Según estudio, con menos de dos dólares por hectárea los nativos podrían frenar la deforestación.
Cuando se piensa en enfriar al planeta y frenar con ello el cambio climático, ese fenómeno que ya se volvió una palabra del común para explicar los avances innegables del aumento de la temperatura global, normalmente se piensa en soluciones como paneles solares, plantas de captura de carbono, grandes murallas para proteger a las ciudades del incremento del nivel del mar, entre otras apuestas.
Sin embargo, la carrera para evitar el aumento en dos grados centígrados para final del siglo –meta que se ha fijado la comunidad internacional desde noviembre del año pasado con el Acuerdo de París– no solo requeriría de soluciones duras y costosas, sino de simples cambios, como entregarles a los indígenas de la región amazónica el derecho a la tenencia de sus tierras.
Esta última idea es una de las principales conclusiones que dio a conocer el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) a partir de un estudio que elaboró en Colombia, Brasil y Bolivia, donde se comprobó que cuando ellos tienen derechos de propiedad la deforestación se disminuye en más del 50 por ciento en los tres países.
Estas cifras sobre el cuantioso beneficio de frenar la deforestación cobran importancia en el país, sobre todo cuando hace pocas semanas se dio a conocer que la tasa de tala de bosque anual asciende a las 124.035 hectáreas y que muchos de los focos donde se concentra la tala de bosques es precisamente en la frontera entre la región Andina y la Amazonia.
La publicación internacional –que se titula ‘Beneficios climáticos, costos de tenencia’– indaga sobre cómo influye que los indígenas amazónicos tengan en efecto derechos de propiedad sobre sus tierras en relación con los beneficios para el clima del mundo y que la deforestación y la degradación ambiental disminuya o crezca.
Es, según el equipo de investigadores, el primer ejercicio internacional que se hace con cifras exactas para demostrar lo importante que es que las comunidades indígenas sean realmente dueñas de sus territorios ancestrales.
“Los derechos de propiedad de los indígenas producen grandes beneficios económicos y ayudan a reducir la problemática del cambio climático”, explica Juan Carlos Altamirano, Ph. D. en Economía e investigador del WRI, en conversación con EL TIEMPO.
Ante la pregunta de por qué tener un sustento legal los hace más cercanos a la conservación, Altamirano responde con un caso de la vida cotidiana: “Cuando uno no se siente dueño de algo, lo tiende a desaprovechar. Se llama en economía ‘rentismo’: como no sabe si alguien le va a quitar su tierra, lo que hace es explotarla en el menor tiempo posible, aunque se degrade, porque no tiene el incentivo de cuidarla. Con las comunidades indígenas pasa igual”, explica.
Así lo calcularon
La investigación, en principio, buscó la información gubernamental sobre la tenencia de la tierra, en el caso colombiano los datos fueron suministrados por la Agencia Nacional de Tierras (antes el Incoder), posteriormente se eligió a través de un algoritmo las comunidades que podrían compararse, es decir, aquellas con características similares (ecosistema de bosque parecidos, años de constitución cercanos), pero cuya única diferencia fue que una tuviera los derechos legales de sus parcelas y la otras no.
A esa información se le adicionaron los análisis de la tasa de deforestación en esos lugares, los datos sobre los costos de la conservación del bosque y los posibles beneficios que tendría mantener intactas esas áreas.
Los hallazgos fueron contundentes: durante 12 años, en un periodo entre el 2000 y el 2012, las tasas anuales de deforestación en los resguardos fueron “significativamente menores respecto a las que se encuentran fuera de este tipo de tierras forestales en Bolivia (2,8 veces menos), en Brasil (2,5 veces menos) y en Colombia (dos veces menos)”, analiza el informe.
Para Colombia, la reducción es inferior, aunque no por eso insignificante –explica Altamirano– debido a que en Bolivia y Brasil las áreas estudiadas eran de mayor tamaño, y que a diferencia del nuestro, por ejemplo en el país carioca no se permite ningún tipo de aprovechamiento del recurso forestal.
Los costos son otros de los apartes más sorprendentes. Los investigadores calcularon cuánto cuesta el trámite jurídico que permita que los indígenas sean dueños de sus tierras así como los gastos equivalentes a la operación de esas áreas e incluso el costo-beneficio si esas áreas se hubieran destinado para otro uso, como la ganadería o la agricultura.
En total, para el caso colombiano solo 1,35 dólares, es decir, cuatro mil pesos (según el valor de intercambio actual) cuesta el mantenimiento por hectárea para la conservación. En el caso de Bolivia y Brasil, los costos se estiman por encima de los cinco dólares.
Altos beneficios
Además de los bajos costos para su implementación, lo que resultó más destacable para los investigadores es la comparación entre costo-beneficio.
¿Cómo ponerle precio a la conservación? La investigación se cuantificó el valor de las toneladas de carbono que capturan los bosques amazónicos a través de una medición conocida como el Costo Social del Carbono (CSC), que estima los daños económicos relacionados con un aumento gradual de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para un año determinado.
El cálculo más reciente del CSC global fue estimado por el Gobierno de los Estados Unidos y es de 41 dólares por tonelada del dióxido de carbono.
“Para Colombia, la inversión de mantener los derechos sobre esos bosques es solo de 0,2 centavos de dólar y el beneficio es más de 120 dólares por hectárea. Realmente, lo que cuesta es ínfimo. Pero no solo se trata de dinero. El beneficio es para el mundo entero, porque se retiene la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas se mantienen”, expresa el experto.
En general, “las tierras forestales indígenas con derechos asegurados proporcionan beneficios importantes en cuanto a mitigación de carbono a nivel global en Bolivia, Brasil y Colombia. Llegando a representar entre 25.000 a 34.000 millones de dólares para los próximos 20 años en valor neto por evitar la liberación de 42,8 a 59,7 Mt CO2”.
Hoy, los resguardos que tienen derechos de titulación en la Amazonia colombiana pueden evitar la liberación de hasta 3 millones de toneladas de CO2 (Mt CO2) anuales, lo que equivale a que 635.813 carros dejaran de circular por las calles.
¿Qué pasa con los derechos del subsuelo?
Aunque los indígenas puedan tener derechos sobre sus resguardos, en Colombia muchos de los conflictos socioambientales se dan por la tensión entre las comunidades indígenas, el Gobierno y la inversión privada respecto a los usos del subsuelo en territorios indígenas.
A pesar de que el estudio no contempló este aspecto, según el equipo de investigadores, el hecho de que en principio las comunidades al menos cuenten con la propiedad legal de los territorios les permite organizarse con mayor facilidad para defender sus tierras.
De hecho, en la Amazonia ya se están uniendo las asociaciones indígenas con el fin de recibir recursos de cooperación internacional por conservar el bosque y para que haya actividades productivas que les representen ingresos sin tener que abusar del bosque amazónico.
LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora de El TIEMPO
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