La Discusión.cl
13 de abril de 2014
Un intenso debate ha surgido en torno a la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno, puesto que algunas medidas han despertado la preocupación de sectores políticos, empresariales y académicos.
Si bien algunos argumentos se han teñido de oportunismo político, no es menos cierto que hay cambios que tendrían un impacto negativo, principalmente en la clase media y en las Pymes.
El combate a la elusión, el aumento de los tributos a las empresas, la generación de nuevos impuestos y el fin de varias exenciones tributarias constituyen los ejes de esta reforma que busca aumentar la recaudación en US$8.200 millones o un 3,02% del PIB y que tiene por objetivos avanzar en la equidad tributaria y financiar la reforma educacional planteada por la Presidenta Bachelet.
Es así como se propone aumentar el impuesto a las empresas de 20% a 25%; la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), que hoy permite a las empresas tributar sólo sobre las utilidades distribuidas; elevar el impuesto al vino, la cerveza y el pisco; crear tributos verdes que castigan la emisión de gases contaminantes; eliminar las exenciones tributarias que gozan ciertas ganancias de capital y las ganancias por la venta de bienes raíces; aumentar el impuesto de timbres y estampillas de 0,4% a 0,8%; implementar medidas para perseguir y castigar la evasión; derogar el crédito por impuesto territorial pagado por inmobiliarias; incorporar un sistema de depreciación instantánea para las Pymes; y rebajar la tasa máxima de impuesto a las personas de 40% a 35%, entre otras medidas.
Pero no son pocos los que temen por el impacto que esta reforma tendría en las Pymes, en la clase media, en los productores vitivinícolas, en el sector construcción e incluso, en los cotizantes del sistema de AFP. Y pese a que el ministro de Hacienda ha debido salir a defender los distintos aspectos del proyecto frente a las críticas, algunas de las cuales provienen del oficialismo, las opiniones de expertos mueven a pensar que la propuesta debe ser perfeccionada.
En ese sentido, es conveniente que se evalúe el aumento del impuesto de timbres y estampillas, ya que esto subiría el valor de los créditos hipotecarios y encarecería el precio de las viviendas, lo que frenará el dinamismo del sector, con la consecuente pérdida de empleos.
De igual forma, el alza del tributo a los vinos elevaría los precios a consumidores y contraería la demanda, lo que tendría repercusiones no sólo en las viñas, sino que también en los pequeños productores de vino y uva y en los trabajadores temporeros.
Debe estudiarse, asimismo, la señal de alarma planteada por las AFP respecto del impacto que el fin de las exenciones tributarias para las ganancias de capital tendría en la rentabilidad de los fondos, y en consecuencia, en el monto de las pensiones.
En cuanto a la eliminación del FUT, que ha generado temor por parte de las Pymes, es justo afirmar que éste constituye un estímulo a la inversión que cumplió un papel importante en el desarrollo del país, pero que hoy no se justifica. Efectivamente, perjudicará a las Pymes, ya que el FUT era una especie de crédito del Estado con cero interés, y con la reforma dichas empresas deberán acceder a financiamiento a través de costosos créditos bancarios, sin embargo, el proyecto también contempla un mecanismo de depreciación inmediata que permitiría, en teoría, contrarrestar el efecto que tendrá en las Pymes.
Si bien el proyecto tiene muchos elementos positivos, resulta lamentable que buena parte del peso caiga sobre la clase media. Es de esperar que el oficialismo se muestre abierto a perfeccionar el proyecto, y no aplique la aplanadora en el Parlamento.
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