Terra
22 de abril de 2014
Líderes gremiales y de las principales empresas chilenas se lanzaron en picada contra una millonaria reforma tributaria que impulsa el Gobierno, con amenazas de recortes de inversión o posibles demandas, mientras la discusión del proyecto avanza sin tropiezos en el Congreso.
En la advertencia más dura hasta ahora, el presidente del poderoso grupo forestal Empresas CMPC, Eliodoro Matte, dijo el martes -en una junta de accionistas- que evaluarán su plan de inversión de los próximos años si se aprueba la reforma.
El Gobierno de la socialista Michelle Bachelet envió hace unas semanas al Congreso un proyecto para aumentar los ingresos fiscales en el equivalente a un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o unos 8.200 millones de dólares, a través de un alza de impuestos a las grandes empresas y la eliminación de beneficios tributarios.
Pese a que la reforma -destinada a financiar cambios profundos en la educación- cuenta con mayoría en el Congreso, algunos sectores del oficialismo, la oposición y el empresariado han manifestado reparos vinculados a impuestos correctivos y a la eliminación de incentivos a la inversión.
El proyecto contempla subir gradualmente hasta un 25 por ciento el gravamen a las empresas, desde el 20 por ciento actual, y además eliminar beneficios asociados a la reinversión de utilidades de las empresas.
Hasta ahora, muchas firmas hacen uso de un sistema que les permite pagar impuestos solamente por las utilidades que retiran, por lo que el fin de dichas exenciones «deja menos incentivos», enfatizó Matte.
«Una buena parte del boom que ha habido de inversiones en Chile en los últimos, 10, 15, 20 años ha sido por los estímulos a la reinversión. Con la reforma tributaria, de aprobarse, al accionista le va a dar lo mismo reinvertir o gastarse la plata en cualquier cosa», agregó Matte.
«Vamos a tener que reevaluar los planes de inversiones del 2015 en adelante», agregó.
 
AVANCE EN CONGRESO
Las advertencias de Matte ocurren en momentos en que la reforma se discute con viento a favor en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la que cuenta con una mayoría oficialista que ha facilitado la tramitación.
De hecho, el Gobierno consiguió el martes que la comisión aprobara elevar un impuesto al tabaco para compensar cambios en el gravamen a los alcoholes.
«Hemos avanzado manteniendo la recaudación del proyecto», dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tras la votación en la sede del Congreso en la ciudad de Valparaíso.
En la discusión de la reforma también se aprobó una aclaración al impuesto a los vehículos diésel y la gradualidad en la eliminación de un beneficio tributario para la compra y venta de viviendas.
Pero desde el empresariado aseguran que la velocidad impuesta a la discusión de la reforma deja poco espacio para las argumentaciones técnicas.
«A ratos queda la sensación que a la reforma le faltará maduración en la evaluación de los efectos negativos que puede producir en la economía y la producción», dijo Peter Hill, jefe de la Cámara de Comercio de Santiago en un foro empresarial.
«Esperamos que en el Senado surjan voces que impongan la pausa y la meditación necesarias para promulgar una ley tributaria», agregó.
 
IMPUESTOS CORRECTIVOS
En medio de la discusión de la reforma tributaria, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, reafirmó el martes que «es valorable que gastos permanentes» -para mejorar la educación- sean financiados con «recursos permanentes».
«Evidentemente una reforma de esta magnitud (…) puede tener efectos sobre variables macroeconómicas, como el ahorro y la inversión», dijo Vergara ante empresarios del sector metalúrgico.
El jefe del gremio metalúrgico, Gastón Lewin, dijo que una vez que la reforma se encuentre en régimen (en 2019) «el PIB de nuestro sector será un 5,3 por ciento menor al que sería sin la reforma tributaria».
La semana pasada, el multimillonario chileno Andrónico Luksic, jefe del mayor grupo empresarial del país, criticó el proyecto de reforma tributaria y advirtió que sus efectos serían «negativos».
La reforma incluye aumentos en tributos específicos para el alcohol y bebidas azucaradas, lo que según Luksic representa «un fuerte incremento» y tendrá impacto en los resultados del grupo embotellador y cervecero CCU, del que es presidente.
Mientras, su rival Embotelladora Andina dijo que la inminente aprobación de estos nuevos impuestos es «inconstitucional» y no descartó acudir a la justicia.
El amplio proyecto de reforma tributaria incluye un nuevo tributo a las bebidas azucaradas, en un intento por frenar la creciente obesidad en el país.
(Con contribución de Anthony Esposito. Editado por Manuel Farías)
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