Gestora: Una entidad estatal reemplazará a los dos fondos privados de pensiones, que administran 5.000 millones de dólares.

El Estado asumió el control de las jubilaciones y desplazó a las dos administradoras de fondos de pensiones, a las que el Gobierno asocia con el modelo de libertades económicas que intenta desmontar.

Junto con Pedro Montes, dirigente minero y secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Evo Morales puso la firma de promulgación de la nueva Ley de Pensiones, y con ella definió una nueva forma de jubilación que será regida por una gestora estatal, bajo el propósito de ampliar los beneficios a sectores independientes.

Una manifestación de choferes, mineros y de otros sectores afines al MAS acompañó la presentación de la nueva legislación, mientras el magisterio de la ciudad de La Paz, con una posición ideológica contraria al Gobierno, marchó por las calles en señal de protesta porque consideran que las rentas, bajo la nueva ley, serán inferiores.

La norma, que entrará en vigencia en un mes, transfiere un patrimonio de 5.000 millones de dólares del Fondo de Capitalización Individual, administrado por las empresas privadas de pensiones, a la nueva gestora estatal. Al tratarse del mismo actor que administrará la jubilación y mantiene una deuda con el Fondo de Capitalización, “acabará confiscándose” el ahorro de los ciudadanos, según el director de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco.

El dinero del Fondo de Capitalización Individual está respaldado por un contrato con las administradoras de fondos de pensiones, y es una propiedad inalienable, expresó Carlos Arze, analista del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Después de la promulgación de la Ley de Pensiones, el ministro de Economía, Luis Arce, defendió el carácter solidario de la norma, y garantizó mejores rentas a los nuevos jubilados.

“Grandes diferencias separan la vieja ley neoliberal de la nueva, y ha sido discutida y mejorada con los compañeros trabajadores en cuatro años de reuniones”, manifestó García.

La solidaridad expresada por Arce se traducirá en la creación del Fondo Solidario, que recibirá un aporte patronal del 3 por ciento, sobre el total ganado de los trabajadores dependientes.

Durante el primer año de funcionamiento, el Fondo Solidario puede recaudar algo más de 900 millones de bolivianos por concepto de aporte de personas con altos ingresos, con 58 millones de bolivianos; aporte laboral, con 106 millones; riesgo previsional, con 115 millones de bolivianos, y aporte patronal, con un monto estimado en 648 millones de bolivianos. Los trabajadores independientes podrán afiliarse al nuevo sistema con la sola presentación de su cédula de identidad.

“El ahorro individual desaparecerá”

El director de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco, expresó que el dinero del Fondo de Capitalización Individual bajo administración del Estado irá desapareciendo porque el Estado jugará los roles de administrador y de deudor simultáneamente.

El Estado es el principal deudor del Fondo de Capitalización Individual (FCI) porque entregó títulos a cambio de un 80 por ciento de los recursos que pertenecen a los ciudadanos que ahorraron en cuentas personales, expresó.

Ahora, además de ser deudor, asumirá las tareas de regulador, excluyendo al ente independiente que controlaba las jubilaciones, según la explicación del experto.

Las dos funciones, en opinión de Pacheco, otorgan todas las condiciones al Estado para decidir sobre el futuro de los 5.000 millones de dólares que servirán para el pago de rentas a personas que no lograron acumular el suficiente número de aportes para obtener una jubilación con una renta razonable.

Cuando el mismo actor cumple diferentes tareas, “acabará confiscándose” el aporte de los ciudadanos, y del cual se tenía un informe semestral en los reportes de las administradoras de pensiones, opinó Pacheco.

En ese escenario, el Estado también puede ampliar a largos plazos la deuda que mantiene con el FCI, y de ese modo la obligación también puede diluirse, afirmó.

“Propiedad de fondos es inalienable”

El analista del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que los recursos del Fondo de Capitalización Individual (FCI), estimados en 5.000 millones de dólares, se encuentran respaldados por un contrato firmado con las administradoras de pensiones, y por lo tanto es una “propiedad inalienable que no puede ser confiscada por el Estado”.

Pero dejó abierta la posibilidad de que el Estado pueda tomar prestado el dinero del FCI entregando a cambio títulos sin fijar límites y adecuadas tasas de rentabilidad que garanticen el mantenimiento del valor.

Según Arze, el 68 por ciento del dinero ahorrado por los afiliados a través de las administradoras de pensiones fueron entregados al Estado a cambio de bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), y por los que se paga una tasa de interés.

Las administradoras de pensiones obtienen recursos por las utilidades que genera el dinero prestado al Estado. El Gobierno emplea el mecanismo de retiro de circulante, captando los ahorros de las administradoras de pensiones, con el propósito de absorber el dinero que podría generar efecto inflacionario.

Algunos de esos títulos vencieron en los plazos negociados por los gobiernos anteriores y fueron restituidos al FCI, explicó Arze.

Para destacar

La nueva Ley de Pensiones entrará en vigencia en un mes, según anunció el ministro de Economía, Luis Arce.

El Fondo de Capitalización Individual acumuló ahorros de los beneficiarios por 5.000 millones de dólares.

La edad de jubilación baja de 65 a 58 años, y en el caso de los trabajadores mineros, se fija en 56 años.

Las mujeres pueden bajar su edad de jubilación en un año por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de tres años.

El cálculo de la renta de jubilación se realizará solamente sobre las anteriores 60 papeletas de pago.

Introduce la figura de gran invalidez cuando un trabajador tiene el 80% de daño permanente por accidente laboral.

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