En una década Bolivia gastó Bs 803 millones en elecciones

Página Siete – Wendy Pinto
El MAS justifica el gasto económico en el desarrollo de procesos democráticos, mientras que opositores indican que algunos de estos no tuvieron sentido.
Desde 2005 hasta 2015 Bolivia tuvo al menos nueve procesos electorales, entre elecciones generales o subnacionales y referendos de consulta, en los que se gastó más de 803 millones de bolivianos.
De acuerdo con los datos recopilados de la extinta Corte Nacional Electoral y el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el país se desarrollaron tres elecciones generales, una elección de prefectos y dos elecciones subnacionales, tres referendos de carácter autonómico, un referendo de revocatoria de mandato popular y una elección judicial (ver infografía).
En una década en Bolivia se gastó 803.136.628 bolivianos en nombre de la democracia. El MAS argumenta que todos estos procesos fueron necesarios.
Para el diputado del MAS Víctor Borda todos estos procesos electorales fueron importantes. «Se dice que es un despilfarro consultar al pueblo, pero vale la pena que el Estado soporte estas cargas para que haya una mayor democratización de la política boliviana y mejor participación del ciudadano”, afirmó.
En contraste, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Víctor Hugo Zamora aclaró que en algunos casos fue necesario gastar dinero y en otros no. «Las malas intenciones oficialistas hacen que acciones electorales distraigan momentos de gestión dificultosos, por eso es que cuando hay una crisis administrativa dentro de alguna gestión saltan los momentos electorales y ahí se gastan recursos”, explicó.
Por su parte, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Fernanda San Martín señaló que estos procesos no deben ser utilizados de manera irresponsable. «No se debe utilizar los recursos del Estado para beneficios personales”, manifestó.
Los legisladores de oposición observaron procesos «no muy necesarios”, como el referendo revocatorio de mandato popular del 10 de agosto de 2008 y el referendo para aprobar o rechazar estatutos departamentales en cinco departamentos, que fue el 20 de septiembre de este año.
En 2008 se registraron las protestas de la «media luna”. Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parte de Chuquisaca pretendían ser autónomos y no reconocían el liderazgo de los mandatarios de Estado. «Era necesario el referendo porque se generaba una inestabilidad política”, insistió Borda.
El resultado fue la ratificación de mando de los jefes de Estado y de la mayoría de los prefectos.
El pasado 20 de septiembre cinco departamentos rechazaron sus estatutos departamentales y se cuestionó el gasto de este proceso electoral que ascendió a más de 51,1 millones de bolivianos. «No es llevar a referendos por llevar las consultas que pueden tener un proceso con mayor preparación”, argumentó San Martín.
Borda enfatizó la importancia de los procesos electorales, dijo que si el Decreto Supremo 21060 se hubiera sometido a referendo la historia del país hubiera tomado un rumbo diferente.
Pese a todo, los legisladores coincidieron en que la democracia tiene un costo muy alto en el país desde 2005 -aunque algunos procesos fueron innecesarios-, pero que lo vale, dicen. Ahora está en puerta la realización del referendo de reforma parcial de la Carta Magna. Será en febrero.
Punto de vista
Gonzalo Rojas Ortuste
Politólogo
¿Legitimidad vía urnas o gimnasia electoral?
La concurrencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas es un momento importante en la configuración democrática. Sin embargo, cuando se pretende reducir a esto solamente o utilizar este recurso de manera reiterada, como todo en democracia, lo que no reconozca equilibrios y contrapartes está deteriorando gravemente este importante instituto.
Las elecciones para los periodos constitucionales son parte del juego democrático, «juego” serio, puesto que allí se conforman los titulares de cuando menos dos poderes estatales (usualmente el Legislativo y el Ejecutivo).
Dada la incorporación de mecanismos de «democracia directa”, los referendos también son requeridos, como con el que aprobamos la Constitución en 2009. El referendo en 2008, que pudo ser revocatorio (y lo fue para algunos prefectos), fue una respuesta institucional ante un grave conflicto y crisis, que incluso podía derivar en un proceso secesionista.
Ahora bien, cuando la cosa se convierte en una «gimnasia electoral”, donde el pueblo sólo de título «soberano” vota por el poderoso de turno: eso se conoce como «plebiscitarismo” en la sociología política y tiene un uso autoritario, aunque a veces depare sorpresas.
Exactamente eso ocurrió en el reciente referendo en cinco departamentos del país en relación con los proyectos centralistas de autonomías: se pretendió una aprobación «a ciegas”, sin el debido debate y participación ciudadana. Y aquí el contexto es todo. Por ello el contundente No que parece no haberse entendido en el oficialismo. Y se arriesga a otro, el de la reelección; ese sí típicamente plebiscitario, el votante como «plebe” desdiciéndose de lo que hace pocos años aprobó poniendo los necesarios límites al binomio principal de mandatarios (que reciben mandato), no mandantes.
Por ello, de esa densa lista de procesos electorales habrá algunos muy necesarios en cualquier orden político que se repute de democrático (y siempre serán más baratos que cualquier otro expediente), pero hay otros más ambiguos, menos institucionales en cuanto más buscan favorecer a personalidades específicas.
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