Desde el año 2006, en que presentó el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno viene proclamando que la superación de la economía primaria exportadora sería alcanzada mediante la industrialización. Hasta el vicepresidente Álvaro García Linera intentó acuñar el término de “salto industrial” para resumir la máxima meta del Gobierno “revolucionario”. Los resultados de la industrialización, empero, hasta hoy son como un paño frío para tanto entusiasmo y corroboran la crítica de que la industrialización no ha sido ni es una preocupación gubernamental, debido a su sometimiento a los intereses de las empresas transnacionales, consideradas sus “socias” y protagonistas centrales de la “economía plural”.

En efecto, la revisión de lo obrado en términos de creación de empresas industriales desde 2006 revela magros resultados. En el caso de la manufactura, sólo tres de las nueve empresas anunciadas desde 2007 están en funcionamiento actualmente. Asimismo, de siete proyectos incluidos en la Estrategia Nacional de Hidrocarburos y el Plan de Inversiones de YPFB ninguno ha empezado a operar, pese a que cinco de ellos debían hacerlo hasta el presente año; el único proyecto en funcionamiento es una planta de fabricación de tapones y accesorios con insumos importados que no figuraba en los planes.

En minería sucede algo similar: de ocho plantas que define el Ministerio de Minería como proyectos de industrialización sólo dos estarían funcionando a la fecha, con el añadido de que una no fue construida sino sólo rehabilitada. Conociendo esta situación y algunos pormenores de la historia de ese proyecto, difícilmente podía sorprendernos el fracaso del proyecto minero siderúrgico del Mutún.

La historia iniciada con una proyectada licitación onerosa y entreguista durante el gobierno de Carlos Mesa continuó en 2006 con la licitación internacional y en 2007 con la firma del contrato de riesgo compartido con Jindal Steel & Pow er. Aunque el contrato establecía que en siete años — es decir alrededor de 2014— se estaría produciendo acero, el inicio de la producción de materia prima —mineral de hierro— recién se verificó en 2010 debido a una seguidilla inacabable de problemas como la falta de provisión de tierras saneadas —en medio de las infaltables denuncias de corrupción de funcionarios gubernamentales— o el incumplimiento de Jindal en la entrega de planes en detalle que debió presentarlos a los 90 días de la protocolización del contrato.

Pero el hecho que llevó de las desavenencias a la ruptura fue el anuncio de YPFB de que no podría proveer el volumen de gas natural demandado por Jindal (que inexplicablemente bajaba de los 6 millones de metros cúbicos diarios a sólo 4 millones sin afectar las metas de producción) sino sólo 2,5 millones —sumando inclusive volúmenes de GLP (gas licuado de petróleo)—, ni construir un gasoducto por falta de recursos.

Pero en medio de este vía crucis se dieron también algunos hechos curiosos. La Jindal —acusada constantemente  de incumplir las inversiones— estableció la compañía Gas To Liquids International SA (GTLI) en sociedad con la boliviana GTL y en 2009 anunció el descubrimiento de gas y petróleo en el campo Palmar. La noticia fue apoyada con entusiasmo por el Gobierno (el mismo Evo Morales asistió a la inauguración de la perforación de uno de los pozos), aunque poco después, en enero de 2010, la GTLI anunció que declinaba en su intención de producir por el escaso volumen de hidrocarburos existentes en dicho campo.

Sin embargo, esa fugaz experiencia le permitió después acceder a contratos de estudio, primero, y en 2011 a contratos de exploración en cuatro bloques que suman 1,25 millones de hectáreas en áreas reservadas de YPFB. Así, la empresa que no puede garantizar inversiones en el Mutún ingresó, con la anuencia gubernamental, al negocio hidrocarburífero  prometiendo, como anunció en una ocasión el ministro W álter Coca, una inversión de hasta 800 millones de dólares en exploración. A esta altura se puede afirmar que, en realidad, el proyecto no fue producto de una decisión meditada, sino que se desenvolvió a tientas porque respondía a otro propósito (de ahí la reacción de un par de ministros que declararon a la prensa su deseo de “echar” a la Jindal porque fue la “peor decisión que tomaron”).

La decisión gubernamental fue resultado de un cálculo puramente político: la necesidad de debilitar la oposición de los grupos de poder de Santa Cruz en 2006 ofreciendo la promesa de un futuro industrial, necesidad política que con el tiempo se fue haciendo mayor ante la ausencia de resultados en la industrialización que pudiesen mostrarse al pueblo, en especial a sus electores. Por ello, el Gobierno se tornó cada vez más obsecuente con la Jindal, ofreciéndole el oro y el moro para que se quede en el país, consciente de que era incapaz de cumplir con la principal condición para alcanzar la siderurgia: la provisión suficiente de gas natural.

Por su parte, Jindal actuó como lo haría cualquier transnacional: especular con la titularidad de las concesiones del segundo yacimiento más grande de hierro del continente y de las áreas de exploración hidrocarburífera, sin la intención de promover la industrialización; a lo sumo se dedicaría a producir y exportar mineral de hierro, posibilidad que el propio contrato había dejado abierta al permitir la exportación de concentrados en los primeros seis años previos a la producción de acero. La seriedad de sus planes parece haber sido puesta en duda por sus propios ejecutivos, como lo sugirió la renuncia de un connotado profesional y las denuncias de otro gerente sobre ganancias especulativas en bolsas del exterior.

Así, el fracaso del proyecto revela no sólo la ineficiente gestión gubernamental, sino la demagogia del discurso oficial que proclama la industrialización en base a la asociación con las transnacionales. Y ello, porque esa tarea no interesa a los capitalistas extranjeros, porque sus intereses chocan con la necesidad nacional: el Gobierno no puede garantizar la provisión de gas, pues quienes en realidad definen la producción y el destino de los hidrocarburos siguen siendo las transnacionales  interesadas en monetizar aceleradamente las disminuidas reservas de gas a través de la exportación.

En resumen, es la confirmación de la imposibilidad del desarrollo y la coexistencia armónica de los intereses de las transnacionales con los del pueblo boliviano, como sueñan los teóricos del “socialismo comunitario” y el “vivir bien”.