Los Tiempos
Después de una segunda reunión sin llegar a acuerdos sobre la modificación del decreto de nacionalización en frontera, los representantes de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) rompieron el diálogo ayer con la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, informó el presidente de la CBT, Fidel Baptista.
El transporte pesado pide que la aplicación del Decreto 2295 sea opcional, permitiendo que algunos productos se certifiquen en el lugar de destino y no en frontera, como se hacía antes de que rija la norma.
“Quedamos en nada, (la Viceministra) dice que está abierta (a hacer cambios); pero no pasa nada. Nos dice: trabajaremos, pero no dice sobre qué vamos a trabajar. (Por eso) hemos abandonado, hemos roto (el diálogo) y vamos a pedir reunirnos con otra autoridad o con el presidente (Evo Morales)”, dijo ayer Baptista, en contacto telefónico desde La Paz, después de una reunión de más de dos horas con Ríos.
Explicó que cada dirigente debía retornar a su región para informar sobre las gestiones y que hasta el mediodía de hoy cada Cámara Departamental definirá desde cuándo se inicia el bloqueo en las fronteras.
Según el reporte de ABI, la mañana de ayer, Ríos se reunió con representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), principalmente importadores, con el objetivo de ampliar la evaluación de los resultados del Decreto 2295, al que ella calificó de “exitoso”, porque permitió despachar alrededor de 160 camiones en menos de tres días por los puestos fronterizos de Desaguadero, Puerto Suárez y Tambo Quemado.
La norma se aplica a mercancías de gran volumen y es específica para productos como cemento, alambres, fierros, vidrios, cerámicas y otros de fácil verificación que no tienen codificación. Sin embargo, no alcanza a mercadería heterogénea como ropa, celulares, televisores, alimentos envasados o procesados, línea blanca y otros.
Según Ríos, es necesario escuchar la posición de los importadores, porque es uno de los sectores más involucrados en la norma, además de los transportistas de carga pesada.
“Hoy tenemos una reunión con los empresarios, que son los importadores, también queremos escucharlos, saber cuál es su posición, y en función a eso generar una normativa que sea mejor y aplicable”, informó a ABI antes de su cita con la CEPB.
Afirmó que en base a la percepción que tengan los importadores y los transportistas, se analizará la posibilidad de ajustar la aplicación del Decreto Supremo 2295.
“Si es que hay que hacer algún ajuste, por supuesto hay que hacerlo, siempre estamos abiertos a mejorarlo”, remarcó.
El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Mario Yaffar, pidió ayer a los representantes de la CBT “tolerancia” y que den una oportunidad al decreto.
“Hemos escuchado que hay varios sectores que están anunciando algún tipo de medidas, nosotros les pediríamos a los colegas de otras cámaras que tengan tolerancia que le den la oportunidad a esta medida a mostrar sus bondades”, manifestó.
Añadió que la norma es una buena medida para afrontar la lucha contra el contrabando y pidió que el Gobierno continúe con la aplicación y se incluya a otros rubros más.
“En un futuro inmediato se podría ampliar a todos los productos: alimenticios, textiles, medicamentos, entre otros”, explicó antes de ingresar a la reunión con Ríos.
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