¿Para ti, la inversión en carreteras, aeropuertos, energía y otras áreas de la infraestructura es un papel exclusivo del Estado? ¿O puede incluir la participación del sector privado?
Cada vez más gobiernos de América Latina y el Caribe optan por la segunda respuesta, en especial teniendo en cuenta dos factores.
El primero de ellos consiste en el déficit de inversión en infraestructura -la diferencia entre lo que existe y lo que es necesario -, con estimaciones en torno a los 180 mil millones de dólares al año. El segundo es la dificultad de aumentar significativamente la inversión pública en el actual contexto fiscal limitado y de recuperación lenta de la economía latinoamericana tras seis años de recesión.
Resultado: en la última década, el número de proyectos de alianzas público-privadas (APPs) se triplicó, pasando de 40 a 140, sobre todo en los sectores de energía, transportes, agua y alcantarillado.
Un nuevo informe del Banco Mundial sobre el tema, Financiación privada de infraestructuras públicas a través de PPPs en América Latina y el Caribe, trae otros datos que evidencian la importancia creciente de ese modelo en la región. Entre ellos, la cantidad de países que aprobaron leyes referentes a ellas en las últimas dos décadas: 19.
Sin embargo, el porcentaje del PIB invertido en las APPs aumentó menos que el promedio de crecimiento de la economía regional. Es decir, el volumen de recursos invertidos aún puede crecer, pero atraerlos y usarlos con eficiencia – una necesidad para toda la región – son acciones que dependen de diversos factores.
Según el informe, aunque América Latina y el Caribe tienen programas de APPs desde finales de los años 1980, la evolución y el nivel de sofisticación de ellos no han sido uniformes.
Los de Chile y México son considerados los más exitosos de la región, especialmente en el sector de transportes. Brasil, Colombia y Perú también tienen trayectorias extensas de proyectos de APPs. Sin embargo, incluso los mercados más avanzados necesitan crear entornos de licitación con mayor competitividad y mejorar los mecanismos de financiamiento de proyectos.
La región todavía tiene en común el desafío de mejorar la fase de planificación y preparación de los proyectos. Antes de tomar la decisión de contratación por medio de PPPs, por ejemplo, el estudio recomienda hacer una evaluación socioeconómica de costo-beneficio. Y pocos países lo cumplen.

«Esto acaba resultando en procesos con baja competitividad y en incentivos para renegociar los contratos. Estas pérdidas de eficiencia también causan retrasos costosos en el cierre financiero y, en última instancia, en la entrega del proyecto», afirman Heinz Rudolph y Catiana García-Kilroy, autores del estudio, lanzado en Sao Paulo, durante el evento Infraestructura: Experiencia y Lecciones de Políticas para el Futuro.
Mejorar las legislaciones y las instituciones del sector – lo que ayuda a atraer financiadores experimentados, como concesionarios e instituciones de desarrollo internacionales – está entre los caminos para enfrentar estos problemas.
El nuevo estudio destaca otro paso igualmente importante para atraer a más inversores privados: mejorar la capacidad de los bancos nacionales para que se vuelvan más activos en la financiación de proyectos. Entre todos los bancos de América Latina y el Caribe, los brasileños tienen algunos de los mayores índices de participación en la financiación de infraestructura.
En una de las regiones globales que menos invierten en el sector – cerca del 2,8% del PIB anual en los últimos seis años -, atraer nuevos inversores y fortalecer los ya existentes es fundamental para subsanar las deficiencias de infraestructura sin que ello represente un peso aún mayor para los contribuyentes.
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