Mujeres de la ciudad, mujeres campesinas, mujeres indígenas, instituciones de defensa de los derechos humanos, todos marcharon, reclamaron y unieron sus voces para hacer un pedido fundamental a los gobernantes: más recursos para luchar contra la violencia.
En varias ciudades miles de personas salieron a las calles para movilizarse y hacer conocer a toda Bolivia la firmeza que tienen las mujeres para decir “basta” a la violencia. Las marchas se realizaron en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se instituyó en homenaje a las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 por la Dictadura que regía entonces República Dominicana.
Según los testimonios de distintos funcionarios, las instituciones encargadas de luchar contra la violencia hacia la mujer en Bolivia sufren de carencias.
Ese es el caso de Tarija, donde Patricia Paputsakis, secretaría municipal de la Mujer y Familia, denunció que hay bajo índice de condenas en casos de feminicidios. Atribuyó esta deficiencia a que tanto el Ministerio Público y la Policía no cuentan con los equipos necesarios para atender las víctimas. Para la servidora pública, esta carencia sólo provoca que las familias sean “revictimizadas”.
La situación es similar en otras ciudades. En El Alto, la directora de Género de la Alcaldía, Ana María Saavedra, indicó que las oficinas del Servicio Integral Legal Municipal (SLIM) sólo tiene presupuesto para trabajar “con lo justo”, y que si no fuera por otras entidades de carácter privado quizás no funcionarían.
La situación es más crítica para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto. El director de esta unidad policial, teniente Charles Romero, reveló que le llegó una nota de la Gobernación de La Paz en la cual le solicitan desalojar las oficinas en el campo ferial. El uniformado pidió ayuda los medios de comunicación para interceder ante el Gobierno Departamental, que es dueño de esos ambientes que son necesarios para combatir la violencia.
Las necesidades son más críticas en el área rural, según la secretaria de Relaciones de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Ruth Franco. La dirigente advirtió que si bien las víctimas de violencia pueden denunciar en los municipios, existe bastante lejanía entre las comunidades y los centros administrativos. Según la representante, a eso se suma la falta de socialización de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) que a su criterio empoderará a la mujer campesina.
La representante de las mujeres constructoras, Mery Chacón, también expresó las quejas de su sector con las carencias. “Hemos evidenciado que no hay buena atención en los SLIM’s y los números de teléfono están bloqueados por falta de pago ¿Cómo se va a pedir ayuda? Es una falencia total. Que se pongan la mano al pecho”, dijo.
En Potosí también se hizo evidente la demanda social. Mujeres marcharon en la Villa Imperial y entregaron notas a las autoridades políticas y judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley 348 y más recursos para luchar contra la violencia.
“Necesitamos que se asigne más presupuesto. Que se asigne el 5 % del presupuesto de seguridad ciudadana que tiene que ir a la FELCV, para que esta instancia se fortalezca y tenga los profesionales necesarios y que las mujeres denuncien con tranquilidad y no vayan a denunciar con temor”, dijo una de la representante de la marcha en Potosí.
Como en Potosí, las indígenas de Charagua en Santa Cruz también necesitan de más profesionales para coadyuvar en las denuncias. La responsable de género de esta capitanía guaraní, Edith Solano, reconoció que en esta región hay mucha violencia contra mujeres y niñas, pero gracias a la aplicación de la Ley 348 las autoridades comunales –urubichas- también están atendiendo estos casos, aunque hace falta la ayuda especializada.
La dirigente guaraní sugirió que el nuevo Gobierno Indígena que se establecerá en la autonomía de Charagua disponga de mayor asignación económica para los temas de género, y que profesionales vayan a las comunidades para atender a las víctimas de violencia.
La directora de Género de El Alto acotó que los SLIM’s tienen un monto ínfimo de presupuesto para su funcionamiento y que la falta de recursos hacen que no sea viable entablar verdaderas políticas públicas para combatir la violencia y que las marchas realizadas este 25 de noviembre buscan justamente que se asigne un mayor presupuesto.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) también manifestó una posición similar. El representante de esta entidad en Cochabamba, Edwin Claros, manifestó que se necesita más recursos para mejorar la prevención y educación. “No sólo basta marchas, sino hay que desarrollar toda una política”, agregó.
La APDH y la Defensoría del Pueblo pidieron al Gobierno que declare alerta por los casos de violencia hacia la mujer. De acuerdo con la norma, con una declaratoria de esta naturaleza las entidades territoriales podrán hacer uso de recursos económicos de emergencia para atender este tema.
Según el reglamento de la Ley 348, el Ministerio de Justicia es el encargado de declarar alerta a nivel nacional, mediante una resolución.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el cual solicita a dicho ministerio declarar la alerta con el objetivo de que se “permita impulsar acciones integrales que permitan revertir esta problemática que es estructural”.
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