La Paz, 5 de julio de 2005. “El empleo en Bolivia es el gran perdedor, tanto en cantidad de puestos de trabajo como en calidad, porque el sector productivo nacional, particularmente la industria manufacturera, enfrenta desde aproximadamente 1998 una severa crisis como resultado de su débil desempeño en el mercado configurado por la apertura comercial, debido a sus limitaciones estructurales que la hace poco competitiva”, afirma un último análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). El estudio desvirtúa los argumentos que en anteriores semanas han esgrimido algunos organismos empresariales respecto a que las movilizaciones sociales de mayo y junio pasados en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, fueron las causantes del cierre de pequeñas empresas, el despido de trabajadores, la mayor destrucción del aparato productivo y pérdidas millonarias, especialmente en la ciudad de El Alto. En su análisis, el CEDLA señala que aunque resulta innegable la importancia de la industria manufacturera en la economía boliviana y en la generación de empleo, ésta se ve empañada por las grandes limitaciones estructurales de la industria nacional. En primer lugar, en Bolivia nunca existió una visión estratégica sobre el papel del sector manufacturero en el desarrollo económico nacional. Ni la propuesta de sustitución de importaciones del anterior modelo estatal ni el planteamiento de libre mercado y del modelo exportador lograron construir y consolidar una industria de carácter nacional, sostenible y competitiva. En segundo lugar —y especialmente desde la implantación de la apertura comercial irrestricta en el país—, la industria nacional carece de políticas sectoriales orientadas a potenciar su rol en la reestructuración productiva y en la articulación con otros rubros y sectores económicos . Para colmo, la libre importación de bienes, sumada al contrabando y la consolidación de una economía abierta (la más abierta de América Latina), configuró una industria débil, concentrada en micro y pequeñas unidades y con escasas empresas grandes con capacidad de exportación. En tercer lugar, señala el CEDLA, la industria nacional se caracteriza por su rezago tecnológico, su fragmentación, su incapacidad de establecer un mercado interno, su concentración en la producción de bienes de consumo básico, la escasa oferta de productos de exportación y su incapacidad para competir con bienes importados de menor precio y mayor calidad. Desde 1998, la industria experimenta una severa crisis de productividad que pone en riesgo el crecimiento sectorial y que se refleja en una recesión económica con escasas posibilidades de mejora en el corto y mediano plazo . El incremento de las exportaciones en los dos últimos años, en el marco del ATPDEA, benefició las actividades de algunos rubros y empresas exportadores con limitado impacto para generar un desarrollo sostenido del sector. El análisis del CEDLA recuerda que a las anteriores limitaciones del sector industrial nacional se suman otros problemas: el sobreendeudamiento de las empresas, especialmente de grandes y medianas, debido a la deficiente gestión empresarial, a su rezago tecnológico, a su débil inserción en los mercados y los efectos de la crisis económica no resuelta por los gobiernos. Un ejemplo de ello fue la creación del “Hospital de Empresas”, medida destinada a “salvar” la delicada situación de varios establecimientos y cuyo impacto fue casi nulo, según evaluaron los mismos empresarios. En este sentido, la crisis de la industria nacional persiste y es anterior a los conflictos sociales. El recurso más fácil: ajustar a los trabajadores Frente a la crisis estructural y las limitaciones propias de la industria, los empresarios optaron por algunas estrategias de ahorro en sus costos de producción. Para ello recurrieron al expediente más fácil: ajustar el empleo y los salarios, apoyados en la flexibilización laboral vigente desde 1985 en el país, traducido en la reducción del personal de planta, echando mano al trabajo a contrato fijo; disminución del salario básico separándolo de los bonos establecidos por ley y las conquistas sindicales; la intensificación de los ritmos de trabajo, prolongando la jornada de trabajo e incrementando el número de tareas, y el desconocimiento paulatino de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos (vacaciones, seguridad social y fuero sindical). Además de la flexibilización, varias empresas externalizaron algunas fases de la producción de bienes, del trabajo administrativo y de los servicios, a través de la subcontratación de pequeñas empresas, talleres y maquilas. Con estos sistemas, los empresarios contribuyeron a una permanente cesación de empleos permanentes y a la extensión del trabajo temporal, mal remunerado y seriamente desprotegido. El Alto, ciudad de empleos precarios El análisis del CEDLA sostiene que en el caso específico de El Alto —epicentro de las luchas sociales por la nacionalización de los hidrocarburos—, hablar de empleo pleno, entendido éste como empleo digno y de calidad, es una ilusión, debido a que desde 1985, año de la instauración del modelo de libre mercado, los empleos estables y con condiciones laborales adecuadas fueron disminuyendo progresivamente para dar paso a un dramático aumento de empleos eventuales, sin seguridad social, mal remunerados y sin derechos laborales. El Centro asegura que, en todo caso, las empresas industriales grandes y medianas contribuyeron de manera activa a la generalización del empleo precario y de mala calidad en El Alto, al utilizar el trabajo como principal factor de ajuste de los costos de producción. La ecuación utilizada fue y es: menos trabajadores con contrato indefinido y menor inversión, menos costos de producción; mayor alargamiento de la jornada, más trabajadores eventuales, subcontratación de tareas antes realizadas dentro de la empresa, disminución de salarios y menor cobertura de las protecciones de salud y seguridad social, mayor productividad empresarial; menos trabajadores antiguos, menos gastos. Todo lo anterior generó empleos inseguros y sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Ante la ausencia de políticas estatales generadoras de empleo y el limitado aporte de las empresas del sector formal, los alteños y alteñas crearon sus propios empleos. El CEDLA afirma que un rasgo predominante de estas unidades de producción es que son generadoras de empleos precarios y de mala calidad, donde los pequeños propietarios, sus familiares y, fundamentalmente, los operarios, ayudantes y otros trabajadores asalariados desarrollan largas jornadas de trabajo por bajos salarios, reproduciendo un proceso de sobreexplotación laboral y de total desprotección social. En este sentido, los datos del CEDLA son elocuentes: para el año 2000 , la eventualidad laboral afectaba al 30% de los obreros de El Alto y a un 36% de las obreras, principalmente en la manufactura. En el 70% restante de obreros con trabajo permanente están incluidos todos aquellos que continúan en una empresa a partir de la renovación de contratos fijos (de tres, seis y 12 meses) lo que significa que no son precisamente empleos con contrato indefinido. La precariedad laboral tanto en la micro y pequeña empresa, como en las grandes y medianas empresas, profundizan la pobreza en la que transcurre la vida cotidiana de los hogares alteños. Por tanto, el desempleo en el país es un proceso estructural agravado por la aplicación de políticas que han abandonado los objetivos de empleo y de equidad. Del mismo modo, el cierre de micro y/o pequeñas empresas o el despido de sus trabajadores responden a otras causas relacionadas a las características estructurales propias de estas unidades: alto rezago tecnológico y organizativo, alta estacionalidad, vulnerabilidad frente a los cambios en el mercado interno y externo, no competitivo y con una débil capacidad de mantenerse en una economía abierta como la boliviana. En este contexto resulta falaz afirmar que las últimas movilizaciones sociales han ocasionado un deterioro en el desarrollo de estas unidades económicas. Lo evidente es que algunos sectores empresariales pretenden desvirtuar la lucha y demanda social por la nacionalización de los hidrocarburos, destaca el CEDLA.