América Economía – Análisis & Opinión

Redacción América Economía

Sorprendió la rapidez con que el recién estrenado gobierno de Michelle Bachelet presentó su anunciado proyecto de reforma tributaria al Congreso chileno, pero más ha sorprendido la minuciosidad de su arquitectura y la profundidad de su alcance.

El proyecto tiene dos objetivos con los cuales nadie puede estar en desacuerdo: aumentar la recaudación para mejorar la educación y hacer del régimen tributario una herramienta redistributiva.

La educación chilena, además, tiende a perpetuar la desigualdad social. El sistema público de educación primaria y secundaria, que en algún momento del siglo pasado aspiraba a estar entre los mejores de América Latina, se ha deteriorado año tras año durante décadas. Algunos colegios privados, que pueden llegar a cobrar hasta US$1.000 al mes, educan bien a los hijos de la elite. Entre las universidades -públicas o privadas- hay unas pocas de buena calidad, pero la gran mayoría son mediocres o definitivamente malas. Todas son caras.

Chile no es el país más desigual de la región en términos de ingreso.La brecha entre ricos y pobres es más acentuada en Colombia, Honduras y Paraguay. Pero la desigualdad chilena es alta y no ha mejorado, a pesar de que la economía ha crecido hasta convertir al país en el más rico de la región en términos de ingreso per cápita: US$20.000 por habitante al año. No sólo eso: en casi todos los países de América Latina la situación ha mejorado, mientras en Chile se ha estancado.

El actual régimen tributario chileno grava a las empresas con un impuesto de 20% de las utilidades -uno de los más bajos de la región- y aplica el impuesto solo a las ganancias retiradas por sus dueños o accionistas.

El proyecto del gobierno busca, correctamente, gravar más a las personas de mayores ingresos. Para ello propone un conjunto de instrumentos (ver artículo en página 24 del proyecto) que, en lo medular,aumentan de 20% a 25% los impuestos a las utilidades de las empresas y gravan las ganancias devengadas, no solo las retiradas por los accionistas. También establece una retención del 10% para las sociedades anónimas abiertas, con lo cual el impuesto a muchas empresas grandes y medianas llega en la práctica al 35% de sus utilidades, pues los accionistas de mayores ingresos no pueden solicitar su devolución.

El proyecto también baja de 40% a 35% el impuesto a los ingresos de las personas para aquellos que están en el tramo tributario más alto. Con esto en la práctica se igualan el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas de ingresos altos, igualando el impuesto al capital con el impuesto al trabajo y, de paso, evitando la elusión tributaria.

El 35% que en la práctica cobrará Chile a las sociedades anónimas abiertas, no es mayor que lo que se paga en Argentina, Brasil, México o Perú, países donde muchas de las grandes empresas chilenas están invirtiendo exitosamente sin quejarse de la carga tributaria. Con todo, AméricaEconomía considera que la tasa no debería superar el 30%. En las economías emergentes se observa una tendencia a reducir la carga tributaria, dejándola por debajo del 30% a fin de estimular la inversión.

El componente del proyecto que grava las utilidades devengadas y no -como hasta ahora- las utilidades retiradas, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la reforma de Bachelet. Para el gobierno y sus partidarios, el mecanismo vigente, que exime de impuestos a las utilidades no retiradas por los accionistas, se ha convertido en un instrumento para la elusión tributaria. La oposición al gobierno y la gran mayoría de los empresarios sostiene que gravar todas las utilidades desincentivará el ahorro y la inversión, afectando el crecimiento económico del país.

La verdad es que muchos empresarios han usado el mecanismo para reinvertir las utilidades de sus empresas, pero también es cierto que otros lo han usado para eludir impuestos, creando cascadas de sociedades de papel con ese propósito. La eliminación del mecanismo pondrá fin a la elusión tributaria pero también tendrá un efecto negativo sobre el ahorro y la inversión cuya magnitud se desconoce. El gobierno debe abrirse a un debate sobre la incorporación al proyecto de mecanismos que incentiven la inversión. Los instrumentos hasta ahora propuestos por el oficialismo, como la depreciación instantánea, no son suficientes para cancelar los efectos negativos de eliminar la exención de impuestos a las utilidades no retiradas.

El gobierno ciertamente tendría más apoyo de los empresarios si comunicara con algún detalle cómo se van a gastar los US$8.200 millones adicionales que espera recaudar con la reforma tributaria. Se sabe que la mayor parte de los recursos irán a la necesaria reforma educacional, pero hasta el momento poco y nada se sabe del contenido de esa reforma. Mucho mejor habría sido presentar juntos los proyectos de reforma tributaria y educacional, para que aquellos que van a pagar más supieran cómo se van a usar los dineros adicionales que se les están pidiendo. Sin un proyecto de reforma educacional, el gobierno está pidiendo un cheque en blanco a los que ahora van a pagar más.

El gobierno tiene mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, de modo que podría lograr que su proyecto se aprobara sin dialogar con la oposición. Pero el cambio que propone es tan profundo que necesita ser aprobado por una mayoría que trascienda a sus propios partidarios. El gobierno tiene la responsabilidad de no radicalizar el debate, de abrirse a la oposición y a los empresarios y considerar cambios en algunos de los instrumentos de su proyecto. Una reforma tributaria consensuada será una reforma estable que logrará los objetivos que el propio gobierno se ha planteado y que Chile necesita.

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