Página Siete viajó hasta la zona franca que opera en esa región chilena y constató que hay empresas que venden un vehículo y emiten una factura subvalorada.Se estima que por gestión ingresan al menos 5.000 vehículos de esa forma.
El vendedor de la empresa President Line Chile ofrece un vehículo del año 2016, cero kilómetros. Es un Rav 4 de marca Toyota. El precio es de 32.000 dólares. ¿Y la factura? Otro empleado del lugar indica que pueden hacerla por hasta 15.000 dólares. El trato se cierra. Se da un adelanto.
Página Siete viajó hasta Iquique, Chile, y efectuó un recorrido por varias empresas que venden motorizados y constató que hay firmas que comercian vehículos con una factura por un monto menor al del valor real de compra.
«Si quiere lo mínimo, mínimo, no hay problema”, comenta un vendedor al referirse a la suma de dinero que puede consignar en la factura. «Si desea menos, traspaso”, comenta otro empleado al hacer referencia a las empresas que por una tarifa -que va desde los 40 hasta los 70 dólares- efectúa trámites para lograr una factura con un monto aún menor.
Este fenómeno causa una pérdida de recursos para el Estado de 200 millones de bolivianos (más de 28 millones de dólares) al año, por cuestión de impuestos de nacionalización de importación, estima la Cámara Automotor Boliviana (CAB).
Se trata de una pérdida significativa para el fisco, sobre todo en una época en que los ingresos disminuyen por la crisis de las materias primas.
Un doble daño
La subfacturación inflige un doble daño al país. Afecta al Estado en torno a los recursos que puede captar por tributos y perjudica a los importadores de movilidades que cumplen todas las reglas.
Lo considera así el abogado chileno Pedro Veliz. Explica que por esta situación también Chile se ve afectado por impuestos; no obstante, afirma que Bolivia se ve perjudicada «por una menor recaudación tributaria por la baja de la base imponible” y los importadores se ven menoscabados porque el ingreso de autos subfaturados » distorsiona el mercado”, lo que afecta a la sana competencia.
Luis Encinas, gerente general de la CAB, sostiene que «esto es una estafa realmente al Estado en los valores de importación” y que Bolivia, por esa cuestión, «no está percibiendo lo que debe” por razones las compras al exterior ni tampoco por las ventas internas de quienes traen al país vehículos subfacturados, ya que estos no pagan impuestos como el IVA y el IT.
En referencia a los afiliados a esa cámara, Encinas comenta que experimentan «una competencia desleal” de particulares o empresas de autoventas que traen a Bolivia motorizados con una factura subvaluada.
Consultado por Página Siete sobre la subfacturación, el gerente de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) Álex Tudor, sostiene que no todo puede ser controlado por esa firma; además, considera que las autoridades pertinentes de Bolivia deben contrastar las facturas con el valor real de los vehículos.
«Nosotros tratamos de que ciertas cosas no ocurran, pero también hay ciertas cosas que no son 100% controlables por nuestra parte y en ese caso debe ser más la Aduana boliviana la que, a veces, debe chequear los valores de los vehículos en relación a las facturas”, explica.
Sin casos en Chile. ¿ Y en Bolivia?
Pese a que este fenómeno es recurrente, y como dice el abogado Veliz también implica un daño para el Estado chileno, no hay casos registrados en la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
El subcomisario Eduardo García, encargado de comunicaciones de la PDI Iquique, informa que no se presentaron casos como los que este medio constató, y explica que el conducto regular para que esa instancia indague al respecto es que la Aduana de Chile efectúe la denuncia ante el Ministerio Público.
En el caso de Bolivia sí hubo denuncias, pero según la CAB no se alcanzó ningún resultado. Esta organización estima que al año ingresan al país entre 5.000 y 6.000 vehículos subfacturados.
«Años que venimos investigando y haciendo seguimiento. Hemos hecho denuncias formales a Impuestos Nacionales. Hemos hecho denuncias a la Aduana Nacional de Bolivia, etc., y no hemos tenido los resultados que esperábamos”, afirma Encinas.El ejecutivo agrega que «hay mucha intervención de la Autoridad de Impugnación Tributaria que a la ley muerta de normas supranacionales hacen que los valores presentados como valores subfacturados sean aceptados de buena fe”, esto sin utilizar otros métodos para verificar el valor de la mercancía cuando hay una «duda razonable”.
Este medio buscó la opinión de la Aduana Nacional y, desde la Unidad de Comunicación, se indicó que en el curso de esta semana se atendería el requerimiento.
Hay negocios especializados en subfacturar hacia Bolivia
Lo que más llama la atención de la oficina es la lista de nombres y números que expone quien atiende la oficina detrás de su escritorio. Bajo el título de «cambio de volante”, en una hoja de cartulina, hay una lista de 12 contactos para realizar la tarea, pero éste es uno de los muchos servicios que ofertan este tipo de negocios.
En algunos casos son pequeñas oficinas -la referida es de dos y medio por cuatro metros aproximadamente- en las que no comercian vehículo alguno, pero ofertan desde cambio de volante, pasando por trasporte, hasta el «traspaso”, conocido como el trámite para conseguir una factura con un precio menor al del valor de compra. El costo de este servicio oscila entre los 40 y 70 dólares.
Este tipo de negocios se ubican en la misma avenida en que se comercializan los vehículos en Iquique. «Así, no hay problema yo le hago el traspaso”, responde quien atiende Miramar, y quien oferta en su tarjeta -en la que llama la atención la bandera de Bolivia y de Chile- también transporte hacia las poblaciones fronterizas: Mauque, Cariquima (Chile) y Pisiga (Bolivia).
El ofertante sostiene que puede redactar una factura por un valor que oscila entre los 4.500 y 5.000 dólares por un vehículo que vale entre 22 y 23.000 dólares. ¿El precio que cobra por el servicio?, 40 dólares.
Otro negocio se denomina Tramitaciones Flores y ahí ofertan desde cambio de volante hasta fotocopias.
Página Siete consultó al respecto a Alex Tudor, gerente de ZOFRI, quien sostuvo que es poco lo que pueden hacer, dado que este tipo de situaciones escapa a su control.
«Si nuestros usuarios lo facturan de cierta forma y después intermediarios en el proceso que lo van facturando de otra forma, escapa un poco al control nuestro y ahí, por eso, todas las aduanas del mundo, sea la boliviana, la chilena u otras, tienen que cumplir el rol de chequear el producto, el código arancelario y el valor que está declarado en la factura”, sostiene el ejecutivo.
Recomiendan fiscalizar y denunciar
Entre las recomendaciones para solucionar el problema, se sugiere que Chile ejerza mayor fiscalización en la ZOFRI. De esta forma piensa Ramón Galleguillos, alcalde de Alto Hospicio, municipio donde vive una gran cantidad de bolivianos.
Agrega que debe encararse una fiscalización a cargo de las entidades pertinentes, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para frenar la subfacturación.
«En todo este tipo de situaciones que usted plantea, el efecto es el mismo: fiscalizando; que el SIN haga su labor y también en el caso de Chile”, asegura.
El abogado chileno Pedro Veliz también considera que aquellas instancias u organizaciones que se sientan perjudicadas deben denunciar la supuesta irregularidad.
Este jurista afirma que si ante este caso los ejecutivos de la Cámara Nacional de Comercio constatan que sus afiliados están perjudicados, deben hacer gestiones para poner en evidencia este tipo de irregularidades.
Sólo así se podrá frenar la subfacturación de autos en ambos países
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