Denuncian que el Gobierno menospreció sus sugerencias. Exigen un sistema independiente y transparente en el manejo de los aportes de trabajadores. Alertan sobre más cargas sociales.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Armando Gumucio, denunció que el gobierno no consideró para nada las sugerencias que realizó el sector que lidera con relación a la nueva ley de pensiones que piensa enviar al Legislativo para su aprobación.

Lamentó que las tenues reuniones sostenidas con funcionarios de gobierno fueran poco productivas e insuficientes porque lamentablemente aún prevalece la política sobre la economía. “En el sentido que el Ejecutivo no consideró las sugerencias y posiciones del sector industrial”, argumentó.

Los empresarios seguirán insistiendo en sus observaciones realizadas sobre la ley y esperan que el Gobierno escuche las sugerencias que realizaron y no sea obsecuente con sus planteamientos, subrayó.

«Agotaremos los esfuerzos para ser escuchados por el Gobierno y dejaremos constancia en la opinión pública y nuestros asociados sobre nuestra posición y planteamientos», enfatizó.

Las observaciones realizadas por la patronal están referidas a que existe con conflicto de intereses en el hecho de que uno mismo es el normador, fiscalizador y el administrador del nuevo sistema de pensiones. Ante lo cual, plantearon la independencia de estas instituciones para garantizar la administración transparente del aportes de los trabajadores para su jubilación.

Otro aspecto que preocupa a la CNI, es la arbitrariedad con la que podrían ser manejados los recursos disponibles en el mercado de valores, ya que el Estado será deudor y acreedor de dichos recursos al ser administrador del nuevo sistema de pensiones.

«Nos preocupa también que se creen más cargas sociales para las empresas, como el nuevo aporte patronal del 3 por ciento, sin duda éste afectará a la capacidad financiera de las empresas y a las inversiones», manifestó.

Gumucio explicó que hasta el momento su sector no conoce los modelos actuariales que fueron utilizados para elaborar el proyecto de ley de pensiones y que por experiencia de otros países estos tienen un horizonte de 10 años.

“No estamos de acuerdo con ese planteamiento, el problema que vemos en el proyecto de Ley de Pensiones es la falta de independencia de la administración de los fondos de pensiones”, resaltó.

El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, manifestó que se tiene la instructiva presidencial de enviar el mencionado proyecto al Legislativo para su aprobación este mes, previo consenso logrado con la dirigencia de la Central Obrera Bolivia la (COB).

La autoridad está segura que en los próximos días se llegará a un acuerdo sobre este tema con la dirigencia de la entidad matriz de los trabajadores.

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Arce, aclaró que por mandato de la Constitución Política del Estado (CPE) el Estado se hará cargo de la administración de los fondos de pensiones.

Aclaró que los jubilados del antiguo sistema de pensiones no serán tomados en cuenta por la nueva ley de pensiones para que puedan acceder al beneficio de la fracción solidaria.

«Los jubilados del sistema de reparto tienen su propio régimen, el Estado va ha seguir pagándoles como hasta ahora y la ley está siendo legislado para la gente que hoy está aportando al (nuevo) sistema.

El analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y agrario (Cedla) Carlos Arze, explicó que los únicos sectores que se beneficiarán de la fracción solidaria son los actuales rentistas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y los trabajadores que al momento realizan sus aportes para su jubilación. /ANF.

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