El año 2008 se ingresa en una crisis internacional profunda. Como todo efecto negativo, las consecuencias se observan en la economía de los diferentes países de la región, manifestándose principalmente, en una marcada contracción de la actividad económica, disminución de reservas internacionales, caída de precios, reducción del valor de las exportaciones y un incremento de la tasa de desempleo, entre otras. Impuestos al consumo UNA POLÍTICA YA CONOCIDA Por Juan Luis Espada En términos fiscales y a nivel general, se reduce la recaudación de los ingresos públicos, comportamiento que podría acentuarse por las medidas que estos países han anunciado aplicar como respuesta a los embates de la crisis, por ejemplo: restricción a las importaciones, disminución de aranceles y de las alícuotas a otros impuestos. Bolivia –contrariamente a otros países– no se ha propuesto nuevas medidas orientadas a detener la posible caída en los ingresos públicos. Situación que parece responder al optimismo fiscal que tiene la actual administración pública, el mismo que está basado en la combinación de tres elementos: i) Las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que según el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009, sería de alrededor de $US 955 millones. Si a esta cifra le sumamos la previsión de ingresos por concepto de regalías e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) resulta que el Estado recaudaría $US 1.845 millones por hidrocarburos, 5% más del registrado el 2008; ii) la existencia de saldos en las cuentas fiscales de diversas instituciones, sería otro de los factores que aliviaría la disponibilidad de recursos. Según datos oficiales, al mes de agosto de 2008 se tendría $US 1.675 millones en cuentas de diferentes instituciones públicas; y, finalmente, iii) el mecanismo de endeudamiento externo sería otra de las opciones que el Gobierno actual no estaría desestimando utilizar, el 2008 se habrían suscrito nuevos contratos de deuda externa por la suma de $US 1.205 millones. Complementariamente, se debe notar que durante el actual Gobierno, –beneficiado por ingresos extraordinarios provenientes, principalmente, de hidrocarburos– se incrementó la presión tributaria sobre los hogares, a través, fundamentalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si se toma en cuenta que el PGN 2009 buscará ampliar el gasto y la inversión, la caída de los ingresos provenientes de los hidrocarburos será compensada con una mayor presión tributaria sobre los hogares a través de mecanismos que incrementen la eficiencia en la recaudación de impuestos. PRESIÓN A CONSUMIDORES Y NO A EMPRESARIOS Una mirada al comportamiento de la estructura tributaria, muestra que entre 1990 y 2005 la presión tributaria sobre el consumidor fue aumentando hasta superar los dos dígitos (ver Gráfico 1), en el mismo periodo la presión de impuestos sobre los consumidores fue mayor que al sector empresarial. En términos absolutos los consumidores aportaron alrededor de Bs 5.101 millones promedio anual, en tanto que las empresas con Bs 1.879 millones, diferencia que se explica por el peso de las recaudaciones de los impuestos indirectos. Con el nuevo Gobierno, la presión en el consumidor final no ha variado, en los tres primeros años, el promedio anual de la presión tributaria fue de 13,8%, tendencia que se ratifica con los datos que se presentan en el PGN 2009, y que asciende a 14,2%. Esta orientación no sufriría variaciones, pese a que se ha evidenciado la potencialidad contributiva de actividades estratégicas, como la de hidrocarburos y la reducida participación del Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE), en los ingresos tributarios. Por tanto, parece ser que esta estructura regresiva seguirá orientando la medidas tributarias en el país, y ratificando la persistencia de la política neoliberal en el actual régimen. En ese marco, la respuesta en el corto plazo a la disminución de ingresos es la incorporación de medidas administrativas de control y fiscalización, orientadas a presionar al consumidor. Esta acción se justifica mediante un discurso de sensibilización y educación tributaria a la población. El ejemplo más cercano de todo ello es la pretensión de aplicar el proyecto de Control del RC-IVA que implicaría dos consecuencias: i) un alto costo en la eficiencia de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues desincentivaría el control cruzado a éste –flaco favor al nivel de recaudaciones–; y, ii) castigaría parte del ahorro del asalariado, ya que estaría sometido al pago de impuestos. Debe recordarse que para la mayoría de los asalariados este ahorro significa la reducción o postergación de su consumo, con miras a garantizar el sostenimiento de su familia en el futuro. Caso radicalmente distinto a la acumulación de capital que está orientada a incrementar la ganancia. Pese a que se menciona en el Plan de Gobierno, la búsqueda de un sistema tributario equitativo y progresivo, todas las políticas tributarias que se han implementado no han cambiando el carácter regresivo de la política. Sin duda, somos uno de los países de la región con mayor presión tributaria y se comprende, en buena parte, por la elevada presión tributaria en el consumidor final, a través de impuestos indirectos al ingreso. El debate debiera orientarse a la aplicación de medidas tributarias al capital financiero, comercial e industrial y, además, lograr un control completo del excedente económico que se genera en la explotación de hidrocarburos y minería. * Juan Luis Espada es investigador de la Unidad de Políticas Públicas del CEDLA.