La Paz, 28 de abril de 2006 Este año, nuevamente los trabajadores seguirán cargando sobre sus espaldas el peso de la crisis. Los anuncios de incremento al salario mínimo nacional y el aumento del 7% para los sectores de salud y educación, no hacen más que confirmar que el gobierno apuesta por los empresarios. La Paz, 28 de abril de 2006.- Uno de los pilares en los que se asienta el modelo económico neoliberal imperante en el país es la liberalización del mercado de trabajo, que tiene en los bajos salarios su principal expresión. Una fuerza de trabajo a precio bajo coadyuva a una mayor acumulación del capital y al establecimiento de criterios espurios de competitividad empresarial que repercuten en el deterioro de las condiciones laborales. Desde la instauración del modelo neoliberal en el país, el año 1985, los empresarios privados continúan beneficiándose de facilidades para la acumulación y concentración del capital a costa de una cada vez mayor depauperización del salario, como la forma más fácil para reducir sus costos de producción. Es precisamente bajo la concepción capitalista que se liberalizó el mercado de trabajo dirigido al empleo y a los salarios. En el caso del empleo, a la hora de contratar trabajadores, los empleadores no respetan las regulaciones de la Ley General del Trabajo, puesto que el D.S. 21060 se ha constituido en una norma supralegal en la relación laboral, con el objetivo de permitir la sobreexplotación del trabajo. En el caso de los salarios, las remuneraciones en el sector privado se fijan a través de la negociación obrero-patronal y amparada bajo el D.S. 21060. Para el sector público, los salarios están determinados por un sistema que incluye la fijación de un salario mínimo nacional anual y el establecimiento de escalas salariales. Un aumento insuficiente La magnitud de un incremento del salario mínimo nacional puede estar orientado a cuatro objetivos: Lograr una mayor justicia social, limitando el grado de desigualdad salarial; luchar contra la pobreza, garantizando un nivel mínimo de reproducción de la fuerza de trabajo; evitar la sobreexplotación laboral, reduciendo el desequilibrio de fuerzas en las relaciones de trabajo entre los empleadores y los sectores indefensos de la población activa ante las altas dimensiones del desempleo abierto; y dinamizar la capacidad de compra de los hogares y, por tanto, la demanda agregada. El actual gobierno ha anunciado que el actual salario mínimo nacional de 445 bolivianos será incrementado. Aunque se desconoce la magnitud de este aumento, es previsible que no sobrepase el 10%, lo que resultaría insignificante –por decir lo menos- frente a la aguda crisis de los trabajadores y sus familias. Por las mismas consideraciones, el incremento del 7% determinado por el gobierno al salario de los trabajadores de la educación y de salud, resulta insuficiente Las necesidades básicas insatisfechas De acuerdo a datos del CEDLA, la población ocupada en el área urbana del país (1.908.325 personas), que gana menos a un salario mínimo nacional alcanza a 519.807 personas (27.2%). Es evidente que este grupo destina todo su ingreso al consumo básico; por tanto, un incremento salarial a este 27% de la población, no haría variar el destino de sus ingresos en el consumo de bienes, ya que sólo serviría para acercarse a cubrir sus mínimas necesidades alimentarias, originando, al mismo tiempo, una mayor producción para atender esa demanda incrementada. Como evidencia de lo anterior, se tiene que con el actual salario mínimo nacional sólo se puede adquirir menos del 50% de una canasta normativa alimentaria – calculada para el año 2005 en 956 bolivianos-, necesaria para una familia tipo de cinco miembros, lo que muestra las condiciones objetivas para la existencia de los altos índices de pobreza en el país. El salario mínimo por actividad económica Según datos al 2002, del total de la población ocupada en el área urbana del país, 159.798 personas (30.7%) estuvieron ocupadas en el sector Comercio. La segunda actividad económica que absorbió mano de obra fue el sector Servicios con 155.421 personas (29.9%). La Industria Manufacturera ocupó a 110.789 personas (21.3%) el año 2002. Este volumen de ocupación de mano de obra que gana menos de un salario mínimo, estaría explicando los niveles de competitividad de de la manufactura exportadora. El salario mínimo y la informalidad Considerando los sectores Formal e Informal de la economía, el segundo ocupó a 453.457 personas (87.2%), que ganaron menos a un salario mínimo nacional, en tanto que el sector Formal ocupó a 66.350 personas (12.8%), durante el 2002. El sector Formal está constituido por el estatal y el empresarial, mientras que el Informal está conformado por los sectores familiar, semi empresarial y doméstico. Por otra parte, si se relaciona el salario mínimo nacional con la categoría ocupacional de los trabajadores, se tuvo que los trabajadores por cuenta propia se constituyeron en el grupo mayoritario que ganó menos de un salario mínimo. El grupo asalariado constituido por obreros y empleados llegó a 150.000 trabajadores (28.9%). El salario mínimo y la edad De la población ocupada del país, el grupo etáreo más explotado fue el comprendido entre los 20 y 29 años de edad, con 139.927 personas (26.9%), cuyos salarios fueron menores a un salario mínimo, siendo que este grupo está en la fase más productiva de su vida. Luego se tuvo a los grupos comprendidos entre los 30 y 39 años de edad y los de 50 años para adelante, que en términos absolutos representaron cada uno a 110 mil personas (21.2%) con salarios menos a un salario mínimo. El salario y la estabilidad laboral Los trabajadores permanentes, vale decir aquellos que tuvieron estabilidad laboral durante el 2002, alcanzaron a 83.805 personas, equivalentes a 55.8% de la población ocupada en el país. Ese grupo ganaba menos que un salario mínimo nacional. Contrariamente, los trabajadores eventuales que ganaban menos de un salario mínimo fueron 66.299 personas (44.2%). El rechazo de los empresarios Como era de prever, el sector empresarial privado se resiste a un incremento del salario mínimo nacional, cualquiera sea el nivel de éste, sin considerar los eventuales beneficios en la economía nacional y, consiguientemente, para mejorar sus niveles de producción y ganancia, por el dinamismo que originaría el consumo ante un incremento salarial. Es previsible que inicialmente, un aumento en el salario mínimo, pueda romper la proporción entre ganancias y salarios, pero esto se restablecería con el incremento en la producción, recuperando, posiblemente, los anteriores niveles de ganancia empresarial. Otro de los argumentos que manejan los empresarios al rechazar un incremento en el salario mínimo nacional, es que esta medida generaría hiperinflación. Sin embargo, esta preocupación empresarial no tiene sustento, dado que al ser la inflación un fenómeno monetario y estar la oferta monetaria bajo la responsabilidad del Banco Central de Bolivia -que tiene independencia en sus funciones-, no existen razones para generar mayor emisión monetaria, por lo que la cantidad de dinero en la economía mantendría sus niveles. La histórica precariedad salarial El comportamiento del salario mínimo nacional durante los últimos cuatro años tuvo escaso dinamismo, pues el 2002 y 2003 fue de 430 bolivianos; el 2004, de 440 bolivianos y el 2005 subió levemente a 445 bolivianos. Estos bajos niveles coinciden con una caída en los niveles del consumo de los hogares, que el año 2002 tuvo una tasa de crecimiento de 2%; el 2003 de 1.9%; el 2004 de 2.9%, hasta llegar al 3.3% el año 2005. Esta correlación entre el salario mínimo nacional y el consumo de los hogares tiene que ver con que alrededor de un tercio de la población ocupada está percibiendo en los últimos años salarios menores a un salario mínimo. Pese a ello, un incremento en el salario mínimo se constituiría en un elemento que dinamizaría la producción en el corto plazo. Este año, nuevamente los trabajadores seguirán cargando sobre sus espaldas el peso de la crisis. Los anuncios de incremento al salario mínimo nacional y el aumento del 7% para los sectores de salud y educación, no hacen más que confirmar que el gobierno apuesta por los empresarios.