Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que autoriza al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) ejecutar obras públicas en aquellos municipios que no tienen recursos suficientes para hacerlo con financiamiento propio.
La norma autoriza al FPS construir en predios que no sean de su propiedad, pero que sí son de dominio público o destinados a la prestación de un servicio público.
Según el Ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana, este proyecto de ley servirá para que el gobierno central a través del FPS ejecute proyectos locales con una inversión de hasta el cien por ciento, sin necesidad de contraparte de los municipios o gobernaciones.
Esta medida aligerará el peso de la inversión de los municipios que podrán destinar recursos a otros proyectos que consideren de alta importancia.
La autoridad explicó que en los últimos 4 años, el FPS ejecutó 2.791 proyectos de agua potable y riego, muchos de ellos en pequeña y mediana escala. Su inversión fue de 2.600 millones de bolivianos. La inversión total histórica del FPS del año 2006 a 2014 es de mil millones de dólares.
Orellana enfatizó en que con esta nueva norma, se le otorga al FPS todo el respaldo legal para que ahora pueda trabajar también con organizaciones sociales a través de convenios directos.
Actualmente el Fondo de Inversión Productiva Social tiene la función de administrar, gerenciar y ejecutar programas y proyectos de inversión pública, además de supervisar proyectos de infraestructura civil en el marco de las políticas que define el Plan Nacional de Desarrollo bajo el enfoque de erradicar la pobreza.
El FPS tiene la misión de ejecutar varias obras de inversión pública, principalmente en proyectos de alcantarillado, agua potable y carreteras. La novedad radica en que una vez que las obras se concluyan, éstas pasarán a ser administradas por las alcaldías solicitantes para que hagan los mantenimientos respectivos.
La entidad estatal podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con ministerios y organizaciones sociales reconocidas.
Tras la promulgación de la norma, el FPS deberá readecuar sus funciones y competencias a fin de enmarcarse en las nuevas tareas que se le han encomendado. La entidad buscará dar mejores condiciones económicas, sociales y culturales a la población más necesitada, de manera que tenga acceso y pueda disfrutar de los bienes y servicios necesarios.
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