La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, en su informe, hace hincapié en las limitaciones impuestas por el Gobierno contra los medios en el país.
El informe anual preparado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, organismo integrante de la OEA, hizo hincapié en varias limitaciones que el Gobierno impone a los medios de comunicación de Bolivia y recomienda a las autoridades que «no lesionen” los derechos de comunicadores y defensores de derechos humanos.
El informe contiene 12 páginas referidas al caso de Bolivia, que hacen un recuento de las acciones del Gobierno que afectan la libertad de expresión, como la insistencia en el uso de la frase «Cartel de la Mentira”, la situación de periodistas que se han visto obligados a salir del país, las presiones contra la periodista Amalia Pando, el uso discriminatorio de la publicidad estatal y otras.
El reporte que se dio a conocer en Washington, sede de la CIDH, contiene la más extensa sección sobre Bolivia de los últimos años. El relator para la libertad de expresión de la CIDH es Edison Lanza, periodista y abogado uruguayo, que estuvo en Bolivia en agosto de 2016 en el marco de una visita académica.
El reporte coincide en varios temas con el ranking de libertad de prensa difundido recientemente por Freedom House, en el que Bolivia retrocedió 15 puestos a nivel internacional.
Tras mencionar todas las ocasiones en las que el Gobierno ha atacado y acusado a periodistas, el reporte establece que «la existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”.
Agrega que si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, «también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta”.
La CIDH le recuerda a las autoridades que «es tarea del Estado, dadas sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras”.
Entre los elementos que menciona el reporte están las acusaciones contra los periodistas supuestamente integrantes de un «Cartel de la Mentira” (Amalia Pando, Carlos Valverde, Andrés Gómez y Raúl Peñaranda), las alusiones contra el periodista de CNN Fernando del Rincón, el proceso penal contra Humberto Vacaflor, y otros.
Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos «no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos”.
Agrega que las autoridades «deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte Interamericana, ‘formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento’”.
Sobre el tema de la publicidad estatal destinada a los medios de comunicación, tras mencionar que el vicepresidente Álvaro García Linera admitió que el Gobierno no la entrega «a los medios que mienten (…) que son partidos políticos”, el reporte recuerda que «atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley” diversas acciones, entre ellas «la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial”.
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