En octubre del año 2003, el pueblo boliviano, especialmente los pobladores de El Alto, enarboló la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización, apuntando así al corazón del modelo neoliberal y de las fracciones de la burguesía en el poder. Esta demanda histórica se inscribía en la tradición histórica de la lucha social por la recuperación de los recursos naturales y la necesidad de superar el patrón de acumulación primario exportador.

El MAS, contrariamente a lo que dicen hoy sus voceros, no enarboló esta demanda sino que demandó la instalación de una Asamblea Constituyente que permitiera la reconstitución del Estado capitalista en crisis, postulando cambios políticos pero sin cuestionar la base económica del país. Posteriormente, en el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyó el amañado «referéndum del gas», esta agrupación política centró su discurso en la necesidad de retornar al sistema del 50-50 en la distribución de la renta petrolera.

Este breve recuento de la postura del MAS explica, en parte, por qué, una vez instalado en el poder, la reforma que impuso no fue una nacionalización, ni siquiera en el sentido que conocimos con el nacionalismo burgués del MNR en el pasado. Permite entender por qué la denominada «nacionalización inteligente» constituye una medida oportunista dirigida a controlar los recursos fiscales necesarios para mantenerse en el poder y desarrollar una política francamente burguesa, es decir, con el objetivo de impulsar la construcción de una economía y sociedad capitalista escondida tras el rótulo pomposo de «economía plural» o hasta de «socialismo comunitario».

Mientras la nacionalización propugnada inicialmente por los gobiernos nacionalistas del pasado promovía el desarrollo económico a partir del control estatal de las rentas de las industrias  extractivas  y  trasladadas  al  sector  privado  -ubicado  en  la  agricultura comercial del oriente y la industria-, sobre la base de la expulsión de los monopolios extranjeros, la nacionalización del MAS postula un sui géneris «socialismo comunitario» en alianza con el capital transnacional: los «socios» del proceso.

Hay que añadir a estos datos que en varios casos el valor de la compra alcanzó o sobrepasó el valor de venta de la privatización neoliberal: en el caso de Chaco – actualmente con una demanda internacional- la compra de la mitad del paquete accionario costaría el 76% del valor de la «capitalización», la compra de Transredes alcanzaría  al  91%  del  precio  de  la  capitalización,  la  recompra  de  la  empresa  de Logística y de la de Refinación, alcanzaría al 109% del valor de su privatización durante el gobierno de Banzer.

La «nacionalización» no abarcó más que a las empresas «capitalizadas», por lo tanto no se dirigió a controlar el sector, es decir a establecer el monopolio estatal que determine la dirección de las políticas públicas para la superación de la economía primario exportadora, como cabe a un verdadera nacionalización. Asimismo, contrariando el discurso que le permitió posicionarse durante la reforma de 2005, otorgó legalidad a los contratos de riesgo compartido de Sánchez de Lozada y reconoció los derechos que les daban a las petroleras, como es el caso de las inversiones reconocidas de «buena fe» y devueltas a través de los costos recuperables.

Pero más allá de esas consideraciones están las evidencias que arrojan los resultados de la «nacionalización» para demostrar nuestra tesis. Observando la situación actual del sector, se comprueba que la producción de hidrocarburos permanece controlada mayoritariamente por las transnacionales, que han mejorado  su  participación  en  los últimos  años:  mientras las  operadoras  extranjeras pasaron de controlar el 74,2% de la producción de gas natural y líquidos en 2006 al 82,2% en 2010, YPFB -a través de sus filiales Andina y Chaco- disminuyó su participación en el mismo período de 25,8% a 17,8%.

La información sobre áreas petroleras refuerza esta observación: aunque YPFB posee el 71% de un total de 23,9 millones de hectáreas de áreas de exploración, las empresas extranjeras poseen el 68% de las áreas en explotación, que son las que contienen las reservas certificadas de hidrocarburos. La elevada participación de YPFB en las áreas de exploración se explica porque desde 2006 se han establecido 98 áreas reservadas con una extensión de 22 millones de hectáreas, de las cuales el 25% se encuentra ya bajo contratos de exploración y convenios de estudio con empresas extranjeras, como PDVSA, GTLI, Petrobras, Petrovietnam y otras.

Por otro lado, el gobierno afirma machaconamente que su nacionalización ha afectado los intereses imperialistas trastocando la distribución de la renta petrolera, de modo que ahora el Estado controlaría el 82% dejando a la transnacionales con el 18% restante. A despecho de esta afirmación, los datos oficiales revelan que en 2010 el Estado recibió el 65% por concepto de IDH, regalías, patentes y participación de YPFB.