En tiempos de precariedad laboral creciente

 

Los incrementos salariales no contribuyen a mejorar el empleo de los trabajadores

 

En el 2011, en las ciudades del eje central urbano del país y El Alto, 79 de 100 ocupados contaban con empleos precarios y 51 con fuentes de trabajo extremadamente pobres. Entre los trabajadores asalariados, 81 de 100 de ellos laboraban en empleos con algún grado de precariedad y 29 en empleos precarios en extremo, siendo los salarios por debajo de una canasta alimentaria básica uno de sus indicadores importantes. En este panorama, los incrementos salariales recientes no contribuyen a mejorar la calidad del empleo de los trabajadores en el país.

 

El gobierno nacional emitió recientemente el D. S. Nº 1549 que dispuso incrementar el 8 por ciento a los trabajadores y funcionarios del magisterio, salud pública, Policía y de las Fuerzas Armadas y como base de negociación para los trabajadores del sector privado y; elevar en un  20 por ciento el Salario Mínimo Nacional para la gestión 2013. Frente al rechazo de la medida por parte de varios sectores laborales, voceros gubernamentales insistieron en destacar las bondades de los incrementos establecidos en sentido que los trabajadores tendrían una mejora significativa en sus salarios tal como vendría ocurriendo desde el año 2006. Un balance de la calidad del empleo en el país en el período 2001 – 2011, permite revelar que los incrementos salariales sustentados en una política de contención salarial desplegada hasta ahora, no contribuyen a mejorar la calidad del empleo, sino más bien, aportan a profundizar el estado de precariedad laboral reinante en el país.  

 

La calidad del empleo en descenso

 

Uno de los rasgos centrales del mercado de trabajo actual en el país tiene relación con la pérdida apreciable de la calidad del empleo, traducido en la generalización de fuentes de trabajo inestables, con bajos ingresos y sin aportes a la seguridad social de largo plazo, es decir, empleos pobres para gran parte de los bolivianos y bolivianas. Este hecho fue resultado de la consolidación del patrón de sobreexplotación del trabajo que comenzó a implementarse desde los años 80 con el modelo neoliberal a través de medidas públicas y prácticas empresariales flexibilizadoras que alentaron la destrucción de los empleos de calidad en provecho de una mayor acumulación de capital y el mantenimiento de la estabilidad económica y fiscal nacional.

 

El comportamiento del empleo urbano en la primera década del presente siglo ilustra bien el descenso sostenido de la calidad de las fuentes de trabajo en el país con una significativa concentración en aquellos empleos extremadamente pobres. En efecto, tomando información del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, para las ciudades capitales del eje central y El Alto, el año 2011,la población ocupada sumaba un total de 1 millón 755 mil personas de los cuales sólo 21 de 100 ocupados contaban con empleos no precarios menor al del año 2001 donde 22 accedieron a este tipo de fuentes laborales, revelando que la calidad del empleo no tuvo mejora alguna y, pareció mostrar más bien un proceso regresivo.

 

Observando el comportamiento del empleo en los sectores de mercado de trabajo, es posible distinguir con más luces esta regresión ya que en sectores como el estatal y empresarial, la disminución de las proporciones de ocupados con empleos adecuados, fue más notoria dado que en el primer sector, bajó de 51 a 41 ocupados y en el segundo de 29 a 20 personas entre el 2001 y el 2011. En los sectores atrasados de la economía nacional como el semiempresarial y familiar, se produjeron ligeros incrementos de ocupados con empleos no precarios en contraste con el aumento considerable de la cantidad de personas con fuentes de trabajo extremadamente precarios. Desde la perspectiva de género, el retroceso en la calidad del empleo femenino fue también significativo ya que la proporción de ocupadas con fuentes laborales no precarias disminuyó de 17 por ciento registrado el 2001 a 14 por ciento el 2011.

 

El estado de la precariedad del empleo adquiere un rostro más crítico al observar el incremento alarmante de la población ocupada con empleos precarios extremos en el período señalado, vale decir, más personas con fuentes de trabajo eventuales o temporales, ingresos por debajo de una canasta alimentaria básica y sin seguridad social de largo plazo.

 

Efectivamente, el 2011, la cantidad de ocupados con empleos precarios extremos se elevó a 51 en comparación a los 22 existentes el año 2001, mientras que en el caso de las mujeres ocupadas afectó a 65 de ellas, cambios alarmantes que se registraron en todos los sectores del mercado laboral urbano, particularmente en el mundo familiar donde la precariedad extrema creció en un 150 por ciento. Si bien en el llamado sector formal de la economía (estatal y empresarial) la elevación de ocupados con empleos precarios extremos fue en menor magnitud, no escapa a la tendencia general que apunta a una sostenida pérdida de la calidad del empleo en el país hasta niveles extremos de pauperización.

 

En este panorama, la mejora de la calidad de los empleos pasa por políticas y acciones integrales de mayor envergadura y con una orientación política y económica radicalmente distinta a la vigente, por lo que, las medidas de incremento salarial como la dispuesta recientemente no aportan a revertir la creciente precariedad de las fuentes de trabajo como sucede en el caso de los asalariados y asalariadas del país.

 

Asalariados viviendo en precariedad

 

De acuerdo a datos del CEDLA para el 2011, en las ciudades capitales del eje central urbano del país y El Alto, la mitad de los ocupados eran trabajadores asalariados (incluyendo al trabajo asalariado del hogar); 29 de 100 de ellos eran obreros y 71 como empleados. Casi dos tercios de estos asalariados se encontraban en el denominado sector formal de la economía (63 por ciento en los sectores estatal y empresarial) y el tercio restante en establecimientos semiempresariales, sector que en la primera década del presente siglo mostró un repunte importante en la incorporación de trabajadores asalariados. Con excepción del comercio, prácticamente en todas las actividades económicas sobresalió la cantidad de asalariados, destacando en orden de importancia los servicios (68.5 por ciento), la construcción (60.5 por ciento), la industria manufacturera (45.7 por ciento) y el transporte (45.3 por ciento) como las ramas de actividad con mayor grado de asalariamiento.

 

La precariedad laboral alcanzó a 81 de 100 asalariados en el año mencionado, 29 de los cuales se desenvolvieron en empleos precarios extremos y, por ende, sin protección de las normas laborales vigentes. Entre los obreros, la precarización de los empleos llegó a un nivel alarmante dado que 95 de 100 de estos trabajadores contaban con fuentes laborales pauperizadas y 43 de ellos tenían fuentes de trabajo extremadamente precarios. Estos datos sencillamente muestran una realidad bastante lejana de los postulados constitucionales y de las políticas públicas actuales que proponen “trabajo digno” para toda la población boliviana.

 

Si bien entre los empleados el panorama es relativamente diferente, no deja de resaltar el grado de precariedad existente tomando en cuenta que 3 cuartas partes de estos asalariados (76 por ciento) accedieron a empleos precarios y 22 a fuentes de trabajo de extrema precariedad. Es importante señalar que en esta población trabajadora, la mayor proporción se concentró en aquellos que contaban con empleos precarios moderados (52.6 por ciento) lo que podría implicar cierta mejora en alguna de las condiciones laborales (estabilidad, salarios  o acceso a la seguridad social) sin terminar de superar la baja calidad del empleo existente. En el sector estatal se encontraban una parte importante de los asalariados que dispusieron de empleos  no precarios.

 

En gran parte de las ramas de actividad, fueron pocos los obreros y obreras que contaron el 2011 con empleos no precarios o adecuados (menos de 6 por ciento), con excepción de los servicios donde el porcentaje de trabajadores con esta calidad de empleos fue relativamente significativa (19.1 por ciento). En consecuencia, algo más del 90 por ciento de la población obrera en buena parte de las actividades económicas urbanas, contaron con empleos con algún grado de precariedad, resaltando los rubros del comercio y los servicios que concentraron a algo más de la mitad de sus obreros con fuentes laborales de extrema precariedad. Entre los obreros de los rubros que comprende el sector semiempresarial y en las trabajadoras asalariadas del hogar, la precariedad laboral alcanzó a prácticamente la totalidad de estos ocupados, situación que revela la profundización de la pérdida de la calidad del empleo en sectores no formales.

En rubros como la industria manufacturera, el transporte y en los servicios, una relativa mayor proporción de obreros tuvieron fuentes de trabajo con precariedad moderada, es decir, empleos con cierta mejora en algunas de las condiciones laborales.

 

En el caso de los empleados, casi en todas las ramas de actividad (excepto construcción), alrededor de la mitad de estos trabajadores se desenvolvieron en empleos de precariedad moderada sin perder de vista que una proporción significativa (25 por ciento en promedio) se encontraban en fuentes laborales extremadamente precarias. En comparación a los obreros, si bien la proporción de empleados con empleos no precarios es relativamente mayor, la tendencia hacia la concentración de estos trabajadores en empleos precarios moderados y extremos no sólo es evidente sino un proceso difícil de revertir en el largo plazo considerando que hoy en día la precarización laboral y, en este marco, el mantenimiento de salarios bajos, es una política vital para continuar favoreciendo la acumulación de capital y la estabilidad fiscal.

 

Incrementos salariales que no harán mella en mejorar la calidad del empleo

 

El panorama descrito refiere un mercado de trabajo urbano en crisis y un escenario de desigualdad económica y pobreza donde los trabajadores asalariados, particularmente los obreros y obreras subsisten entre la eventualidad laboral, la cesantía, los bajos salarios, el subempleo y la desprotección social. En tal sentido, para nada es exagerado sostener que la medida de incremento salarial promulgada hace días recientes, que reitera la vieja política de contención salarial desplegada desde hace mucho tiempo, no cambiará el estado de precariedad laboral en el que viven los asalariados urbanos del país.