Transparencia y acceso a la información

Unicom Magistratura
A su retorno de Paraguay, la consejera de la Magistratura Cristina Mamani Aguilar informó que el Encuentro Preparatorio para la Cumbre Judicial 2016 contó con la asistencia de ministros de Corte, representantes de consejos de la Magistratura y escuelas judiciales de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Honduras, Panamá y República Dominicana, quienes intercambiaron expe- riencias que permitieron enriquecer el desarrollo del taller.
La jurista agregó que el taller fue concluido con un “Diálogo Jurisprudencial y la Capacitación Especializada sobre Transparencia, Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública”, que sirvió para que los participantes compartan sus inquietudes y experiencias en relación a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.
En ese espacio, delegados de Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) aprovecharon para hacer un breve diagnóstico sobre la vulneración de estos derechos e hicieron mención al caso del periodista Carlos Quisberth, quien fue detenido cuando realizaba investigación periodística en función a un caso judicial ocurrido en Bolivia.
Además, en esta última sesión se habló del desarrollo del derecho de acceso a la información pública, tanto actual como los avances y desafíos que debe encarar hacia adelante el sistema judicial. El final del evento fue con un diálogo abierto entre los participantes, quienes debatieron sus perspectivas y desafíos en relación al grupo “Transparencia, Acceso a la Información y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del Juzgador”, que tuvo por objetivo profundizar el compromiso con la gente, con las libertades y derechos de la ciudadanía.
A su vez, en el tema de transparencia, Mamani puntualizó que como país no contamos con una ley específica para esta materia, indicó que solo existen avances y el Decreto Supremo N° 214, que dispone tareas de transparencia como declaraciones juradas, rendición pública de cuentas, entre otros; por lo que ahora la tarea es promover e incentivar la elaboración de esta norma tan importante.
A la conclusión del taller, recogiendo las experiencias, la comisión encargada determinó que se debe desarrollar cursos de capacitación permanente para los operadores de justicia, entre “online” (por internet) y presenciales que deberán ser programados en los países.
Ponencias internacionales
La primera ponencia estuvo a cargo de la abogada Sofía Jaramillo, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), quien indicó que “cuando no hay rendición de cuentas ni transparencia es mucho más fácil que haya corrupción y hoy en día las personas están empoderadas para exigir la información a los funcionarios”.
Sobre la Ley de Acceso a la Información expresó que debe tener una finalidad legítima y la búsqueda de ese propósito tiene que ser mayor que la información. “Todos los procedimientos tienen que satisfacer las necesidades de esa ley”, puntualizó.
Añadió que las leyes de acceso a la información deben tener oficinas con funcionarios especializados, porque los comunes deben realizar tareas habituales, además de las propias, relacionadas a esta legislación, “hay unos desafíos técnicos importantes en la región porque el acceso a la información no es solo un problema de los abogados de derechos humanos, se debe incluir herramientas mul- tidisciplinarias”.
Por su parte, la abogada Mariana Clemente Fábrega, coordinadora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh), explicó los casos estudiados por esta entidad sobre el acceso a la información. En este sentido, comentó que la postura de la Corte se rige por la norma de la máxima divulgación, la cual tiene “algunas excepciones. Estas excepciones se basan, básicamente, en la protección de los derechos fundamentales de los involucrados”.
La tercera ponencia le correspondió al abogado Ezequiel Santagada, representante del Grupo Impulsor del Acceso a la Información, quien se refirió al caso de Paraguay, que cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública desde 2014, relatando el proceso seguido hasta lograr la aprobación de la Ley N° 5282. Asimismo, comentó el contenido de esta legislación a fin de aclarar dudas de los presentes.
Concluidas las presentaciones, los participantes compartieron sus experiencias y los procesos vividos sobre la materia en los países de la región, debatiendo los avances y las acciones que emprenden los respectivos poderes judiciales para fortalecer este derecho.
El panel contó con la participación de Guilherme Canela, consejero regional de la Unesco, en calidad de moderador, quien concluyó que, “cuando se habla de Ley de Acceso, viene a la mente la lucha contra la corrupción, pero no se trata de esto solamente, sino de cómo garantizar los demás derechos fundamentales, los cuales parten de la información. La ley de acceso no puede ser entendida como una ley que beneficia solamente a los periodistas, es muy importante entender que va dirigida al ciudadano común”.
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