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30 personas que no vivían en Beni se iban a beneficiar con proyecto del lugar

Erbol

Denuncia de corrupción en Fondo Indígena
30 de las 37 personas que se iban a beneficiar con la implementación de un módulo de producción de cerdos en la comunidad 26 de Julio “Tierra Nueva” del municipio de San Javier del departamento del Beni, no vivían ahí, según la lista que aprobó en 2011 el Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), para su ejecución.
De acuerdo con la nómina, la mayoría pertenece a las regiones de La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. Sólo siete son benianas.
En la Resolución del Directorio del Fondioc, que encabeza la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nenemesia Achacollo, se aprobó ese año éste y otros proyectos productivos, para que se viabilice el desembolso de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
En 2012, el Fondo Indígena entregó un primer monto de 600 mil bolivianos de un total de Bs944.505.00 para la comunidad 26 de Julio, pero hasta la fecha no se concluyó la obra.
Este año, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) verificó que se invirtió Bs100 mil para construir una parte del módulo para cerdos, fuera del área comunal y se desconoce qué se hizo con el resto del dinero.
En la comunidad 26 de Julio, los comunarios como sus representantes hicieron conocer estas irregularidades. El exdirigente Jacobo Soruco, a quien supuestamente asesinaron en julio por denunciar estos hechos, responsabilizó al exrepresentante de esa población campesina, Eliomar Guasico, de malversar estos recursos. Guasico desmintió las denuncias contra él.
Auditoría
El gobierno pidió en 2013 a la Contraloría General una auditoría al Fondioc por denuncias de corrupción en esa instancia. El contralor Gabriel Herbas anunció que esta semana dará a conocer el informe de la ejecución de 900 proyectos productivos, para los cuales se destinaron recursos del IDH.
El segundo secretario General de la CSUTCB, Joel Guarachi, dijo desconocen si la Contraloría hizo alguna auditoría. “Si hicieron una auditoría, nosotros desconocemos”, manifestó.
Mientras en la comunidad 26 de Julio, los pobladores piden se esclarezca la muerte de Soruco, a quien aseguran acribillaron porque era un “obstáculo” para exdirigentes campesinos que además se dedican al tráfico de tierra y madera en esa zona, se denunció desde la Federación de Trabajadores Campesinos del Beni.
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