A PARTIR DE 2018
Se crea un grupo de trabajo para consensuar estrategias de inversión en el territorio
El nuevo impuesto de las nucleares, impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, dejará un 20% de la recaudación en Terres de l’Ebre y en el Camp de Tarragona, unos 12 millones de euros de recaudación anuales de los 60 millones de euros que el Govern prevé obtener con la nueva tasa.
El primer plazo, correspondiente a la recaudación desde abril de 2017, llegará al territorio a principios de 2018. Por este motivo, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, se ha reunido con los consejos comarcales de la Ribera d’Ebre y el Baix Camp y los delegados del gobierno del Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre para constituir un grupo de trabajo que diseñe y gestione proyectos estratégicos donde destinar esta inversión para mejorar la competitividad del territorio. También se han concretado aspectos del nuevo reglamento del impuesto que debe aprobarse antes de finales de año.
El secretario d’Hisenda, Lluís Salvadó, defiende que el impuesto sobre las nucleares es una “estrategia” a largo plazo, “justa y necesaria para el territorio” ante un futuro sin centrales y sin los puestos de trabajo que generan, que había que impulsar de nuevo, evitando la doble imposición por la que fue revocado por el Tribunal Constitucional (TC). A diferencia de 2014, el nuevo impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxico ha sido avalado al cien por cien por el Consell de Garanties Estatutàries. “Nos da la tranquilidad de que el impuesto aguantará cualquier dictamen del TC y tenemos la confianza que puede prosperar en cualquiera de los escenarios posibles”, defiende Salvadó.
Un mes después de su aprobación, el gobierno del Estado español no ha pedido la intervención del alto tribunal, aunque todavía hay margen para hacerlo ya que dispone de seis meses. “Si el Estado tiene alguna duda sobre algunos de los impuestos que aprueba el Govern actúa de manera inmediata, como tenemos infinidad de experiencias en los últimos años, desgraciadamente. Pero en este caso no ha habido ningún movimiento y nos da confianza “, ha añadido el secretario de Hacienda.
Un reglamento para el impuesto
Con este escenario, la secretaría de Hisenda se ha puesto a trabajar con los consejos comarcales y las delegaciones del Govern del área de influencia de Ascó y Vandellós, donde se ubican las tres centrales nucleares catalanas, para tener “ la estructura administrativa “necesaria para gestionar el 20% de los recursos recaudados con el nuevo impuesto y que se destinarán a operaciones de impulso a la economía del territorio pero también a proyectos de mejora de la seguridad y la prevención de los riesgos nucleares.
Según los primeros cálculos, han aumentado las previsiones de recaudación de la nueva tasa y puede llegar a los 60 millones de euros anuales, de los cuales, 12 millones de euros recaerán, proporcionalmente al número de plantas atómicas que se ubican, a las comarcas del Camp y l’Ebre.
“Es una cifra muy significativa que hay que gestionar de forma estratégica, no desde la lógica de la repartidora para contentar a la administración local, sino impulsando proyectos de carácter estratégico que reactiven en las líneas que consensúen las administraciones y que pueden dar un impulso económico de fondos a los territorios afectados “, sostiene Lluís Salvadó.
La gestión del dinero se reglamentará.
El trabajo previa para hacer este nuevo reglamento ha comenzado para que pueda ser aprobado a finales de 2017, ya que el primer dinero del impuesto llegarán a principios de 2018 (los correspondientes a la recaudación entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del presente año). También se ha creado una comisión de trabajo para empezar a debatir y analizar qué tipo de proyectos se pueden desarrollar.
Este grupo mantendrá reuniones periódicas. Salvadó justifica que no se creen dos unidades de trabajo, una para Terres de l’Ebre y otra para Tarragona, ya que era “poco operativo” y había que impulsar proyectos de planificación territorial y de país con estos nuevos recursos. Aunque se priorizarán las actuaciones en los municipios de influencia de las centrales de Ascó y Vandellós -unos 10 kilómetros de radio-, tampoco excluirán propuestas de los pueblos contiguos.
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