Críticas: Hay más observaciones al proyecto del Gobierno; mientras, el ministro Arce defendió la norma en el Canal 7.

La transparencia en la fiscalización de la nueva gestora de pensiones, la deuda del Estado a las AFP, la sostenibilidad de la nueva norma, la permanencia del sistema de ahorro individual y los privilegios de algunos sectores son los temas que continúan generando posiciones encontradas respecto a la nueva Ley de Pensiones.

El analista de la Fundación Milenio Armando Álvarez cuestionó el hecho de que será el Gobierno el que administre las pensiones y, a la vez, fiscalice esa administración. Pero además, recordó que el principal deudor de las AFP en este momento es el Gobierno.

“Alrededor del 50 por ciento de la cartera de 5.000 millones de dólares —los aportes de los trabajadores— están invertidos en bonos del Tesoro. Además, el regulador y la autoridad de Pensiones dependen de una línea directa del Ministerio de Economía”, señaló a ANF.

Ayer, el Ministro de Hacienda respondió esas críticas en el Canal 7 con un solo argumento. “La Fundación Milenio es una fundación movimientista que siempre ha defendido los intereses del MNR”, aseguró.

Según el Ministro, hay 40.000 bolivianos que ahora prefieren no jubilarse por las rentas bajas. De ese modo, dijo, se demuestra que la Ley de Pensiones del MNR “es un fracaso”.

El ministro Arce aseguró que la propuesta del MAS tiene una sostenibilidad de 35 años y exigió cálculos para demostrar lo contrario. A su vez, el economista Álvarez expresó sus dudas y también le pidió al Ejecutivo que presente los estudios técnicos para demostrar sus afirmaciones sobre los 35 años.

Por su parte, el analista económico Alberto Bonadona explicó a ANF que con la nueva Ley de Pensiones se duplica el déficit fiscal porque se requerirá 900 millones de dólares adicionales para pagar a la gente que se va a jubilar porque se encuentra dentro de las condiciones que se plantea. El economista advirtió que el sistema es insostenible porque 186.000 personas se jubilarán por la reducción de edad y de los aportes, 120 cotizaciones que equivalen a 10 años.

Además, el economista del CEDLA Carlos Arze manifestó que la nueva ley no es revolucionaria porque mantiene como pilar a la cuenta individual creada por el gobierno de Sánchez de Lozada.

Según el ministro Arce, la cuenta individual se mantiene para que los profesionales de ingresos altos se jubilen con todo lo que ahorraron, sin techos.

A su turno, el secretario general de la COB, Felipe Machaca, criticó que el Gobierno mantenga el privilegio de los militares, que son los únicos trabajadores en el país que se jubilan con el 100 por ciento de sus salarios.

El titular de Economía dijo ayer que ese era un beneficio antiguo de los militares, y que no tenía por qué cambiarse.

40.000 bolivianos no quieren jubilarse

El Gobierno estima que hay al menos 40.000 trabajadores bolivianos que prefieren seguir trabajando y no jubilarse ante la eventualidad de perder su sueldo y recibir a cambio una renta baja.

Según el ministro de Economía, Luis Arce, esos trabajadores cumplen con todos los requisitos para jubilarse, es decir que tienen la edad y los aportes necesarios para pasar al sector pasivo.

“El maestro mira su papeleta, está ganando tres mil bolivianitos, y mira su jubilación, que sería de 800 bolivianos, entonces elige quedarse trabajando y seguir ganando los tres mil bolivianos”.

Eldignatario de Estado considera que esa situación demuestra el fracaso del sistema de pensiones. “El modelo neoliberal es la exaltación del neoliberalismo. En este caso (nueva Ley de Pensiones), para los (trabajadores) de ingresos bajos, ellos aportan lo que pueden, pero el Estado también aporta para que tengan una mejor jubilación.

Asegura que el gran cambio en el sistema de pensiones es que ya no será el trabajador el que financie su renta de vejez.

Arce recordó que el proyecto gubernamental restituye el aporte patronal y crea una “pensión solidaria” para que aquellos trabajadores que ganan menos se beneficien con una renta digna.

En busca de un software

O hacen un software propio para la nueva gestora de pensiones, o se lo compran a las AFP, o buscan otro en el exterior del país. El Gobierno sólo tiene esos tres caminos para que el Estado administre de nuevo la renta de los bolivianos, según dice el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

La necesidad de un sistema informático para administrar las pensiones es evidente. Las dos AFP que existen en el país (aunque Zúrich, de Futuro, y el BBVA, de Previsión, son socios y la separación real de ambas es formal) manejan sistemas propios con los que administran las jubilaciones. Pero no hay visos de que vayan a venderlos.

“Lo que hemos pedido al BBVA es justamente que nos den una posibilidad de avisarnos que cuánto valdría su software y demás. No hemos recibido una respuesta, hemos recibido una réplica muy escueta, pero (no) nos han dado ningún valor, pero no hay ninguna negociación”, dijo Guillén a ANF.

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