Cansadas del centralismo y agobiadas por el atraso y la pobreza, las distintas regiones de Bolivia han apostado por la descentralización, de la municipalización y de la autonomía, con la esperanza de alcanzar un desarrollo local y regional que sea sinónimo de buenas condiciones de vida y de un mejor futuro para todos. Sin embargo, la cosecha no es alentadora, sostiene un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario  (Cedla), difundido por la Plataforma Energética.

A las regiones se les traspasó el 20 por ciento de los impuestos nacionales, con una división per-cápita de los recursos (municipalización), se les dio participación en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (Iehd) y en el Fondo de compensación creado por la Ley de Participación Popular, además del pedazo más grueso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los recursos llegaron a las Prefecturas y municipios en una cuantía mayor a la planificada, pero no sirvieron para sentar las bases del crecimiento y progreso de las regiones, señala el estudio.

Los resultados alcanzados hasta ahora son lamentables, como señala este recuento elaborado por el Cedla:

– El balance inicial muestra que la desigualdad económica entre las regiones y dentro de ellas sigue en aumento. No existen o son muy precarios los nuevos proyectos de desarrollo productivo y la pobreza se mantiene en niveles alarmantes, a pesar del aumento del gasto social.

– La reforma institucional tampoco pudo superar la falta de transparencia y los recursos fiscales son considerados como patrimonio por los sectores más conservadores y ricos de las regiones.

– El discurso descentralizador prometía mejorar la participación ciudadana y fortalecer la democracia, a través de una mayor cercanía de la gente con sus representantes, lo que en teoría permitiría una mejor respuesta a las demandas por parte de los gobiernos locales y un mayor control social por parte de los ciudadanos. Nada de ello ocurrió.

– La distribución de los recursos fiscales ha permitido que gobiernos departamentales productores de hidrocarburos tengan recursos varias veces superiores a otros departamentos, pero con un escaso impacto económico y social.

– Los elevados ingresos fiscales han permitido a los gobiernos nacional y regionales financiar una variedad de bonos de asistencia social y programas sociales, en un ambiente de permanente campaña electoral.

– La distribución de los recursos sigue premiando a las regiones productoras de hidrocarburos y a las que concentran mayor población.

Para mayor información haga clic aquí