La Paz, 1 de agosto.- Para este 2 de agosto, el gobierno programó un evento en la localidad de Ucureña, como parte de la campaña de lanzamiento de la autodenominada “revolución agraria”. El paquete de medidas destinadas al sector campesino e indígena incluye la reversión de tierras de los residentes en las ciudades, lo que, para el Centro de estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), constituye la consolidación de la gran propiedad agraria. Esta medida se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, aclara un documento del CEDLA, presentado en junio pasado, el cual plantea estrategias y políticas a ser implementadas en el corto y mediano plazo. En relación a la temática del desarrollo agropecuario, se propone “contrarestar el avance del fraccionamiento de tierras a través de la reversión y redistribución intracomunal de las tierras en manos de los residentes, legalizando el mercado informal intracomunal que opera de facto, a través del establecimiento de límites máximos de superficie individual dentro de las comunidades” . ¿Quiénes son los residentes? De acuerdo al CEDLA, se denominan residentes aquellas personas de origen campesino que se vieron obligadas a emigrar de las áreas rurales hacia centros urbanos, zonas de colonización y ciudades del exterior del país y que, a pesar de su condición de emigrantes definitivos, “…mantienen vínculos con su lugar de origen, con la finalidad de consolidar el usufructo de la tierra mediante los cargos…” (Bernabé, Adalid; Valencia, Geisha; Tierra y residentes. Oruro: PIEB y Aymaras sin Fronteras, 2006). Se trata entonces de la paulatina desintegración de la comunidad campesina cuya crisis se ha profundizado en los últimos 20 años debido, en gran medida, a las políticas irrestrictas de apertura de la economía boliviana aplicadas por el neoliberalismo. En síntesis, “se podría decir que trata de familias que tienen un pie en la ciudad y otro en el campo y que, para muchas de ellas, la pequeña parcela que aún mantienen en propiedad es parte importante de la reproducción de las mismas en los ámbitos urbanos”, explica el documento de la institución. Según datos de la Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida realizada por el CEDLA en 2000 (ECEDLA 2000), de un total de 134.160 hogares de la ciudad de El Ato, 38.683 hogares, el 28.8% declaraban tener tierras en áreas rurales. De este total, un 40.4% eran hogares indigentes y un 11.3% pobres (con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria). El 36.0% de los jefes y jefas de estos hogares de residentes eran trabajadores por cuenta propia, un 27.6% obreros y un 7.8% empleados. Solamente el 9.5% declaraba ser patrón o empleador; es decir aquella pequeña porción de emigrantes —generalmente antiguos— que son considerados en diversos estudios como los “residentes exitosos” y que se caracterizan por tener buenos ingresos económicos en los lugares de residencia, que ya no tienen ninguna participación en la actividad productiva de la comunidad y que ya dejaron o perdieron sus tierras y que, en caso de tenerlas, no les es indispensable hacerlas producir (Bernabé, Adalid; Valencia, Geisha; Tierra y residentes. Oruro: PIEB y Aymaras sin Fronteras, 2006). ¿Qué pretende el gobierno? Por lo anterior, resulta al menos contradictorio que justamente un gobierno que se autodefine como campesino e indígena plantee la reversión de tierras de familias que, como se ha visto, son en su gran mayoría pobres y para las cuales la tenencia de la tierra es importante para su supervivencia en las ciudades. Esta propuesta gubernamental, señala el CEDLA, sólo puede explicarse a partir del rol central que le asigna el Movimiento Al Socialismo a los grandes empresarios —sobre todo extranjeros— como socios para la explotación de los recursos naturales. Es por ello, que la “revolución agraria” del MAS se basa en el respeto a la proempresarial Ley INRA —aprobada durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada— y que en los hechos está legalizando la concentración de las mejores tierras en manos de grandes terratenientes. Para ello, requiere un ambiente que evite una mayor presión sobre los grandes propietarios de tierras asentados fundamentalmente en el oriente del país a costa, como se ha visto, de los magros ingresos de los pobres. La medida que afectará a los residentes del campo en las ciudades se enmarca en la política global que impulsa el gobierno para el agro, de la cual son parte dos decretos supremos relativos a la problemática de riego, la entrega de 700 títulos de propiedad y la oferta de alrededor de 800 tractores —a ser adquiridos por los campesinos a través de crédito— para la mecanización de la agricultura. En el marco de este proceso, el gobierno promulgó además, en junio pasado, siete decretos supremos en relación a la distribución de tierras fiscales para comunidades campesinas e indígenas, así como sobre el acceso a la tierra vía mercado a través de créditos para campesinos de la región de Santa Cruz. Y recientemente, hizo conocer su propuesta de modificación de aspectos puntuales de la Ley INRA, norma que el gobierno le ha dado el título de “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”.