Para la próxima gestión, las planillas de gastos de las empresas tendrán que tomar en cuenta el incremento salarial (el Gobierno habla de un promedio del 5% y los trabajadores piden el 15%) y el 3% obligatorio para el fondo solidario de jubilación.

Dos desembolsos que, de acuerdo con la Confederación de Empresarios de Privados de Bolivia (CEPB), van a provocar que para poder cumplirlos las distintas empresas opten por trasladar los costos al producto o servicio que brindan y que algunas, de acuerdo con su tamaño y capacidad económica, analicen la posibilidad de reducir la plantilla de sus trabajadores.

Al respecto, Napoleón Pacheco, director de la Fundación Milenio, sostuvo que se debe tener cuidado y analizar la situación financiera de cada institución para ver cómo estas responsabilidades sociales van a afectar la rentabilidad de las mismas y de qué manera el despido de personal es la última opción.

Sobre el tema, Roberto José Arce, gerente general de la empresa Alimentos S.A (ALSA) remarcó que cualquier aumento en los costos los va a afectar, más si este aumento no está acompañado con un aumento en la productividad o en el incremento de ingresos. “Muchas empresas para hacer frente a este aumento de costo se verá obligada a encarecer su producto al consumidor final. Esto va a repercutir en el costo de vida”, precisó Arce.

En cuanto al despido de personal, Arce indicó que el mismo está restringido y explicó que ALSA puede optar, si así lo precisa, por recortar distintos servicios a su personal: cortes en la tarea de inventarios, los trabajos de mantenimiento y así algunos ajustes que no afecten directamente a la producción.

Similar criterio tuvo Lissy Jiménez de la empresa de baterías Batebol, que sostuvo que el despido de personal en esta compañía está descartado y que el incremento salarial cualquiera, que sea el porcentaje, más el pago del fondo solidario para la jubilación, será asumido.

“En una actividad tan especializada como la nuestra donde se invierte en la capacitación de los trabajadores, el despido no es la  opción que manejamos. Como tampoco subir el precio de las baterías, porque en un mercado tan competitivo como el nuestro cualquier suba de costo es perder más de lo que se gana”, dijo Jiménez.

Para Nicanor Baltazar, secretario de Empleo y Desocupación de la Central Obrera Boliviana (COB), el 3% que deben pagar las empresas para la conformación de un fondo solidario para generar recursos para las personas que tienen un bajo aporte y puedan mejorar su renta, es una obligación social que los privados deben cumplir y que este porcentaje no debería provocarle problemas financieros y mucho menos la excusa para despedir a sus trabajadores.

Cabe recordar que el ministro de Economía, Luis Arce, indicó que no sólo los privados son los que van a aportar para ese fondo solidario sino que el Estado, como principal empleador, va a tener que cumplir con esta obligación a la que debe sumarse el pago de la Renta Dignidad, que llega a todas las personas de la tercera edad, perciban o no su respectiva jubilación.

Para Carlos Arze, responsable de la Unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), el hecho de que los empresarios privados con sus propios recursos deban contribuir al fondo solidario, es una muestra de que el Estado sólo está presente como empleador, algo que contradice a la Constitución Política del Estado, que señala que es obligación social del Estado velar por la toda seguridad laboral.

En detalle

– Situación. A octubre de 2010, según Fundempresa, la actividad con mayor cantidad de empresas registradas fue la de comercio al por mayor y menor con 16.153 empresas, representando un crecimiento del 33,2% a similar periodo de 2009; le siguen en importancia las empresas dedicadas a la actividad de la construcción con 8.506 empresas con un crecimiento de un 16,1% y las de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 7.642 empresas con crecimiento del 5%.

– Tipo. Dentro de la base empresarial a octubre las firmas unipersonales cuentan con 36.502 unidades, representando un 69,6%, mientras que las de SRL  es de 14.304 empresas representando un 27,3;, el resto de tipos societarios alcanzan a 1.659 empresas que representan el 3,2%

– Clasificación. Por actividad económica, la base empresarial a octubre cuenta con 16.153 empresas dedicadas al comercio por mayor y al por menor con una participación nacional del 30,8;, le siguen las empresas dedicadas a la construcción con 8.506,  lo que corresponde al 16,2%, y las empresas  inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 7.642,  lo que representa el 14,6%.

Las frases

El aporte de las empresas es una obligación social que se debe respetar y cumplir según lo dicta la ley vigente”
Nicanor Baltazar | Secretario de la  COB

No tenemos otra alternativa que cumplir con la norma, como siempre lo hicimos; la pregunta es si lo podremos hacer”
Guillermo Ríos | Empresario

La CNI alerta crecimiento moderado

Para la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la combinación del incremento salarial y el fondo solidario de jubilación, más una baja inversión, va a provocar un crecimiento moderado en el sector empresarial.

La entidad señaló que hasta ahora el desempeño de la economía boliviana es positiva,  pues mantendrá su crecimiento cercano al 4,5%. Sin embargo,  se continúa en un escenario de crecimiento moderado con muy poca inversión, lo que limita las expectativas de mejores perspectivas para el país.

“Es importante remarcar que las razones que sustentan los bajos niveles de inversión son las debilidades estructurales en la administración gubernamental, afectadas por bajos indicadores de gobernabilidad y clima de negocios adverso que se percibe en el país”, señala el comunicado de la Cámara.

Sobre el efecto que pueden tener estas obligaciones sociales  (salario y fondo solidario) en las finanzas y en la rentabilidad de las empresas, la CNI remarcó que el impacto de ambos eventos y es un incremento en los costos de la mano de obra, pues el costo de ésta es parte del costo de los productos que elaboran todas las empresas industriales, por lo tanto encarecerán los productos elaborados.

En cuanto a la posibilidad de responder a estas dos obligaciones, desde la entidad indicaron que el empresariado siempre cumple con los mandatos legales, a tiempo de subrayar que el acatamiento de una norma legal no es discutible, y que si una empresa formal no puede cumplir con lo que mandan las leyes, simplemente debe cerrar sus operaciones.

Así lo ven los sectores

Gustavo Jiménez-Unifranz
No habrá un incremento
“En el tema del incremento salarial sería razonable y sin necesidad de retirar personal un 4%, y para el tema del fondo solidario, en caso de que suplante al aporte patronal del 1,71%, tendría que acatarse, pero si fuese adicional a este aporte no debería pasar del 1%. Subir el costo de la matrícula podría ser muy sensible, así que por lo menos al corto plazo esa posibilidad ha quedado descartada”.

Guillermo Ríos-Bolinter
Es una carga pesada
“Sin dudas que este aumento en los costos de nuestra planilla laboral va a ser un impacto negativo, lo que va a provocar un mayor costo al que ya teníamos. En lugar de aliviar la carga a las empresas, éstas son más castigadas. En Bolinter los incrementos salariales del 3 al 5%, dictados por el Gobierno, siempre se los ha cumplido, pero una carga adicional va a complicar nuestra situación financiera”

Carlos Caballero SRL
No pensamos hacer despidos
“Consideramos que el despido en nuestra actividad no es la mejor alterantiva, además en esta negocio la falta de mano de obra especializada es una constante. Con seguridad que se va a tener que trasladar el incremento en el costo de producción a nuestros clientes, de eso no hay duda. Imagínese que tenemos una plantilla de trabajadores de entre 400 y 500 personas, por lo que cualquier aumento nos afecta”.

M. Turupayo- Alimentaria
Mejorar la productividad
“Para poder hacer frente al encarecimiento de los gastos se debe buscar alternativas tecnológicas para mejorar la productividad de la mano de obra; sin embargo, eso tiene como efecto colateral la disminución de la cantidad de personal al reemplazar a las personas por máquinas. Otro aspecto es el de bajar los costos de producción como el de la materia prima y, por último, queda incrementar el precio de venta”.

Cifras

Las empresas
3%
Según el proyecto de ley de pensiones este es el porcentaje que las empresas deben aportar para el fondo solidario de jubilación

Recurso adicional
2%
El proyecto contempla que las empresas mineras, aparte del 3% ,tienen que aportar el porcentaje indicado más arriba

Aumento
20,9%
Éste fue el crecimiento de la base empresarial en Cochabamba, la mayor del país.

Crecimiento
19,2%
En este porcentaje aumentaron las creaciones de empresas unipersonales

Opinión

“El impacto va a variar de acuerdo con el sector”
Kathya Vaca Díez / Economista
Se debe dejar en claro que la participación de las empresas en la conformación del fondo solidario para la jubilación es de un 3% y un 5% (en el caso de las compañías mineras); ante este panorama el impacto en la estructura económica de las compañías va a variar de acuerdo con la actividad que realice.

Si se trata de una empresa que presta servicio y que su planilla de trabajadores es importante, sin dudas que va a sentir un mayor impacto el hecho de que tenga que realizar un incremento salarial y, de paso, destinar un capital para el fondo solidario de jubilación.

Esto sucede generalmente en los colegios y universidades donde mantener la mano de obra (los profesores y docentes) es el mayor gasto que realizan esta instituciones ya que suelen ocupar hasta un 70% del capital destinado. En la industria, en la que los gastos están más diversificados, la situación es diferente.

Sin embargo, para poder mantener su rentabilidad las empresas van a trasladar sus gastos a sus productos generando inflación.

Opinión

“Es un sacrificio que debe ser reconocido por el Estado”
Gonzalo Chávez / Economista
Sin dudas que este nuevo escenario va a tener un impacto en las empresas pues deberán comprender que el pago del fondo solidario de pensiones es un sacrificio que tendrán que hacer a la espera de que éste sea reconocido por el Gobierno.
Se debe pedir que para cumplir con esta obligación los privados no trasladen los costos extras a sus producto finales, lo que sí afectaría de manera directa el poder de compra de las personas.

Se debe estar atento a que es posible que algunos sectores productivos que son menos competitivos opten por la reducción de personal, aunque considero que ésa es una medida extrema. Para ello es una obligación del Estado detectar esos sectores vulnerables e incentivarlos mediante créditos u otro tipo de estímulos fiscales.

Algo que vuelvo a reiterar es que la presencia del Estado en esta ayuda social debería ser mayor para que el peso de esta obligación no sea responsabilidad exclusiva de los empresarios y de los trabajadores.

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