20 de marzo de 2014
José Antonio Gómez Hernández | Autor del libro ‘Al Fondo a la Izquierda’
En anteriores artículos en este periódico ya comenté sobre la deriva caciquil de las medidas de la derecha española en política fiscal. La realidad española en este aspecto es totalmente contradictoria, puesto que la presión fiscal en España es de las más altas de Europa mientras que la recaudación de las Administraciones Públicas es de las bajas de la UE. ¿Cómo es posible esto? Desde el gobierno se culpa a la economía sumergida. En cierto modo tienen razón, sin embargo, el foco lo ponen en el lado equivocado ya que se centran en culpar de esa economía que se escapa del fisco al pequeño autónomo que hace parte de su trabajo sin facturar, en el parado que realiza trabajos para complementar su pequeña prestación o su ínfimo subsidio. Los datos no mienten y del 28% de economía sumergida sólo un 11% de esos 280.000 millones de euros que se escapan de la Agencia Tributaria corresponden a los autónomos y al fraude extra empresarial.
La derecha española no entiende que el verdadero problema tributario de este país es la recaudación, los modos de recaudación, y no el gasto público. No obstante, no es de recibo que aquellos que son los verdaderos favorecidos de las medidas tomadas por Mariano Rajoy sean los principales responsables de esa recaudación tan baja. De los 280.000 millones de euros que se escapan al fisco cada año, más de un 70% corresponde a grandes empresas y grandes fortunas. Nadie hace nada para evitarlo y mucho menos este gobierno. Sus grandes aliados en el mundo empresarial son los primeros que buscan el modo de pagar menos impuestos. ¿Cómo es posible que un trabajador asalariado pague sólo en concepto de IRPF una media del 15% y una gran empresa apenas llegue al 5%? Ocurre esto porque, en primer lugar, esas empresas o esas grandes fortunas disponen de grandes bufetes de abogados tributarios que están rozando constantemente el filo de la navaja. En segundo lugar, porque nadie pone los medios para luchar contra ese fraude. Los propios inspectores de Hacienda reconocen que no se lucha contra el gran fraude porque no tienen medios y les es más fácil luchar contra el fraude de la supervivencia.
Como el sistema tributario español es ineficaz el gobierno de Mariano Rajoy ha encargado a un comité de «expertos» un borrador para realizar una Reforma Fiscal. Teniendo en cuenta el aquelarre neoliberal al que se le ha encargado dicho informe y los antecedentes del Partido Popular en las medidas económicas tomadas desde noviembre de 2011 era casi un secreto a voces que se iba a volver a golpear duramente a quienes son las verdaderas víctimas de una crisis iniciada desde esos mismos centros de poder económico a los que protege el Partido Popular.
El informe de este aquelarre neoliberal no nos ha sorprendido a quienes intuíamos hacia dónde iba a focalizar su objetivo para lograr una mayor recaudación: las clases asalariadas, las rentas bajas o medias, los pequeños empresarios y aquellos que no escapamos al control de la Agencia Tributaria. No se ha buscado una nueva fórmula para aumentar la recaudación sino que se ha hecho una redistribución de los impuestos, un «Tetris» que dé la sensación de que se están bajando los imipuestos a pesar de que los que se van a subir son los más dañinos para las rentas medias/bajas, los que no se pueden evitar pagar o de los que es imposible desgravarse o paliar su imposición.
Los grandes beneficiados de la Reforma Fiscal que hará el gobierno de Mariano Rajoy es un ataque frontal a sus víctimas. Habrá quien me pueda argumentar que sólo se trata de un borrador, de un informe que posteriormente el gobierno modificará. A todos aquellos que piensen así les recordaré cómo el informe de los «expertos» sobre las pensiones fue casi calcado a la reforma impuesta por Fátima Báñez, una reforma que hace perder poder adquisitivo a los pensionistas actuales y recorta las pensiones del futuro. Con la Reforma Fiscal ocurrirá lo mismo. Todas las modificaciones de impuestos van encaminadas a que el peso de la recaudación de las Administraciones Públicas recaiga en las clases medias y trabajadoras, mientras que se posibilita que las grandes empresas o las rentas altas paguen menos impuestos.
Los ciudadanos con rentas bajas tendrán una rebaja en el IRPF. Sin embargo, esta rebaja para estas personas es más propagandística que real, puesto que aquellos que no tienen un alto salario apenas tributan por este concepto. Sin embargo, sí que sufrirán un incremento en su ratio de tributación con la subida del IVA que propone este aquelarre neoliberal. El movimiento de los productos con un IVA reducido o superreducido hacia el 21% es una medida que aumentará el coste de dichos productos en la misma medida para una persona con ingresos de 12.000 euros anuales que para una persona como Amancio Ortega, por poner un ejemplo. Mover productos del 10% al 21% supone una pérdida de poder adquisitivo para las clases más desfavorecidas lo que agravará más la caída del consumo, se cerrarán más empresas, se generará más desempleo y aquellos que son víctimas de la crisis serán quienes paguen más, quienes contribuyan más.
Otro de los atentados neoliberales de este informe hacia las clases medias y bajas es la imposición de una reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles. Habrá quien me diga que esa subida afecta también a las rentas altas. En esencia es así, pero el impacto en la economía real de esta medida es muy diferente, dado que los valores catrastales de un porcentaje muy elevado de españoles están muy por encima de los 90.000 euros que se incluye en el informe de los «expertos», por la subida del valor del suelo durante la burbuja inmobiliaria. En un país con una morosidad hipotecaria record, donde las familias no pueden poner la calefacción para poder subsistir, una subida de los impuestos de la vivienda habitual es el tiro de gracia, es un modo de incrementar la desigualdad que está provocando esta crisis.
Los que más se benefician de las medidas propuestas por el aquelarre neoliberal son las rentas altas, al bajárseles el tramo del IRPF hasta el 45%, respecto al 52% actual. También se quiere eliminar el Impuesto del Patrimonio que grava la riqueza neta superior a los 700.000 euros. Además de estas medidas, hay que sumar el escaso impacto en sus rentas respecto a las rentas medias o bajas.
Toda la Propuesta de la Reforma Fiscal es un modo de incrementar la desigualdad. En España seguiremos pagando los de siempre, mientras que grandes fortunas y grandes empresas seguirán defraudando al mismo nivel que en la actualidad. No hay una rebaja de impuestos, como quiere vender el gobierno, sino una redistribución de las imposiciones para que aumente la recaudación. El peso de ese incremento se centra en quienes estamos sufriendo las políticas neoliberales del Partido Popular, los que estamos siendo expoliados con los recortes. Aumentará la recaudación, eso parece claro, pero en base a los impuestos más injustos, como el IVA.
El principal problema para la recaudación, además del fraude de los grandes contribuyentes, es el desempleo y la caída de la población activa en España. Por eso la Reforma Fiscal debe ir encaminada a generar riqueza y políticas sociales, no a cumplir objetivos de déficit que los españoles no hemos acatado.
Otra reforma fiscal es posible, una reforma más justa y encaminada al crecimiento no a la mera recaudación. Sin embargo, el Partido Popular no busca más que proteger a quienes les favorecen con donaciones a su partido olvidándose, una vez más, de los ciudadanos a los que gobierna y sus necesidades reales.
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