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POR UNA REFORMA SOLIDARIA Y SOSTENIBLE

La presente entrega de Alerta Laboral quiere llamar la atención de los trabajadores, el Estado y el país en general, sobre la ineficacia y fracaso del sistema mercantil de pensiones vigente desde 1997, sólo financieramente reformado en 2010 cuando el SSO se volvió SIP.

En desmedro del principio básico de asegurar el bienestar en la vejez, la actual gestión de las pensiones y administración del ahorro laboral ha beneficiado de manera especial a las dos administradoras activas desde hace dos décadas, incluidos los casi 10 largos años de retrasos en la constitución y funcionamiento de la Gestora pública que las reemplazará –con nueva postergación hasta 2021– sin cambiar de manera sustancial un sistema ya suficientemente urgido de una reforma de  característica social, solidaria y eficiente.

Ese es el contenido de este número, uno de cuyos artículos aborda cómo las AFP se limitaron a obtener ganancias provenientes del incremento de afiliados, merced a la atracción del nuevo mecanismo de la ‘pensión solidaria’, sin hacer esfuerzos para lograr rendimientos aceptables para los fondos laborales.

En respuesta a las interrogantes de qué es y qué debe hacer la Gestora, planteamos que su gestión no será diferente a la de las AFP, debido a que persiste en el SIP la lógica individualista y de mercado de la reforma neoliberal, de manera que los resultados de la administración de los fondos, es decir su rentabilidad, dependerán esencialmente de la situación del mercado financiero.

Más grave aún: como sistema de raíz mercantil, sigue dirigido a fortalecer el mercado financiero y de capitales, con el consiguiente abandono de la función social y redistributiva del Estado. Así, la ‘pensión solidaria’ ofrecida por el gobierno desde hace ocho años, no mejoró las rentas de los trabajadores y amenaza la sostenibilidad del ya débil modelo vigente.

Una evaluación del sistema de capitalización individual, demuestra, por otra parte, que el costo de las reformas es una carga que no mejora las prestaciones de vejez, además que los potenciales solicitantes de jubilación no tienen la suficiente motivación para incorporarse a la seguridad social de largo plazo; es decir que la nueva ley de Pensiones no ha generado variación importante en el número de cotizantes.

Observamos también que las tablas de mortalidad de las AFP sobreestiman las expectativas de vida, puesto que, en perjuicio de las pensiones, estos instrumentos que se aplican para calcular las prestaciones del SIP a los jubilados, elevan la probabilidad de sobrevivencia de los rentistas y tienden a subestimar la mortalidad de la población asegurada.

¿Soluciones? Un ajuste a esas cuestionadas tablas de mortalidad, un 1% de los tributos y la reposición del aporte estatal podrán mejorar las rentas jubilatorias al 70 y 100% del salario.

Ello significa en que, sin la necesidad de crear nuevos gravámenes, el 1% de la recaudación actual, tanto de renta interna como aduanera, puede financiar más de un 25% del costo que demande la restitución de beneficios del primer sistema jubilatorio.

Todavía más: la reposición de sólo el 1% del aporte estatal, calculado en base al total ganado de los trabajadores, puede financiar incluso un 36% del costo incremental anual, resultante del nuevo sistema.

Javier Gómez
DIRECTOR EJECUTIVO
CEDLA

Alerta Laboral 84: PENSIONES: revertir su privatización, un desafío

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