Al finalizar este año, se espera que la deuda pública española represente casi el 95% del Productos Interior Bruto (PIB). Las autoridades comunitarias, que obvian que durante décadas del siglo pasado países como Reino Unido, Francia y Alemania superaban el 90% del nivel de deuda comprada con su Producto Interior Bruto (PIB) y que apostaban por la inversión pública como motor de la economía privada, han dado un toque de atención por el nivel de deuda pública de España.
Una de cal y otra de arena. La Comisión Europea ha premiado esta semana, en cierta forma, los esfuerzos realizados por todos los españoles impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy para asumir más impuestos y la devaluación de salarios con el objetivo de reducir el déficit público desbocado tras el paso del Ejecutivo del PSOE.
Como consecuencia de este «espaldarazo», las autoridades comunitarias han «sacado» a España de la lista de países con desequilibrios excesivos, lo que el mercado y los inversores internacionales lo han interpretado como un apoyo a las medidas de consolidación fiscal emprendidas por el Ejecutivo de Rajoy. Esta sería la buena noticia, pero la otra cara de la noticia, no tan buena para la economía española, es su excesivo nivel de endeudamiento público y privado.
Al finalizar este año, se espera que la deuda pública española represente casi el 95% del Productos Interior Bruto (PIB). Las autoridades comunitarias, que obvian que durante décadas del siglo pasado países como Reino Unido, Francia y Alemania superaban el 90% del nivel de deuda comprada con su Producto Interior Bruto (PIB) y que apostaban por la inversión pública como motor de la economía privada, han dado un toque de atención por el nivel de deuda pública de España.
Objetivo, situar la deuda española en el 60% del PIB
La ratio comparativa de deuda pública del Reino de España sobre el PIB seguirá subiendo hasta el año 2022, hasta el 113%, según indica un ejercicio de cálculo hecho público por la Comisión Europea. Para que la deuda pública se sitúe en el 60%, objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, en el 2030, España necesitaría aumentar sus ajustes para reducir hasta un total de 41.000 millones de euros hasta 2018. Bruselas asegura que el incremento de deuda pública como uno de los desequilibrios que necesitan de nuevas medidas por parte del Gobierno para corregirse.
«Una mayor consolidación fiscal a medio plazo será necesaria para bajar el nivel de deuda del gobierno. Los modelos de simulación revelan una tendencia subyacente alcista a medio plazo en ausencia de más consolidación fiscal, seguida por una estabilización a un nivel elevado», afirma el ‘Análisis en Profundidad de los desequilibrios económicos españoles’ publicado ayer por la Comisión Europea.
Según las recomendaciones de la Comisión Europea, el esfuerzo fiscal que debería realizar España para alcanzar ese objetivo en 2030 necesita de más recortes o de aumentar los ingresos públicos vía impuestos y reducción del gasto público. Con estos datos sobre la mesa, la economía española deberá realizar los esfuerzos fiscales estructurales que le pide la UE hasta 2016 (de 28.800 millones de euros) y que a partir de entonces va a aplicar medidas de ajuste equivalentes a 0,6 puntos porcentuales del PIB durante 2017 y 2018.
A unos 6.200 millones por ejercicio, el ajuste estructural necesario para reconducir la deuda pública en 14 años ascendería a 41.200 millones de euros. El gasto público de España supera en estos momentos los 450.000 millones anuales.
No hay más margen para subir impuestos
¿Hay que subir más impuestos para reducir deuda en el futuro? Olli Rehn, comisario de Economía de la UE, ha propuesto que España no tiene más margen para subir impuestos sin dañar la economía, y que los ajustes deben centrarse en la reducción del gasto público. Sin embargo, la Comisión también indica que es muy pronto para bajar los impuestos.
Lo que sí que indica la Comisión Europea es la necesidad de que el Gobierno reduzca las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, aunque esta medida también reduciría las aportaciones a las arcas públicas (ingresos del Estado), con lo que debería acompañarse de subidas de tasas o impuestos, por ejemplo, los indirectos.
Las autoridades comunitarias proponen que para compensar la reducción de las cotizaciones sociales se compense la pérdida de ingresos subiendo el IVA o los impuestos medioambientales o sobre la propiedad como receta para crear empleo y mejorar la competitividad de la economía española.
El Ejecutivo comunitario vuelve a pedir además al Ejecutivo «medidas más contundentes» para reducir las diferencias entre contratos temporales e indefinidos con el objetivo de acabar con la dualidad en el mercado laboral. Estas recomendaciones están incluidas en el informe en profundidad sobre los desequilibrios de la economía española elaborado por la Comisión.
Su objetivo es que el Gobierno las tenga en cuenta en la elaboración del programa de estabilidad y reformas que debe remitir a Bruselas en abril. El vicepresidente económico, Olli Rehn, ha pedido además a España mantener la «moderación salarial».
«Estimular la demanda de empleo»
«Un impacto positivo para el empleo podría venir de un desplazamiento tributario, que sea neutral desde el punto de vista de los ingresos, desde el trabajo al consumo y/u otros impuestos, como impuestos medioambientales o gravámenes recurrentes sobre la propiedad», señala la Comisión.
«El impacto a corto plazo sería más fuerte si la reducción se aplica a las contribuciones a la seguridad social de los empresarios», agrega. Es más, a juicio de Bruselas «una reducción selectiva para los grupos más afectados por el paro tendría un impacto más fuerte que un recorte generalizado en los costes laborales». De hecho, el informe de la Comisión incluye una serie de estimaciones sobre el posible impacto de un desplazamiento tributario en España.
Si la rebaja de las cotizaciones se aplica de forma general, para reducir el paro un punto porcentual debería aplicarse un recorte de 6 puntos a las cotizaciones y una subida del IVA de cuatro puntos. El PIB aumentaría un 0,8% adicional a partir del segundo año, según los cálculos de Bruselas.
Si la rebaja es selectiva, idéntica disminución del paro en un punto porcentual requeriría un recorte de 7 puntos a las cotizaciones por los trabajadores poco cualificados y una subida del IVA de sólo 1,2 puntos. No obstante, el impacto en el PIB sería muy inferior. En este sentido, el Ejecutivo comunitario considera que la tarifa plana de 100 euros para los nuevos contratos indefinidos anunciada por Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación va en esta dirección de reducir el coste del trabajo para las empresas y de «estimular la demanda de empleo».
Moderación salarial
La Comisión Europea ha reclamado a España prorrogar más allá de 2014 el pacto de moderación salarial firmado por la patronal y los sindicatos en 2012 y ha sugerido de nuevo al Gobierno de Mariano Rajoy rebajar las cotizaciones sociales que pagan los empresarios y subir el IVA.
Bruselas insiste en que estas son las mejores recetas para reducir el nivel de paro, que según avisó este miércoles es, junto a la deuda, el principal desequilibrio de la economía española y supone un «riesgo» para la recuperación y la estabilidad financiera.
«La moderación de los costes laborales durante los dos últimos años ha ayudado a crear las condiciones para la recuperación del crecimiento y el punto de inflexión en el empleo que estamos empezando a ver», ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’Connor.
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