El Tribunal de Cuentas (TC) ha pedido que la Agencia Tributaria (AEAT) mejore los controles sobre los beneficios fiscales que existen en España y que cuente con más profesionales para poder resolver posible fraudes.

En un informe difundido hoy, y que fiscaliza la aplicación y control de estos beneficios en 2015, la entidad subraya que la Agencia Tributaria sólo resuelve alrededor de la mitad de todos los «filtros» que se activan en un año para controlarlos.
La otra mitad de estos filtros -alertas informáticas que se activan en declaraciones de contribuyentes que se aplican algunos de estos beneficios- queda pendiente de resolución de forma permanente, añaden.
El informe también recuerda que en 2015 los beneficios fiscales sumaron 40.719 millones de euros y calcula que esa cantidad supuso una pérdida de ingresos tributarios para el Estado del 26 %.
Al detalle por beneficios fiscales, recomienda mejorar el control de quienes disfrutan del régimen fiscal especial previsto en la ley 49/2002 para entidades sin ánimo de lucro, religiosas o de interés pública.
«Un número relevante de entidades que aplicaron este régimen fiscal y otras que figuraban censadas como entidades sin fines de lucro, no reunían los requisitos relativos a la forma jurídica exigida por la norma», señala el informe.
Junto a esto, el informe también recomienda mejorar el control sobre la exención en el IRPF por premios.
Y reitera una serie de recomendaciones, que ya incluyó en un informe de 2007 y que, en su mayoría, siguen sin cumplirse.
Así, recomienda a la Agencia Tributaria que establezca criterios uniformes para la selección de las declaraciones a comprobar, mejore la cifra de filtros resueltos en el control de los beneficios fiscales y mejore la herramienta informática empleada para su resolución.
«Se recomienda, también, que inste a los órganos oportunos para que se lleve a cabo un incremento de su personal», subrayan.
También reitera la necesidad de elaborar un concepto legal de beneficio fiscal y de acompañarlos de los objetivos de política social o económica que pretenden seguir.
Asimismo, el Tribunal recomienda a la Dirección General de Tributos que anualmente elabore un documento de ejecución «que muestre las cantidades presupuestadas y las reales de los diferentes incentivos y que analice las desviaciones producidas y sus causas».
 
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