Este estudio realizado por Carlos Arze y Juan Carlos Guzmán, investigadores del CEDLA,  concluye que la re-estatización de las empresas eléctricas iniciada en 2010 fue una reacción a la agudización de problemas tales como la inminente crisis de potencia y el estancamiento en la ampliación de la cobertura eléctrica del país. Asimismo, enfatiza que esta nueva reforma no estuvo acompañada del cambio de las normas ni los mecanismos del modelo anterior, más allá del cambio en la propiedad jurídica de las empresas, por lo que su mayor limitación fue no haber revertido la lógica mercantil capitalista de rentabilidad impuesta como principio ordenador del sistema.
La investigación también señala la creciente ineficiencia energética que sufre el sector, a partir de la identificación de elevadas pérdidas de energía en generación, transmisión y distribución. En el mismo sentido, revela el riesgo de insostenibilidad ambiental debido al incremento sostenido en la oferta eléctrica, de la participación de la generación termoeléctrica en desmedro de fuentes renovables.
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