La Paz, 5 de mayo de 2006 La política “nacionalizadora” del gobierno LA PRODUCCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS SEGUIRÁ BAJO CONTROL DE LAS TRANSNACIONALES El decreto de nacionalización abre un nuevo escenario de negociación con las transnacionales del petróleo en base a medidas transitorias de presión. Mientras el gobierno busca un mayor impacto político de esta medida, se omite que las reglas del juego se mantienen con la misma orientación de la Ley de Hidrocarburos 3058. La Paz, 5 de mayo de 2006.- Si bien las reformas contenidas en el Decreto nacionalizador 28701 plantean un mayor control estatal del transporte y la refinación de los hidrocarburos, otorgando al Estado un margen de maniobra en la definición del precio de los carburantes en el país, el control sobre el proceso de producción y exportación de alrededor del 90% de los hidrocarburos como materia prima, sigue bajo el control de las empresas transnacionales, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en un documento en el que evalúa los primeros 100 días del gobierno del MAS. La institución afirma que la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 es la que determina la política sectorial, en tanto que el D. S. 28701, por el carácter transitorio de sus artículos, permite que las empresas petroleras transnacionales continúen definiendo el ritmo y la dirección de la cadena hidrocarburífera boliviana, ya que la propiedad efectiva sobre los medios para su explotación, es decir de los yacimientos, la infraestructura, los equipos, etc., continuarán bajo su dominio, de acuerdo con la política establecida por la mencionada Ley. Ingresos transitorios El gobierno del presidente Evo Morales pretende mostrar que los ingresos a favor del Estado por la producción hidrocarburífera se incrementarán a un 82%, sin aclarar que este aumento es transitorio —durante 180 días, tiempo establecido para que las empresas petroleras modifiquen sus contratos— y sólo será impuesto a Petrobras, Repsol y Total, socias en los megacampos San Alberto y Sábalo (Tarija). De esa manera, la política de “nacionalización” contenida en el Decreto Supremo 28701, se dirige a materializar la migración obligatoria de los contratos petroleros de riesgo compartido hacia los nuevos contratos creados por la Ley 3058, merced a la aplicación de una fuerte presión sobre las empresas transnacionales. Mientras dure ese período transitorio, las mencionadas empresas tributarán el 82% de la producción para el Estado y retendrán el 18% de la producción obtenida en los campos San Alberto y Sábalo. El D.S. 28701 también instruye la realización de auditorías a todas las empresas petroleras que operan en el país, para determinar, caso por caso, las inversiones realizadas, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo, sobre cuyos resultados YPFB determinará la retribución o participación definitiva (dependiendo a qué tipo de contrato migren) correspondiente a cada empresa. Esto significa que el Decreto 28701 ejecuta la medida incluida en la actual Ley de Hidrocarburos, referente al otorgamiento de un premio a campos menores y/o marginales que significa, en los hechos, una reducción del 32% por concepto de IDH a favor del Estado. Asimismo, ratifica la orientación exportadora del gas natural como materia prima. Nuevo escenario de negociación De manera intencional, el gobierno pretende mostrar la participación adicional para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como si se tratara de un aumento permanente del 32% en la tributación del sector establecida en la Ley 3058 (IDH), cosa que no puede ocurrir sin modificar dicha Ley. El gobierno ha pregonado que a partir de la firma de nuevos contratos, las empresas extranjeras se convertirían en prestadoras de servicios (Contrato de Operación). Sin embargo, será el proceso de este nuevo escenario de negociación con éstas el que determine si las transnacionales petroleras están dispuestas a firmar ese tipo de contrato u optar por Contratos de Asociación o de Producción Compartida, pues su interés es participar en la producción de gas y petróleo bolivianos y no sólo prestar servicios a YPFB. Una “nacionalización” selectiva La propuesta “nacionalizadora” del gobierno se complementa con la transferencia gratuita a favor de YPFB de las acciones de los bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) en las empresas capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A. Por tanto, la acción del gobierno para controlar el 50% más uno de las acciones de las tres empresas capitalizadas, no es necesariamente, según el texto del Decreto Supremo 28701, una disminución importante de la participación accionaria de las transnacionales. En el caso de la refinación y almacenaje, el gobierno no niega la posibilidad de que la nacionalización adopte la forma de una compra de las acciones a precios de mercado. Teniendo en cuenta que las empresas Chaco y Andina juntas controlan apenas el 9,7% de las reservas de gas natural y el 9,8% de las reservas de petróleo, la mayoría de las reservas hidrocarburíferas continúa bajo el dominio de Repsol-YPF, Total S.A. y Petrobras, que no participaron del proceso de capitalización y que juntas controlan el 83% de las reservas de gas natural y el 86% de las reservas de petróleo.