El ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el nivel central no revierte ni debita los recursos de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA´s) en ningún caso.
Ante declaraciones irresponsables y malintencionadas de parte de los Diputados Edgar Rendón y Norman Lazarte de la oposición, quienes pretenden confundir y desinformar a la población boliviana respecto a los datos macroeconómicos del país, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) aclaró a la opinión pública que el Gobierno Nacional no ha revertido ni debitado ni un centavo de los recursos que acumulan las Entidades Territoriales Autónomas en sus cuentas fiscales, en el marco del cumplimiento al Artículo N° 17 de la Ley Financial 2010, que se encuentra vigente y que textualmente señala: “La reversión de saldos de caja y bancos de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) NO AFECTA LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS por Coparticipación Tributaria, Diálogo Nacional 2000 (HIPC), Fondo de Compensación Departamental, Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), así como los establecidos por norma legal específica”.
El MEFP lamenta la incapacidad y falta de argumentos técnicos para rebatir la política fiscal encarada por el Gobierno Central, mintiendo y manipulando la información de forma mal intencionado. Esta entidad informó que las ETA´s inscribieron recursos por concepto de saldos de caja y bancos en el PGE gestión 2017 por aproximadamente Bs2.167 millones, de los más de Bs7.733 millones que tienen acumulado al 23 de noviembre de 2016, cuyos recursos podrán ser ejecutados a partir del primer día hábil de la siguiente gestión y que los recursos no registrados por este concepto, pueden ser incorporados conforme dispone el Artículo 11 de la Ley Nº 317, a partir del 2 de enero de cada gestión fiscal, destinados prioritariamente a proyectos de inversión de continuidad, servicios de la deuda y otros gastos de capital; lo cual desvirtúa claramente las declaraciones malintencionadas e infundadas respecto al uso de dichos recursos por parte del Gobierno Central para cubrir el déficit.
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