Economía Crítica
Luis Moreno
 
La reciente sanción de la IRS norteamericana al Credit Suisse, tras descubrir que este banco suizo ayudó a sus clientes a evadir el pago de impuestos en Estados Unidos, renueva la preocupación sobre el dinero que está oculto en los paraísos fiscales y que daña la economías los Estados que no pueden gravarlos y a los países que dejan de percibir ingresos por la fuga de los capitales.
Se ha estimado que los países en desarrollo pierden cerca de 10 veces sus ingresos procedentes de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como consecuencia de los flujos ilícitos financieros (es decir, por cada US$1 que se recibe como AOD, US$10 se van como flujo ilícito). Una de las organizaciones que ha desarrollado enormes esfuerzos para realizar estas estimaciones y poner a la luz estos mecanismos de fraude es la Global Financial Integrity [1]– que a su vez es miembro de una gran organización mundial de organizaciones y gobiernos que luchan por transparentar la información financiera: La Coalición por la Transparencia Financiera.
La Red de Justicia Fiscal de Latinoamérica y el Caribe, trabaja monitoreando estos datos. De acuerdo a investigaciones recientes, tanto la Colación por la Transparencia Financiera y la Global Financial Integrity estiman que los flujos ilícitos financieros asciende a 5.9 billones de US$ (entre 2002 y 2011) y de estos flujos el 64% corresponde a actividades comerciales (entre las que se puede destacar la manipulación de precios de transferencia), 31% a la esfera criminal (lavado de activos, narcotráfico) y 5% a dinero corrupto (obtenido por gobernantes corruptos).
Aunque parezca que todo esto es solo obra de los malos de la historia, hay que aclarar que muchas veces los gobiernos de turno tienen que ver en las acciones ilegales que permiten la elusión tributaria. Por ejemplo, las corporaciones y las grandes riquezas usan los vacios legales para socavar las bases tributarias de los países –que es a la vez uno de los principales mecanismos de financiación de políticas públicas-. Esto podría considerarse como una forma de corrupción legal. También podemos mencionar otras, como la permisividad que se tiene para el uso y abuso de mecanismos para esconder riquezas en los denominados paraísos fiscales. No es casualidad que Tax Justice Network[2] haya estimado que la riqueza escondida en paraísos Fiscales se estime entre  21 y 31 billones de dólares (el PBI de Japón y EEUU juntos) – de este monto US$ 2 billones corresponden a América Latina.
Uno de los mecanismos que utilizan las corporaciones para evadir sus obligaciones tributarias es la manipulación de precios de transferencia. Christian Aid estima ha estimado que los países en desarrollo pierden cada año unos US$160 mil millones como consecuencia de esta manipulación. La OMC señala  que el 60% del comercio mundial se da entre la casa matriz y sus subsidiarias, es decir que mueven el dinero entre ellos para declarar menos ganancias y pagar menos impuestos, o lo que es peor, no pagar nada.
¿Y alguien hace algo por frenar esto?
Lo que es más grave aún, es que muchas de estas operaciones ilícitas, que perjudican seriamente las vías de crecimiento de los países en desarrollo, es que todos estos mecanismos de evasión y elusión se dan bajo el consentimiento de los organismos de cooperación económica internacional, ya que a la fecha solo han implementado débiles normativas de regulación internacional. A esto hay que agregar que las corporaciones gastan miles de millones de dólares contratando buffets de abogados que se encargan de encontrar vacios legales en las legislaciones nacionales e internacionales – la denominada planificación fiscal agresiva- para así evitar el pago justo de sus obligaciones tributarias. A esto se suma las políticas de tratamiento preferencial de inversiones que los estados dan como exenciones para atracción de inversiones.
Uno de los mecanismos que utilizan las corporaciones para evadir sus obligaciones tributarias es la manipulación de precios de transferencia. Christian Aid estima ha estimado que los países en desarrollo pierden cada año unos US$160 mil millones como consecuencia de esta manipulación
Hay que destacar en este panorama de David contra Goliat la labor que hacen organizaciones de la sociedad civil internacional que trabajan en temas de justicia tributaria, como la Alianza Global para la justicia Fiscal, Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, por mencionar algunas, que promueven e impulsan recomendaciones para transparentar la información y avanzar hacia regulaciones efectivas de la tributación internacional que tiene un impacto directo en la tributación nacional contra la erosión de la base tributaria.
Algunos de los mecanismos que impulsan las organizaciones de la sociedad civil son la publicación de:
“Reportes país por país”; para transparentar las cuentas contables de las corporaciones
“Intercambio automático de información efectivo”; para sacar a luz el beneficiario efectivo detrás de las operaciones e identificar a los responsable de las conductas impunibles
“Dotar de mayores capacidades y financiamiento a la gestión de la administración tributaria nacional”, y promover el debate político y la articulación de política en espacios de integración regional como UNASUR, SICA, CELAC.
Si bien parece que el problema afecta principalmente a los países del norte, una mirada de análisis revela que también América Latina pierde unos 2 billones de dólares, dinero que está alojado en paraísos fiscales, según Tax Justice Network. Entre los principales montos se tiene que Brasil aloja unos US$ 520 mil millones (que representa 1/5 de su PBI), México US$ 417 mil millones (3 veces el saldo de su deuda pública), Venezuela US$ 406 mil millones y Argentina 399 mil millones.
En el caso de Perú se estima unos $ 8.1 mil millones de riqueza alojada en los centros de opacidad financiera. Solamente por operaciones de precios de transferencia entre 2007 y 2012 se ha estimado un movimiento de $370 mil millones (por operaciones que realizaron 22 grupos económicos) y que representa el 26% del PIB del Perú. Sin embargo durante 2013 solo se lograron auditar 27 casos que realizaron estas operaciones[3]. De haberse auditado el integro de operaciones, el estado peruano podría haber generado ingresos adicionales por unos $3 mil mill (84% del presupuesto público de educación).[4]
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