El Litoral/ Mario Cáffaro
Las dos entidades explicaron ante la comisión de Presupuesto y de Medio Ambiente de Diputados las razones del rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo. El tema está en el Senado.
Durante dos horas, empresarios aceiteros y exportadores de cereales detallaron ante diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Medio Ambiente las razones por las cuales rechazan terminantemente el llamado Impuesto Verde que propuso el Poder Ejecutivo y cuya consideración está en manos de la Legislatura. “La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) ven con preocupación el intento de creación de un nuevo impuesto denominado Verde cuyo único objetivo parecería ser recaudatorio”, dice un documento dejado a los legisladores.
El proyecto está a consideración del Senado y en las últimas horas, el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, le dijo a El Litoral que la intención oficial es que se apruebe dicho tributo así como la llamada Tasa Vial y prometió que se reanudarán las gestiones ante legisladores cuando se retome la actividad parlamentaria.
“Nosotros insistiremos. El mismo gobernador ha dado un mensaje claro a la Legislatura sobre la necesidad de aprobar, en primer lugar, el Impuesto Verde, con la connotación de este tributo, que tiene por destino la innovación científica y tecnológica en la provincia”, dijo Beccari quien definió al tributo como “un desafío a la actividad productiva de la provincia para que tenga en cuenta las mejoras medioambientales, con una disminución del impuesto en la medida en que se invierte”.
El propio gobernador Antonio Bonfatti desde Nueva Zelanda a principios del mes pasado ponderó la iniciativa y destacó la necesidad de ser sancionada. Precisamente, mientras Bonfatti realizaba esas declaraciones, dos comisiones de diputados recibían en Rosario a directivos de Ciara y del Centro de Exportadores de Cereales. Alberto Macua de Aceitera Vicentín, director de Ciara y de la Cámara; Gabriel Racca, responsable de medio ambiente de Cargill; Carolina Zürcher, jefa de medio ambiente de Vicentín y Juan Carlos Vilanova, responsable de complejos industriales de procesadores de soja de Terminal 6, fueron recibidos por diputados y se retiraron con la certeza de que el proyecto tiene escasas posibilidades de ser aprobado en la Cámara Baja.
El documento
Los empresarios, dejaron las objeciones por escrito en un documento de cuatro carillas. “La existencia de este proyecto estaría denotando que los mecanismos y herramientas hoy existentes no contribuyen en una mejora progresiva de la ‘gestión ambiental de las actividades’ lo cual estaría desestimando el desempeño de la Secretaría de Medio Ambiente”, advierte. Pero también afirma que “la aplicación de tasas exorbitantes, como las que se proponen, no beneficiará de ningún medio el ejercicio de las actividades industriales, que por los montos asociados pagarían en promedio el sueldo de 50 empleados durante todo un año, o varios tratamientos de efluentes de última generación, o a la instalación de un par de filtros manga de alto caudal”. A renglón seguido le anticipan que la medida de imponerse afectará el empleo en el sector, será pérdida de competitividad para el sector y desalentará la instalación de nuevas plantas para rematar que “bajo ningún punto de vista este proyecto está asociado a una mejora en la gestión ambiental operativa y tecnológica del sector”.
El documento desmenuza los diferentes artículos y las implicancias sobre el sector y destaca “el espíritu recaudatorio del proyecto que nada tiene que ver con fomentar la inversión en materia ambiental dentro de la industria”. Luego advierte que las simulaciones realizadas sobre los impactos económicos que causaría sobre cada planta del sector agroindustrial da pagos que define como “millonarios”.
API
Ante la necesidad de reforzar los recursos humanos y continuar con el proceso de profesionalización de las distintas áreas de la Administración Provincial de Impuestos (API), la Divisional de API Buenos Aires incorporó nuevos agentes. “Se trata de contadores públicos que permitirán intensificar el trabajo en el área de fiscalización y recaudación del organismo”, indicó el Secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari. La incorporación del personal se realizó mediante un concurso abierto por orden de mérito.
Precisó Beccari que “esta incorporación de personal colabora con el desarrollo de los planes de fiscalización externa, y con las acciones de recaudación dentro de su ámbito de desempeño, coordinando la operativa necesaria para el correcto cumplimiento en tiempo, forma y contenido, de las políticas de fiscalización y recaudación que el organismo determina”.
Los números del sector
El documento de las cámaras subraya que el 80% de la capacidad instalada de la industria aceitera está radicada en la provincia de Santa Fe, localización que siguió la conjunción del río Paraná, calidad de las tierras e inversores privados.
“Existe el preconcepto que la industria aceitera, por ser netamente exportadora, no paga localmente impuestos y en forma directa. Esto es absolutamente erróneo, dado que la contribución fiscal es enorme a nivel nacional e importante a niveles provinciales y municipales”, destaca el texto dejado a los diputados.
“Asumiendo que la industria oleaginosa santafesina facturará por un valor cercano a los 22.000 millones de dólares en la campaña en curso, la contribución directa a la provincia rondará los 93 millones de dólares (0,4%); la de impuestos directos nacionales casi 800 millones (4%), en tanto que las retenciones sobre la materia prima superarán los 6.100 millones (26%) y sobre el valor agregado industrial casi los 800 millones (4%)” informa.
Remata la nota señalando que “evidentemente la forma en que distribuye la coparticipación federal los recursos generados en la provincia constituye el elemento fundamental sobre el cual el gobierno provincial debe centrar sus esfuerzos, no en aumentar la presión corriendo el riesgo de ahogar la actividad”.
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