La FAM afirma que si esta competencia es transferida a los gobiernos municipales, se beneficiará a la industria nacional. Ropavejeros quieren pagar tributos.
Las alcaldías anticiparon que necesitarán de mayor presupuesto si se aprueba la nueva ley impulsada por el Órgano Ejecutivo, que pretende que los gobiernos municipales controlen la comercialización de la ropa usada.
«Vamos a necesitar recursos para que nuestras unidades municipales puedan hacer esta tarea, pero está claro que también personal, eso es lo que lleva los costos más caros”, dijo a Página Siete el alcalde de La Paz, Luis Revilla.
El jueves, el vicepresidente Álvaro Gárcia Linera informó que a través de un proyecto de ley todos los municipios se verán obligados a evitar la comercialización de la ropa usada que ingrese al país.
Revilla afirma que se necesita mayor información sobre el proyecto de ley, porque actualmente no se tienen datos ni cifras sobre ese comercio que se expande con mayor fuerza en las ciudades.
El vocero de la Alcaldía de Santa Cruz, Jorge Landívar, dijo en declaraciones a medios que el gobierno municipal podrá cumplir con esa tarea pero se requiere de recursos económicos.
La alcaldesa de El Ato, Soledad Chapeton, dijo el jueves que si las autoridades nacionales quieren darle la responsabilidad a las alcaldías deben modificar la Ley de Municipalidades e identificar las nuevas funciones y designar los recursos económicos necesarios.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Bolivia (FAM) y alcalde de Potosí, Williams Cervantes, manifestó que con esta ley se favorecerá al crecimiento de la industria nacional. Sin embargo, la autoridad coincidió en que con esta nueva responsabilidad que pretende ser asignada se necesitará proyectar los recursos necesarios para cumplir con una buena labor.
«Obviamente la responsabilidad es mucho más grande para los municipios y eso conlleva recursos más grandes, que también habrá que programarlos para poder hacer eficiente este labor”, dijo Cervantes a este matutino.
Ropavejeros piden tributar
La máxima dirigente del sector, ElizabethVerástegui, afirmó que desde su sector existe el interés de «regularizarse” en el mercado, pero en caso de que el Gobierno no tome en cuenta su pedido, ellos están dispuestos a tributar por sus productos y así evitar que su rubro desaparezca, según la ANF.
«Queremos un diálogo para poder ser parte de la reglamentación y estamos dispuestos a tributar para que no nos traten como a delincuentes ni decomisen nuestras prendas”, indicó Verástegui.
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