20 de marzo de 2014•
La crisis de la administración de la Justicia en Bolivia se ha profundizado aún más en 2013 y se caracteriza por retrasos, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos, alertó hoy la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Así queda plasmado en el Informe sobre Derechos Humanos en Bolivia que elabora anualmente la ONU, el cual fue presentado este jueves por el representante del OACNUDH en el país, Denis Racicot.
Racicot sostuvo que las autoridades judiciales elegidas en las urnas en 2011 en Bolivia adoptaron numerosas medidas, pero «éstas aún no han podido revertir la profunda crisis en la administración de justicia, crisis que se profundizó aún más en 2013».
Además de las debilidades anotadas, Racicot subrayó «la falta de recursos del sistema judicial, cuyo presupuesto alcanza únicamente a 0,53 % del Presupuesto General del Estado».
El funcionario recordó que la ONU, la agencia de cooperación española (Aecid) y la Unión Europea (UE) respaldaron a Bolivia para la realización en 2013 de programas de capacitación para alentar la independencia judicial y el acceso a la Justicia.
El informe, además, describe la «grave situación del sistema judicial penal, el 75 % de rezago judicial, la aplicación excesiva y prolongada de la detención preventiva, la insuficiente cobertura del Ministerio Público», entre otras debilidades del sistema.
Racicot también expresó su preocupación por las declaraciones gubernamentales que acusan al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, de actuar en función de los intereses de la oposición.
«En este marco, la Oficina recomienda que el Gobierno siga respetando la independencia de la Defensoría del Pueblo y facilite la implementación de sus resoluciones y recomendaciones», dijo.
El reporte de la OACNUDH también advierte sobre la persistencia del problema estructural del sistema penitenciario, tal y como reflejan el hacinamiento, el «uso excesivo de la detención preventiva, que asciende al 83,3 % de la población penitenciaria y la situación de los niños y niñas» que viven en las cárceles.
Racicot subrayó, además, su preocupación «por la lentitud» con que se desarrolla el proceso judicial por la intervención de la policía contra una marcha indígena en 2011, conocido como «caso Chaparina».
Sobre la protección de derechos de los pueblos indígenas, la OACNUDH señala que «continúa representando una desafío para el país» y pide al ministerio de Hidrocarburos mejorar el proceso de consulta a estos grupos sobre los proyectos en sus territorios.
También expresa su preocupación porque esas consultas no se apliquen en el sector minero.
Asimismo, detalla varios problemas que afectan el cumplimiento del «debido proceso» para víctimas y acusados de algunos juicios.
Entre ellos, el documento menciona el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) «por los hechos trágicos de 2003», otro caso que juzga una agresión violenta contra indígenas en 2008 en la ciudad de Sucre, la denominada «masacre de Porvenir» del mismo año y el caso de una presunta banda terrorista desmantelada en 2009.
Por otro lado, el informe de la OACNUDH destaca los avances en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, la reducción de pobreza, el hecho de que el país superara los Objetivos del Desarrollo del Milenio sobre el derecho al agua potable y la reducción de la tasa de abandono escolar.
De igual forma, saluda la aprobación el año pasado de una ley para proteger a las mujeres frente la violencia machista, aunque sostiene que para su aplicación es «imprescindible la asignación del presupuesto necesario en todos los niveles del Estado».
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