América Economía – EFE

París. La OCDE presentó, completado, el estándar internacional para el intercambio de información fiscal entre países que ha preparado a instancias del G20, y que 65 países se han comprometido a aplicar para combatir el fraude, buena parte de ellos a partir de 2016.

La versión completa de este dispositivo incorpora en particular las modalidades técnicas con los comentarios para que las administraciones fiscales interpreten de forma homogénea las reglas, pero también «un componente tecnológico» sobre los medios y garantías de seguridad para el intercambio de datos, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La primera versión se había presentado en febrero pasado en la reunión de ministros del G20, que previamente le había encargado a la OCDE esta misión para combatir la evasión fiscal, en particular la de quienes no declaran en los países de los que son residentes lo que tienen en el extranjero y por lo que deberían tributar.
El mecanismo ahora finalizado se someterá al G20 de Finanzas que se celebrará en septiembre en Australia y allí, según el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, «nuestro mensaje será claro y simple: el intercambio automático de información estándar está listo para aplicarse».
Gurría se mostró convencido, en un comunicado, de que con este mecanismo «estamos más cerca de un mundo en el que los defraudadores fiscales no tengan ningún sitio para esconderse».
Para los países pioneros, está previsto que se comuniquen la información correspondiente a 2016 como muy tarde en septiembre de 2017 y a partir de entonces que lo hagan de forma automática -sin que medie una petición del otro país- y con periodicidad anual.
Cada administración fiscal comunicará datos personales (como el nombre, el número de identificación fiscal o el domicilio de residencia fiscal) acompañados de la información financiera (intereses, dividendos, ganancias y balances).
Todo ello sobre personas físicas y jurídicas titulares de cuentas o productos financieros, pero también sobre las personas que controlen entidades jurídicas.
Todo eso implica que previamente instituciones financieras como bancos, aseguradoras o agentes de bolsa, pero también organismos de inversión -como fondos y otros- reporten a la administración sobre sus clientes y usuarios.
Será responsabilidad del G20 en su ministerial estipular si establece algún tipo de sanciones para los países que no se quieran adherir al sistema, y por tanto que no cooperen con el resto de países y no les transfieran esos contenidos para poder hacer controles.
En cuanto a la supervisión del estándar para que los estados comprometidos lo cumplan efectivamente, se hará a partir de lo que se conoce como «control por los pares», es decir, por los otros miembros del dispositivo, mediante informes elaborados por el Foro Global sobre Transparencia Fiscal, cuyo grupo de trabajo sigue activo.
Según los análisis de la OCDE, antes de que el estándar empiece a aplicarse, el movimiento para una mayor transparencia está teniendo un efecto tangible sobre los contribuyentes.
En concreto, desde 2009 más de medio millón han declarado voluntariamente haberes que habían tenido ocultos del fisco. Los países han conseguido hacer aflorar 37.000 millones de euros mediante programas de declaración voluntaria.
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