El gasto público total pasó de representar el 31% del PIB 2003 a 45% en 2015 y 2016, y eso explicó, en más del 60%, el crecimiento de la “década ganada”.
A mediados de la década del ’80, un destacado empresario propuso, por medio de una nota periodística, resolver el siempre candente problema del déficit fiscal con un método que imaginaba ingenioso y sencillo. Propiciaba eliminar todos los impuestos vigentes y sustituirlos con un único impuesto (adicional) a las naftas. Una sencilla cuenta aritmética le permitía suponer que de esta manera se podía recaudar el mismo monto que la  totalidad de los impuestos que recaudaba el Gobierno. Argumentaba, de paso, que este superimpuesto aplicado en cabeza de las empresas petroleras simplificaba la recaudación y eliminaba la evasión.
Para un lector desprevenido del un diario de amplia circulación, podía sonar como atractivo. Para el mundo real era sencillamente de imposible aplicación, entre otras cosas, porque ignoraba el efecto de la  elasticidad precio del producto a ser gravado. Un aumento importante en el precio de la nafta necesariamente conduce a una caída de su demanda y, con ello, también de la recaudación pretendida. Ni hablar del severo golpe al bolsillo del consumidor con el consiguiente impacto político que esa medida era podría provocar en un año con elecciones.  ese tiempo después, ya con precisión y rigor técnico, el entonces ex presidente del BCRA publicó su libro “Volver a crecer” donde propuso colocar un techo al gasto público. El propósito de esa medida era facilitar el crecimiento sostenido y evitar las recurrentes crisis cambiarias y fiscales que caracterizaron la economía desde los años ‘30 en adelante. Estimaba que el techo para el gasto público (Nación + provincias + municipios) debía ubicarse entre los US$ 20.000 y US$ 22.000 millones, monto que ese año coincidía con el proyectado por el Presupuesto General de Ingresos y Gastos elevado al Congreso.
Aquel impuesto extraordinario a las naftas nunca se aplicó, aunque su precio siguió subiendo. Lo mismo ocurrió con el gasto público. A tal punto que, treinta años después, ya alcanza la astronómica cifra de US$ 210.000 – US$ 235.000 millones según como se practique la medición. Aumento del 1.000% del monto que en aquel entonces se consideraba suficiente para sufragar todas las necesidades del Estado Nacional, las provincias y los municipios. Por donde se lo mire, el aumento del gasto público en estos 30 años supera cualquier justificación racional o de sustento técnico en una economía que en el mismo lapso apenas creció una octava parte.
Por cierto que se esgrimieron y se siguen presentando argumentos para justificar esa incontenible expansión. Como, por ejemplo, que también el dólar sufrió una importante depreciación en su valor. Cierto, pero no tanto. Entre 1985 y 2016, medido por los precios internos de EE.UU., el dólar se ha depreciado en 164%, algo así como 500%  menos de lo que aumentó el gasto público en igual lapso de tiempo.
Otros argumentos se apoyaron en razonamientos de difícil o imposible cuantificación, como los que se relacionan con mayores necesidades en materia de seguridad, salud pública y educación, u otros derivados de supuestas obligaciones emanadas de lo que dispone la Constitución reformada en 1994.
Sí, en cambio, puede computarse como argumento atendible, el crecimiento poblacional que pasó de unos 36 millones a los 43 millones actuales, un aumento del 20% con una pirámide que ahora presenta un mayor ensanchamiento en las franjas etarias de la tercera edad, que conlleva una mayor necesidad de gasto en seguridad social. Aun así, todos estos argumentos representan una fracción muy menor comparado con el imparable crecimiento que tuvo el gasto público, hoy en el entorno del  45% del PIB.
¿Cómo?
La expansión del gasto ha sido alimentada desde dos vertientes concurrentes: por un lado, la ya conocida rigidez a la baja del gasto público en el rubro personal, jubilaciones y pensiones, que suman en todas las jurisdicciones más de las tres cuartas de cualquier presupuesto y, por otro lado, la muy pobre performance de la economía durante el último medio siglo, incluyendo los últimos 15 años, a pesar de los malabares estadísticos y la permanente difusión de datos aislados que pretenden argumentar lo contrario. Empero, como lo dice el dicho ya popular, la única verdad es la realidad y la realidad muestra el desolador cuadro de pobreza que padece la tercera parte de la población.
¿Cómo se explica esta contradicción donde por un lado tenemos una extendida pobreza y por el otro un relato saturado de datos y dichos sobre el notable crecimiento entre 2003 y 2015?  Aparte de la grosera manipulación de ciertos datos, existe una explicación que permite entender esta aparente contradicción. Para la medición del PIB, un aumento en el gasto público se computa como un aumento del valor agregado generado por la economía en la misma cuantía del gasto realizado. Cualquier peso o dólar –bien o mal gastado– por el Estado, incluyendo el aumento de sueldo de diputados, jueces o empleados administrativos, aparece como un aumento efectivo del valor agregado,  aun cuando se trate de un gasto
que no genera aumento alguno en los bienes y servicios producidos por la sociedad. Es la metodología que se utiliza en todo el mundo.
Más números
Aparte de este discutible aumento de la riqueza de un país, corresponde sumar luego el impacto del gasto que realizan los receptores de ese gasto, que genera un movimiento en las transacciones monetarias equivalente a unas cuatro veces el importe gastado. Este aumento en el valor monetario del gasto, solamente se traduce en un aumento real y verdadero del PIB si el sector privado, como contrapartida, genera una cantidad de bienes y servicios por un valor equivalente. Caso contrario, el gasto público lo único que genera es inflación.
Una cuenta sencilla permite deducir que el incremento del gasto originado por la incorporación de más de un millón de empleados públicos durante los últimos doce años representó aproximadamente cerca de la mitad del crecimiento reflejado por las cuentas oficiales del PIB, sin  tomar en cuenta que a partir del 2007 su crecimiento  aparece artificialmente aumentado por el menor valor con el que se computaba el verdadero aumento de los precios en la economía. Aumentaba el PIB expresado en valores monetarios por la elevada inflación y lo hacía el PIB en términos reales porque se utilizaba  un deflactor de menor valor al de la verdadera inflación.
El gasto público total pasó de representar el 31% del PIB en 2003 a 45% en 2015 y 2016. Una simple estimación indicaría que dentro del aumento del PIB anual durante ese período, 60% se originaba por un aumento del gasto público, aunque ese gasto no haya agregado bien o servicio alguno. Esta es la principal razón que explica lo que en los papeles aparece como un fabuloso crecimiento que, en la realidad, resultó una pobreza que abarca al 32% de la población. El  PIB por habitante de 2016 es apenas mayor al de 18 años atrás.
Un segundo factor adicional que explica la fantasía del notable crecimiento se debe a que las cuentas nacionales solamente miden la variación del ingreso nacional o del PIB, sin considerar el estado patrimonial de la economía. La venta de un activo del Estado, que no modifica la riqueza existente ni el valor agregado por la economía, aparece, sin embargo, computada en el PIB sin que, por otro lado, se refleje la baja de ese activo. No se toma en cuenta algo parecido a lo que podría ser un balance patrimonial completo de la economía de un país.
En el período 2003-2015 se consumieron, sin reponer, reservas de petróleo y gas por un monto superior a los US$ 100.000 millones, que fueron computados dentro del PIB, como valor agregado generado por las restantes actividades que lo consumieron. Algo parecido a  lo sucedido con el stock de ganado vacuno, donde se consumieron sin reponer 12 millones de cabezas. El cómputo del PIB de esos años, recoge un aumento de la actividad ganadera y la industria frigorífica debido al consumo de la hacienda faenada –unos  U$S 22.000 millones– que aparecen  computados como un aumento del PIB, aunque para el país y su economía, representó una pérdida patrimonial por un monto equivalente.
La herencia
Estos son los problemas centrales de la situación económica heredada, que requerirá de un importante y sostenido proceso de inversión del sector privado para revertir el desequilibrio existente entre el creciente gasto público y el menor crecimiento de la actividad económica privada que lo debe financiar. Solamente de esa manera, el Estado podrá contar con recursos genuinos para atender un gasto público, que aunque se lo pretenda racionalizar, será durante largo tiempo una pesada carga que tendrá que soportar la actividad privada.
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