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Incompatibilidades con la dolarización y “una cuasi estatización de la banca” son dos de los problemas principales que advierte la banca privada en el Código Monetario y Financiero, que se está tratando en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.
Ayer, durante un foro de socialización organizado por el ente legislativo, en la Corporación Financiera Nacional, César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), expuso las principales objeciones a la normativa enviada con carácter urgente y cuyo primer informe deberá ser entregado por la Comisión, el domingo próximo.
Robalino dijo estar de acuerdo con el gobierno con el planteamiento público de defender la dolarización, pero aseguró que pese a ese discurso, en el proyecto de ley existen propuestas que son incompatibles con esta.
Por ello pidió que no se eliminen los cuatro sistemas del Banco Central, pues esto le restaría transparencia y podría generar incertidumbre en los mercados. Pidió al menos mantener los dos primeros: el de canje y el de reservas financieras donde se encuentra el encaje de los bancos.
Consideró inconstitucional que se plantee declarar al servicio bancario como un “servicio de orden público de potestad del Estado”, lo cual constituye una “cuasi estatización” de la banca.
Robalino también indicó que el direccionamiento del crédito sería negativo, pues reduciría drásticamente la libertad de evaluar los riesgos crediticios y los de inversión.
Sostuvo que por las características del fondo (depósitos a la vista en su mayoría y de los depósitos a plazo solo el 5% es a un año, el resto es a menos), la banca no puede prestar a largos plazos, de lo contrario existiría peligro de descalce.
Por su parte, Diego Martínez, presidente del Banco Central, dijo que el direccionamiento del crédito ha tenido éxito en países como EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido y que ahora se aplica positivamente en Brasil y Chile.
El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, ratificó que el Estado no intervendrá en la evaluación del riesgo ni ordenará a quién prestar o no el dinero, sino que aplicará incentivos y desincentivos para promover el crédito productivo. Sin embargo, estas medidas no fueron detalladas.
Entre tanto, Robalino solicitó que no se baje la calificación de los papeles en los que se invierte el fondo de liquidez y que esta sea AA+.
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