Un estudio mostró que el principal incentivo de los adultos mayores latinoamericanos para seguir trabajando, cumplida la edad legal, es mantener un ingreso.

El 57,7% de las personas de entre 65 y 69 años, y un 51,8% de aquellas con 70 y más, no perciben una pensión de un sistema contributivo, con tasas aún más elevadas para las mujeres.

Lo documenta una nueva publicación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal).

Ambos organismos de Naciones Unidas proyectaron que entre 2015 y 2050 la proporción de personas con 60 años y más en la fuerza de trabajo aumentaría del 7,5% a 15,0%. Principalmente, por el envejecimiento de la población y, en menor grado, un moderado aumento de la participación laboral de los adultos mayores.

Pese a los avances en la formalización del empleo y la expansión de los sistemas contributivos de pensiones, datos de ocho países de la región, en promedio, arrojan que todavía un 57,7% de las personas de entre 65 y 69 años, y un 51,8% de las personas con 70 y más, no perciben una pensión de un sistema contributivo, con tasas aún más elevadas para las mujeres. Esta situación obliga a muchas personas mayores a trabajar: la tasa de ocupación para el conjunto de las personas con 60 y más años alcanza un 35,4% en la región. Esta proporción es elevada aún en grupos etarios que ya traspasaron la edad legal de jubilación: 39,3% en el grupo de 65 a 69 años y 20,4% en el de 70 y más años. Las tasas son más altas en los países con baja cobertura de los sistemas contributivos de pensiones, explicó el reporte.

La principal actividad que realizan las personas mayores que deciden siguen trabajando es el trabajo por cuenta propia. Los adultos mayores ocupados se desempeñan en una elevada proporción en la agricultura donde la cobertura de los sistemas de pensiones suele ser baja.

El estudio también detectó que un 7,2% de las personas con 60 años y más están trabajando a pesar de tener una pensión, lo que puede deberse al bajo monto percibido o a la preferencia de seguir siendo activa, sobre todo entre personas de mayor nivel educativo.

En este escenario, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y José Manuel Salazar, director regional de la OIT, dijeron que «es necesario ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y complementarlos con pensiones no contributivas». En el prólogo de la publicación, sostuvieron que de esa manera se reduciría «la presión a la que se ven sometidas las personas mayores, que las obliga a seguir trabajando, generalmente en empleos de baja productividad, a fin de poder contar con medios mínimos de subsistencia a una edad en que las sociedades deberían garantizarles las condiciones para disfrutar de una vejez digna».

Exhortaron a que frente al acelerado proceso de envejecimiento en muchos países latinoamericanos, es una obligación analizar las condiciones y el financiamiento de sistemas de pensiones que sean inclusivos y sostenibles.

Es fundamental -completaron- aplicar políticas que garanticen condiciones laborales adecuadas a aquellas personas mayores que prefieran seguir trabajando más allá de la edad de jubilación, sin castigarlas respecto de los derechos que han adquirido a lo largo de su vida laboral y en condiciones flexibles, por ejemplo, mediante el trabajo a tiempo parcial. La Cepal y la OIT destacaron la recuperación económica que observará el continente durante 2018 al pasar de un crecimiento de 1,3% a 2,2%. Esto impactara en la tasa de ocupación regional, lo que podría provocar un ligero descenso del desempleo urbano -para situarse en cerca del 9%-, el primero desde 2014. «Esta evolución del empleo, junto con el aumento moderado de los salarios reales, ayudaría a fortalecer el poder de compra de los hogares y contribuiría, de esta manera, a estabilizar la reactivación económica», auspiciaron en el estudio.

En marzo del pasado año, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA a través de su estudio: Protección Social y Calidad de Vida en la Vejez, donde asevera que la seguridad económica en la vejez en Bolivia, proviene principalmente de dos fuentes de ingreso, el trabajo como la más importante, seguida de lejos por la jubilación y otras fuentes no laborales como las transferencias públicas, remesas y otras.

El estudio agrega que la seguridad económica en la vejez no es igual para hombres y mujeres, debido a que los hombres tienen a los ingresos derivados del trabajo como principal medio de subsistencia (64,7%), la mayoría de las mujeres carece de ingresos propios (60,4%). La desigualdad que sufren las mujeres, tiene su origen en la división sexual del trabajo que limita las oportunidades de acceso a un empleo remunerado durante su vida activa.

El documento afirma que hasta el año 2014, únicamente el 14,75 de las personas mayores de 60 años recibía una pensión o renta de jubilación por derecho propio (156.250 personas). Esta baja cobertura responde a la estructura del mercado de trabajo boliviano que no genera ocupaciones estables ni trayectorias laborales continuas que permitan a los trabajadores cotizar de manera regular y con los montos suficientes para asegurar una pensión de jubilación que garantice su calidad de vida en la vejez.

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