras, una “confesión de parte” sobre el fracaso de la nacionalización y un anticipo de la dirección que tomarán las futuras leyes sectoriales de las industrias extractivas, como son la hidrocarburífera y la minera. Es una prueba dramática de que en los cinco años de Gobierno, la producción de petróleo ha disminuido y la de gas natural no ha crecido, la industrialización–si consideramos los anunciados planes brasileños con gas boliviano-está tan o más lejana que en 2005 y que ni siquiera estamos en condición de afirmar cuál es la magnitud de las reservas de hidrocarburos.