La Paz, 30 (ANF).- Las propuestas, recientemente eliminadas, del gobierno y de la COB para reformular la Ley General del Trabajo penalizan la huelga y mantienen la exclusión de los trabajadores del Estado del derecho a la sindicalización, según un análisis realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).Estas iniciativas, sumadas al proyecto de Ley del Servidor Público fueron descalificadas hace algunos días por el vicepresidente Álvaro García Linera, que dijo que estos documentos no eran oficiales, pese a que salieron del Ministerio de Trabajo en el caso de la propuesta gubernamental.

El Anteproyecto del Código del Trabajo, presentado por el gobierno a las organizaciones y a la opinión pública en general hace algunos meses generó reacciones negativas entre las organizaciones, por lo que representantes de los fabriles, magisterio urbano de La Paz y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) manifestaron su rechazo a la propuesta gubernamental.

La Central Obrera Boliviana (COB) elaboró una contrapropuesta de Código Laboral para reemplazar la Ley laboral, norma vigente hace más de medio siglo. Algunos sectores laborales observaron que ninguna las dos propuestas garantiza el cumplimiento de las conquistas logradas por los trabajadores; menos aún, plantean una actualización del marco normativo considerando los intereses de la clase trabajadora.

El investigador del CEDLA, Carlos Arze, señala que ambas propuestas atentan contra el derecho a huelga al hacerla impracticable, al prohibirla expresamente o al excluir a numerosos sectores de la cobertura de la ley laboral. En el caso del gobierno se establecen procedimientos dirigidos a amedrentar a los trabajadores y socavar la representatividad de las direcciones sindicales.

En la propuesta de la COB, se condiciona su declaratoria a un largo proceso previo, aún en el caso de la huelga de hecho. Además, en ambos casos, se otorga el derecho de paro a los empleadores, que puede ser asumido recurriendo a justificaciones y pretextos simples y ambiguos, con lo que su declaratoria resulta más probable que la de la huelga de los trabajadores, apunta Arze. “Lo más aberrante, sin embargo, es la inclusión de sanciones penales para ciertas acciones de los dirigentes y trabajadores durante el desarrollo de la huelga, alentando la división de la organización sindical”, añade el investigador.

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