Bolivia nunca ha sido autosuficiente en la producción de alimentos, históricamente fue importador de trigo, pero en las últimas décadas ha logrado mantener precios bajos en la canasta familiar, algo que ahora parece insostenible y que amenaza con alejar aún más la meta de conseguir la soberanía alimentaria. Según un informe del Programa Mundial de Alimentos de ONU, en 2007, el 44% de los municipios de Bolivia tenía alta vulnerabilidad en seguridad alimentaria.

Al día de hoy, Bolivia no es autosuficiente en trigo y maíz y, si las estimaciones del sector se cumplen, en un año volverá a ser dependiente de las importaciones de arroz para cubrir un 20% de la demanda interna. Por el momento, la superficie sembrada de caña hace presumir que, después de febrero y marzo, no faltará azúcar pero obligará a los productores a ser más cautos en las exportaciones, quitándole algo de atractivo a cultivar caña. Pese a las alertas, que repercutirán en los precios de la carne bovina, del pollo y los lácteos, no existen planes integrales de los gobiernos nacionales, locales o regionales ni de los gremios privados, para salir de esta dependencia a mediano plazo.

Según la política del Gobierno, se debe incentivar la agricultura comunitaria para articularla luego con la industrial, pero en el presente, las formas industriales son casi el 80% de la producción.

Pese a que el cultivo de hortalizas representa sólo el 4,5% de la superficie total sembrada, cuando éstas faltan, se nota casi de inmediato en la canasta familiar. Los productores estarán un año más a merced del clima, mientras esperan respuestas sobre quién debe realizar estudios para aumentar el porcentaje de hectáreas bajo riego en la región. “Necesitamos ‘cosechar’ agua”, insiste Nué Morón, presidente de la Asociación de Horticultores y Fruticultores.

A este paso, el único cultivo que parece seguro es el de la soya. El director de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Álvaro Rodríguez, asegura que es mucho más rentable para los productores sembrar soya que maíz u otros granos porque se obtienen márgenes de utilidades hasta $us 200 más por hectárea. Sin embargo, el gerente técnico de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, Gilberto Aguanta, explica que no es tan así, que la soya no es tan rentable para los pequeños productores como lo puede ser el arroz y el maíz y que la falta de incentivos (créditos, transferencia de tecnología e insumos) frena la diversificación de la producción.
Otro problema por el que atraviesa el sector es la inseguridad jurídica . Si bien el proceso de saneamiento, iniciado en 1996, fue uno de los motores de la ampliación de la frontera agrícola en el último quinquenio del siglo XX, en la última década este fenómeno se ha desacelerado. Actualmente en Bolivia se cultivan alrededor de 2,9 millones de hectáreas, de las cuales más de 2 millones están en Santa Cruz. El Gobierno considera que se puede llegar a 6 millones sin necesidad de ingresar a parques ni a tierras forestales. Rodríguez asegura que hay tierras que se pueden trabajar en el este cruceño, en la zona del Chaco, Guarayos y sur de Beni. Con esto, se mantendrá la tendencia del último quinquenio, cuando el 88% de la ampliación de la superficie sembrada se dio en Santa Cruz, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Pese a que el proceso de titulación de fundos rurales debió concluir en 2006, hay menos del 40% del territorio cruceño y beniano, que concentran las producciones agrícola y ganadera del país, que está titulado.

Eso, sumado a que la política de tierras del actual Gobierno establece que se puede revisar el cumplimiento de la función económica y social cada dos años, ha provocado que la tierra no sirva como garantía crediticia. Según Rodríguez, sólo el 5% de los créditos de la cartera bancaria van destinados a la producción rural y la única línea de crédito abierta que poseen los agricultores necesariamente debe estar respaldada por un inmueble urbano. “Los pequeños y medianos agricultores que de verdad trabajan la tierra no tienen casa en la ciudad. Viven en el campo. No tenemos acceso a esos créditos”, dice Aguanta.

Rodríguez asegura que se prepara una norma para que los bancos otorguen créditos al sector con garantías más accesibles. El Gobierno está empeñado en mantener la canasta familiar boliviana como la más baja de Sudamérica, aunque para ello necesite restringir las exportaciones para regular los precios internos o permitir la libre importación de alimentos, como el trigo, el arroz, azúcar o el maíz bajo subvención. También considera que hubo momentos en que los productores inflaron los precios para tratar de desestabilizar al Gobierno, por lo que el aparato estatal ha tenido que intervenir en la agricultura a fin de regular precios.

Para economistas como Napoleón Pacheco, este tipo de intervenciones distorsionan el mercado y afectan más de lo que benefician.

En opinión de Vicente Gutiérrez, presidente de los productores de maíz y sorgo, es una política equivocada. Explica que su sector exporta muy poco y que casi toda la producción es consumida por los avicultores y ganaderos, pero sin el horizonte de exportar los excedentes, el cultivo de maíz pierde su atractivo. Aguanta coincide y afirma que este tipo de políticas, sumadas al clima, provocan la contracción de la siembra. Algo parecido sucede con los arroceros. Ellos no han sufrido la restricción de exportación, pero el ingreso de arroz proveniente de Brasil y Argentina limita sus ganancias y no deja crecer al sector.

Si a todo esto se suma el hecho de que el productor se guía más por intuición que por datos precisos de necesidades de mercado, se producen efectos que ponen más en riesgo la salud económica de los agricultores. Este fenómeno se vivió por ejemplo en 2007, cuando se sembraron 160.000 hectáreas de arroz que coparon el mercado y bajaron el precio hasta $us 8 la fanega, según la Asociación Nacional de Arroceros.

Es por ello que el hombre de campo prefiere refugiarse en la soya. “Siempre hay quién quiera comprarla afuera. No sucede lo mismo con el arroz o el maíz, mercados que están repletos de especuladores que desinflan los precios”, grafica Aguanta. Así, la soberanía alimentaria seguirá siendo una aspiración, casi una utopía.

Jurídico. Sólo un tercio de las tierras productivas del país están tituladas. La verificación de la Función Económica Social cada dos años resta capacidad de planificar a largo plazo al sector, algo vital en inversiones en agricultura.

Financiamiento. Al no tener documentos actualizados de sus propiedades, la tierra dejó de ser sujeto de crédito. La única forma de acceder a financiamiento bancario es teniendo otros bienes que garanticen el préstamo, generalmente inmueble urbano.

Políticas. Las prohibiciones de exportaciones para garantizar la provisión de alimentos en el mercado interno a precios bajos desincentiva la producción. Sin embargo, el Gobierno subvenciona con más de $us 300 millones anuales el diésel a los agricultores.

Mercado externo. Los precios internacionales no paran de subir, sobre todo de la soya y el maíz. Eso hace que también los agroquímicos y otros insumos suban de precio. Bolivia podría producirlos industrializando los hidrocarburos, pero sólo se lo logrará a mediano plazo.

Del campo

Vulnerables
44%
de los municipios del país, según del Programa Mundial de Alimentos, no tienen seguridad alimentaria.

Bolivianos
1.800
Es lo que necesita una familia de cinco miembros para subsistir por mes (sin contar ropa y servicios médicos).

Gastos
37,1%
de sus ingresos mensuales es lo que destinaba en 2004 el boliviano a la compra de alimentos.

Millones de hectáreas
2,9
Es la superficie que se sembró en 2009. La mayor parte de la producción se centra en Santa Cruz.

Participación
68%
Es la participación en superficie sembrada del departamento de Santa Cruz. Es hegemónico.

Millones de hectáreas
10,9
de los 36,8 millones de hectáreas que tiene el departamento de Santa  Cruz estaban saneadas hasta 2009.

Cultivos industriales
82,3%
Son casi el total de la producción. Son  soya, arroz, maíz, caña, quinua, sorgo, café, girasol, uva, sésamo, cebada y maní.

Unidades productivas
446.000
Existen en Bolivia. De estas, 225.000 están en el altiplano y 164.000 en los valles y 57.000 en el oriente.

Toneladas
639.000
De alimentos fueron importadas por Bolivia durante 2009. Más de la mitad de esto corresponde a trigo.

Millones de hectáreas
2,4
De tierra fiscal disponible hay actualmente en todo el país. Casi la mitad está en Pando.

Diálogo. El sector productivo estuvo ‘divorciado’ del Gobierno durante los últimos cuatro años. En los últimos meses se logró restablecer la comunicación y se han logrado avances, pero aún no son suficientes.

Inversión. El Gobierno reclama que el sector productivo debe sacar lo que tiene ‘debajo del colchón’ para que, de manera conjunta, se pueda garantizar la provisión de alimentos.

Mecanización. Se necesita más tecnología productiva a diversa escala. La maquinaria agrícola es demasiado cara para los pequeños y medianos productores y se necesitan créditos.

Planificación. Hay muy poca coordinación entre los niveles del Estado. Por lo general, las confederaciones se sientan a hablar con el Gobierno Nacional y las federaciones coordinan sólo infraestructura con los gobiernos departamentales. Las asociaciones  tienen más contactos con los municipios, pero no existe una visión panorámica de lo que se necesita.

Investigación. Se precisa más apoyo en la investigación en semillas y métodos productivos. Experiencias como la de la Federación de Lecheros, que lograron un salto genético importante en la última década, o de los productores japoneses, son dignas de imitar.

El pan de cada día no es nuestro

El boliviano invierte el 20% de lo que gasta en comida, en cereales. De ello, el trigo se lleva más de dos tercios, pero gran parte de esos recursos no van a parar al agricultor boliviano. El país tiene una fuerte dependencia del trigo de importación y en 2009 significó más del 50% de la internación de recursos.

Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, en el último quinquenio se ha incrementado el porcentaje de la compra de harina de trigo y no así del cereal en grano, lo cual ha derivado en el cierre de ocho molinos nacionales.

Sin embargo, la siembra de trigo es uno de los programas estrella de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El ingreso del Gobierno a incentivar al sector (compra de la producción) ha duplicado la cantidad de hectáreas sembradas y ha hecho de Santa Cruz el primer productor nacional.

Guillermo Aguanta, gerente técnico de Anapo, explica que el trigo ha vuelto a ser atractivo no sólo por los precios (se llegó a pagar más de $us 300 por tonelada), sino porque se han introducido variedades más aptas para el tipo de suelo y clima cruceño, que resisten los fuertes vientos.

Pese a ello, la producción nacional sólo logra abastecer un 30% de la demanda y ser autosuficientes llevará décadas o mucha inversión. Para lograr la meta se necesita construir silos exclusivos, capaces de almacenar 700.000 toneladas, algo que requiere inversiones que público y los sectores privados no pueden asumir en el corto plazo.

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