La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia determina que los trabajadores de empresas quebradas, en liquidación, cerradas o abandonadas pueden conformar empresas “comunitarias o sociales” con apoyo del Estado. Algunas experiencias de organización de estas empresas muestran que para los trabajadores este hecho significó la postergación de sus beneficios sociales, la no cancelación de sus salarios y bonos devengados y, la conculcación de sus derechos. Actualmente son “socios” de estas empresas con un futuro incierto.

En función del reconocimiento de empresas sociales en la nueva Constitución Política del Estado[1], el gobierno de Morales promulgó en octubre del 2013 el Decreto Supremo 1754 con el propósito de “facilitar la constitución de empresas sociales privadas” en beneficio de los trabajadores de empresas en crisis. Esta norma define a este tipo de empresa como una “unidad productiva conformada por trabajadoras y trabajadores en igualdad de oportunidades” que pueden realizar “actividades comerciales en cualquiera de los tipos societarios previstos en el Código de Comercio o normas aplicables”.

Según este decreto, lo que podría proyectarse como una empresa diferente con participación de trabajadores en función de sus intereses colectivos, su constitución se sujeta al Código de Comercio que establece ciertos tipos de sociedades comerciales donde sus miembros son simple y llanamente accionistas o socios propietarios (Art. 126).[2] Desde la experiencia de los trabajadores que conformaron estas empresas, esta disposición alienta a liberar a los empresarios quebrados de la responsabilidad de pagar los beneficios sociales y otros derechos adeudados a los trabajadores y cargar sobre las espaldas de los obreros las deudas millonarias acumuladas por estos capitalistas. Veamos dos ejemplos.

HILTRABOL. De obreros explotados a accionistas de una empresa ¿Para qué?

En 2008 se conformó la empresa Hilandería de Trabajadores Bolivianos, HILTRABOL, bajo control y propiedad de los trabajadores. Nació sobre una empresa quebrada por las deudas acumuladas (según los trabajadores alrededor de 27 millones de dólares) y con buena parte del inmueble y maquinarias transferidos a un acreedor financiero. La transferencia de la empresa fue a cuenta de los beneficios sociales adeudados a los trabajadores (incluyendo aportes no cancelados a las AFP) y bajo la condición que las deudas millonarias del empresario, sean asumidas por los trabajadores. La transferencia no fue definitiva ya que quedó en suspenso la entrega final de la propiedad hasta la conclusión del proceso de liquidación y cierre de la empresa.

Los obreros buscaron organizar una empresa a la altura de sus expectativas colectivas, sin embargo, se resignaron a conformar una sociedad anónima[3] de acuerdo al Código de Comercio vigente. Se convirtieron en socios aunque en la realidad sean también trabajadores directos y explotadores de fuerza de trabajo al haber contratado a nuevos obreros. Hasta diciembre de 2012, la empresa dedicada a la producción de hilo industrial, se componía por 152 socios y 50 obreros contratados, además de 21 empleados.

Ser socio no implicó para los trabajadores, superar la situación de precariedad laboral y económica en que vivían y parece más bien que la misma se habría profundizado. Cada socio recibe un pago mensual como la “utilidad” obtenida por su participación, monto casi similar al que percibían en la anterior empresa y que era insuficiente para subsistir.

Recientemente, los socios denunciaron y se movilizaron en contra de algunos socios fundadores que habrían incurrido en malos manejos y apropiación indebida de los recursos de la empresa. Este hecho, podría agravar la situación de creciente insostenibilidad económica de la empresa debido a la deuda casi impagable heredada de la gestión anterior y a los problemas de administración afrontados. El riesgo de cierre de la empresa es alto, situación que develaría que los trabajadores serían los grandes perdedores.

TRABOLTEX. Hacer empresa a cambio de los beneficios sociales

Otra experiencia reciente tiene relación con la empresa Trabajadores Bolivianos Textileros, TRABOLTEX, creada en marzo de 2012 con apoyo del gobierno de Morales y conformada por obreros y obreras de una factoría privada quebrada (MAQUITESA). Ante el incumplimiento del empresario con el pago de varios meses de salarios y del aguinaldo de la gestión 2011, además de otras ingentes deudas que lo llevaron a cerrar arbitrariamente la empresa, los trabajadores tomaron la fábrica e iniciaron posteriormente demandas laborales y judiciales El cierre de la empresa tenía un propósito claro: eludir el pago de las obligaciones salariales y sociales a 120 trabajadores.

La deuda laboral comprendía el pago del desahucio, la indemnización por años de trabajo, salarios adeudados de tres meses, bonos de transporte y de almuerzo, salarios dominicales, aguinaldo y multas correspondientes, horas extraordinarias pendientes, aportes sindicales y multas disciplinarias, además de pagos a los seguros de corto y largo plazo[4]. Según un dirigente sindical, la deuda ascendería a aproximadamente 2 millones 188 mil dólares.

La transferencia de la empresa a manos de los trabajadores fue bajo la figura de un “usufructo productivo” (La Prensa, 16/02/2012) a cuenta de las deudas laborales hasta que los juicios instaurados y el proceso de liquidación sean concluidos y permita la transacción definitiva de los activos de la empresa.

TRABOLTEX se organizó como una sociedad colectiva sin capital de operaciones ni un mercado seguro, solo el interés colectivo de recuperar el pago de las deudas sociales a través de la transferencia y la expectativa por contar con un emprendimiento propio.

 “Nos basamos en un directorio (con base en) el sindicato y todos los trabajadores estamos para velar por la situación de la empresa, sin que el directorio ni algún empleado esté sacando la plata de la empresa. Como empresa social velamos porque salga adelante y nos autogestionemos. Todos los trabajadores estamos en calidad de socios, si va haber ganancias siempre van a ser compartidos por todos los socios, igualmente las utilidades (…).”(Presidente del directorio).

Maquilar para subsistir

La empresa nació con un capital declarado de 2.300 bolivianos, monto aportado por 115  ex trabajadores. Comenzó a operar en un local alquilado, hasta que en mayo de 2013 se trasladaron a un recinto propio donado por el gobierno. Los primeros meses fueron de total incertidumbre y de bajísimos ingresos para los trabajadores. Posteriormente se vincularon con la empresa peruana Topi Top (cuya subsidiaria en Bolivia es Villa Imperial) para la cual maquilan prendas deportivas bajo una relación de subcontratación. El directorio de la empresa viene analizando la posibilidad de producir en el futuro para el mercado venezolano sin tener claro el tipo de contrato a establecerse. A diciembre de 2012, la empresa se redujo a 102 socios.

Condiciones de trabajo

Para los socios, formar una “empresa social” significó, por lo menos en los primeros meses de operación, una drástica disminución de sus ingresos debido a la baja producción. Los gastos de operación (servicios básicos, alquiler de la infraestructura y compra de algunos instrumentos de trabajo), se llevaron gran parte del reducido ingreso generado.

  “(…) el primer mes nos hemos pagado 300 bolivianos y sólo hemos trabajado dos semanas de lo que hemos podido conseguir; después el segundo mes, 800 bolivianos, el mes que ha pasado (junio 2012) hemos incrementado a 1.000 bolivianos y el mes que viene (julio 2012) estamos viendo que serán 1.300 bolivianos para cada trabajador,…” (Presidente del directorio, 2012).

Tal como ocurría en el pasado, los bajos ingresos, obligaron a los trabajadores a tener un segundo empleo o a realizar otras actividades económicas, concluida la jornada laboral y los fines de semana. Si bien en el futuro, podría mejorar la producción y, por ende, los ingresos, los montos estimados por los trabajadores no superarían los salarios precarios que percibían anteriormente, poniendo en duda la proyección real de las “empresas sociales” en la mejora de las condiciones económicas de los socios.

También significó la pérdida de la protección de la seguridad social, la desmejora de las medidas de seguridad industrial y, en general, el deterioro de las condiciones laborales. De este modo, el costo social para los obreros fue muy alto.

“A mí no me alcanza, lo que ganaba antes sí me alcanzaba. Yo era supervisora de planchas y ganaba 2.400, mi bono de antigüedad, todo eso ganaba, todo eso me alcanzaba, pero ahora gano 700. Ni la mitad (de lo que ganaba antes). Me ayudo con otro (trabajo) que es un pago directo.” (Socia de la empresa, 2012).

Perspectivas

Un dilema irresuelto es la tensión entre ser accionista y trabajador de la empresa, tal como ocurre también en HILTRABOL.

“Ala gente le cuesta acostumbrarse a que es dueña y que debe dar un poquito más. Ya no hay un dueño que riña y grite.”(Socia de la empresa).

Asimismo, de mantenerse como subcontratista produciendo para empresarios peruanos, el carácter autogestionario que pretende darse a la empresa y la mejora de la situación económica de los socios podría podrían quedar seriamente afectados. Como se sabe, las relaciones de subcontratación en países atrasados como Bolivia, convierten a las empresas en altamente dependientes y vulnerables a los cambios en el mercado mundial, situación que deriva, como ya sucedió, en el declive de la empresa.

Mientras tanto, continúa pendiente el pago de los beneficios sociales adeudados a los trabajadores, en torno al cual, el gobierno y el aparato judicial, responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, mantienen un silencio cómplice.

BIBLIOGRAFÍA

Compendio Constitución Política del Estado, 2012

Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo Nº 1754 promulgado el 7 de octubre de 2013

Código de Comercio, Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977

Hemerografía y Sitios web:

http://www.hiltrabol.com.bo/res_historica.html

http://hiltrabol.com.bo/dir.html

 

La Prensa, 16/02/12, “Maquitesa pasará a los obreros”