Aprueban salarios de hasta Bs 70 mil en la Gestora Pública

La Razón /Lidia Mamani
El Gobierno aprobó una escala salarial de hasta 70.000 bolivianos para el personal ejecutivo de la nueva  Gestora Pública de Seguridad Social, que reemplazará a las AFP en la  administración de los aportes para la jubilación. La disposición fue criticada por los fabriles.
La medida está contemplada en el Decreto Supremo 2248  de constitución y aprobación de los estatutos y la escala salarial del personal ejecutivo de la Gestora Pública, que fue aprobado  el 15 de enero.
“Se aprueba la escala salarial de la Gestora inserta en el anexo B, misma que forma parte del presente decreto supremo y se encuentra en sujeción a la condición de empresa estratégica”, argumenta el artículo 14 de la norma.
El anexo B dispone que habrá cinco rangos de salarios: el presidente del directorio  percibirá un ingreso mensual de  70.000 bolivianos; el gerente nacional, 50.000; el auditor interno principal, 50.000; las gerencias regionales,  35.000 y los  subgerentes nacionales,  30.000 bolivianos (ver cuadro).
También precisa que 32 personas percibirán esas  remuneraciones.
El secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani, cuestionó ayer la aprobación de la norma, a cargo del Órgano Ejecutivo, y también criticó que esos empleados estén bajo la Ley General del Trabajo.
“Estamos sorprendidos por el Decreto Supremo 2248, que en su anexo B indica claramente que el presidente del directorio ganará 70.000 bolivianos. ¿Cómo es posible que el Gobierno haya aprobado altos salarios para los ejecutivos de la Gestora? Otra de las observaciones es que al trabajador se lo clasifica de primera y de segunda, cuando a algunos se los incluye en la Ley General del Trabajo y a otros no”, protestó.
La norma
La Ley 065 de Pensiones, aprobada en diciembre de 2010, establece que la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y que se constituirá en una Empresa Pública Nacional Estratégica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y estructura de alcance nacional.
La  Gestora Pública comenzará a operar dentro de un plazo máximo de 18 meses, dispone el Decreto Supremo 2248, en reemplazo de las dos administradoras  de fondo de pensiones,  AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, que gestionan,  desde  1997,  los ahorros y aportes de los trabajadores para las pensiones de la jubilación.
Según el artículo 12 del decreto, el patrimonio inicial de la Gestora está constituido por el aporte de 80 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación.
Los recursos de ese fideicomiso serán invertidos para comprar equipos, inmuebles y un moderno software que administre los aportes,  contrato del personal de la Gestora Pública, cuyo directorio y gerencia serán nombrados por la Asamblea Legislativa.
Este poder del Estado  y la  Contraloría General del Estado fiscalizarán, mediante una auditoría externa, a la Gestora Pública, en el ámbito de lo dispuesto por  la Ley de Pensiones.
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