Rolando Carvajal

El próximo “estímulo” de hasta 3.500 millones de dólares a las transnacionales se sumará a los12.000M$us ya logrados por las empresas en la década. En el negocio de las termoeléctricas a gas, los bolivianos pagarán su materia prima a precios de exportación. ¿Faltan recursos?: YPFB no ejecutó 3.000 MM$us de sus inversiones programadas en 6 años.

Tan rápida e implacable como la sanción de la ley re-eleccionaria del Presidente para un cuarto mandato consecutivo, es ultimada estos días en el parlamento la legislación ­para beneficiar a las multinacionales petroleras con incentivos de entre 2.890 y 3.556 millones de dólares (MM$us), a fin de redoblar la intensificada extracción de hidrocarburos y su monetización para el gasto, sobre todo corriente, en los siguientes diez años.

Con relativa oposición todavía, el tratamiento parlamentario en la Asamblea de mayoría oficialista (MAS) corre bajo el apremio personal del Mandatario que horas antes de su aprobación en grande el pasado jueves, urgió a los legisladores sancionarla “lo más antes posible”.

Pese al pedido de diversas instituciones, su ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez descartó eventuales modificaciones.

La decisión presidencial, que se suma a anteriores alicientes para consorcios petroleros, elevará casi en 30 % la retribución general ya obtenida –y la futura también– por Petrobras, Repsol, Total y BG, miembros de una decena de renovadas y viejas transnacionales operando en Bolivia, que en la década de Evo acumularon casi 12.000 MM$us en utilidades y costos recuperables.

Confirmará también la más fresca declaración, este martes, del presidente de Repsol, Antonio Brufau de que Bolivia es un país ”magnífico para invertir” y que el gobierno de Morales es su “aliado estratégico”.

La aprobación de la ley fue aplaudida por la Cámara de Hidrocarburos y Energía (CBHE), sectores para gubernamentales y voceros oficialistas en campaña por un cuarto mandato presidencial, en contraposición a grupos de ciudadanos que cuestionan los incentivos y las fallas que indujeron al gobierno para urdirlos desde hace tres años.

Con el conjunto de estímulos, los socios internacionales podrán viabilizar negocios en un escenario que “afectó negativamente al flujo de caja del sector”, dijo Claudia Cronenbold, ejecutiva de esa Cámara.

“Es positiva y necesaria para el desarrollo de las inversiones en exploración, aún más con un escenario de precios bajos, es una medida oportuna y anti cíclica”, agregó.

Entre mayo y agosto, la ejecutiva había celebrado la apertura al negocio petrolero de 22 áreas naturales protegidas (decreto 2366) como un primer paso para incentivos que “reducen los riesgos de las empresas” y sugerido que debería aumentar el cobro de costos recuperables, es decir, la retribución del Estado a las petroleras por gastos de operación e inversión de activos.

En su doble faceta, los sobreprecios de hasta 55 dólares por barril de hidrocarburo con que se estimulará la extracción durante unos 30 años, serán financiados desde un Fondo promocional de inversiones (FPIEEG) por 2.890 MM$us iniciales, sustentado sobre todo por municipios, regiones y universidades.

“Ya se les paga 27 dólares por barril y con el incentivo se llegaría a topes de 82 dólares, el doble de la cotización actual que bordea los 42 dólares el barril” previno el analista Gustavo Rodríguez Cáceres, antes de su participación en un seminario de la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz sobre el tema hoy, miércoles 18.

En agosto pasado, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reveló durante un Congreso petrolero la creación de un fondo de 988 MM$us destinado a promover las inversiones del sector hasta el 2020, que subiría hasta 3.556 millones el 2025, en busca de reponer las reservas gasíferas explotadas.

Más recientemente, el presidente de la corporación estatal YPFB, Guillermo Achá, precisó el nivel de los alcances: “estamos garantizando que todas las empresas sigan trabajando y mantendrán el nivel de inversión que se ha tenido en los últimos años, a pesar del contexto de precios”. (Ver cuadros en documento adjunto)

MAGNIFICO NEGOCIO, ESFORZADO SOCIO

En el periodo 2006-2014, las retribuciones de las transnacionales en utilidades promediaron unos 5.400 MM$us, a lo que debe agregarse las obtenidas en este 2015, de acuerdo con estudios por separado de la Fundación católica Jubileo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Por costos recuperables las empresas sumaron otros 5.600MM$us estimados con base en cifras oficiales en ese mismo periodo, sin contar la presente gestión.

Sin embargo, a pesar de sus ganancias incrementadas respecto de gobiernos anteriores, las petroleras han reducido sus niveles de inversión en Bolivia.

De 1.750 MM$us registrados el 2013 la inversión extranjera directa cayó a 648 millones el año pasado, según cifras IED del Banco Central, paradoja atribuida a una presión para obtener más ventajas.

Tan sólo en agosto del 2014, el gobierno les reconoció 4.798 millones de 4.931 MM$us reportados como costos recuperables entre mayo-2007 y julio-2014, habiéndoles observado únicamente 133 millones, por lo que resolvió admitir para su pago el 97 % de sus peticiones.

Al cerrar el 2015, para acicatearlas con una tercera oleada de premios, el régimen del presidente Morales pugna porque los recursos del FPIEEG provengan en 60 % a las regiones y universidades y en 40 % por el Ejecutivo, que por su parte podrá descargar también su cuota con papeles fiscales bajo la forma de notas de crédito fiscal (Nocres), una virtual devolución de impuestos en desmedro de los ingresos para todo el país.

El terco afán por afectar los recursos regionales no es nuevo: el 2013, YPFB planteó la postergación, por tres a cinco años, de los pagos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de Regalías a las gobernaciones y municipios, pero su propuesta mereció el rechazo generalizado.

RECORTE DE RECURSOS YA REBANADOS

La ley por sancionarse echa mano de un 12 % de ingresos del IDH, que por un tercio de la renta petrolera (32 %) reciben gobiernos subnacionales y centros superiores de estudio entre otras instituciones, incluida la administración central.

Sin embargo, debido a rodajas para el Tesoro nacional (TGN) y otros organismos no productivos, en los hechos el IDH regional-institucional no rebasa al 27 % efectivo de la torta petrolera en Bolivia, negocio en que los mayores comensales y beneficiarios son el gobierno nacional y su burocracia (48 %) y las multinacionales (25 % aproximado, que puede subir mucho más).

En efecto, del 18 % asignado en Regalías regionales, el gobierno extrae 6 % para el TGN, de acuerdo al desglose del IDH previsto por ley.

Igualmente, del 32 % por IDH obtiene 17 % para el Fondo Indígena, compensaciones y transferencias a Policía y Fuerzas Armadas y para el TGN nuevamente (Ley 3058, distribución de regalías e IDH, Cap. II.)

A ello se agrega casi un 25 % en participaciones de YPFB, patentes y otros impuestos (IEHD, IUE, IVA, IT, etc.), sumando todo este conjunto el 48 % administrado por el Ejecutivo.

Consistentes en una retribución adicional de entre 30 y 55 dólares por cada barril de crudo o de condensado asociado al gas, dependiendo de si son extraídos en zona tradicional o no tradicional, y sujetos a cotización internacional y producción, estos premios y sus variantes, son la base de una cuestionada estrategia oficial para paliar las imprevisiones, excesos y deficiencias de gestión gubernamental.

GESTION DE Los INGRESOS

Al margen de los casos de corrupción, en casi diez años de precios altos, el régimen del presidente Morales y su élite burocrática al mando del país desde el 2006, no lograron constituir un fondo de reservas anticrisis para costear, por ejemplo la inversión petrolera.

De acuerdo con Guillermo Achá (YPFB), la danza de cifras contempla un requerimiento de 27.900 MM$us a invertir en periodo 2016-2025, lo que significa un promedio no mayor a los 2.700 MM$us anuales.

Pero los deseos han sido superiores a la realidad: en el periodo 2010-2015, las inversiones privadas y estatales del sector fueron programadas en 13.000 MM$us, de los cuales sólo se ejecutaron 9.980.

El remanente de 3.000 millones de dólares sin ejecutar, que hubiera cubierto por sí solo las necesidades del FPIEEG sin afectar a regiones y universidades, ha quedado en la intransparencia, dada la opaca imputación a problemas ocasionados por lluvias, que sin embargo dejan entrever una deficiente gestión de las inversiones planeadas.

El caso crítico corresponde al año pasado, cuando se programaron 3.090 MM$us y sólo se ejecutaron 2.050. Aun cuando faltan 45 días para cerrar la gestión actual y pese al empuje de los primeros meses, Achá estima que quedará un 5 % sin ejecutar, lo que significa, en tiempo de vacas flacas para el país, pero no para su élite burocrática, unos no despreciables 123 MM$us.

NEGLIGENCIAS ¿O NEGOCIOS A TODO VAPOR?

Otra de las imprevisiones, detectada por la Fundación Jubileo, corresponde al ministerio de Economía, que estableció un presupuesto nacional (PGN-2015) con 80 dólares de cotización internacional cuando la cara de la realidad promedia los 42 dólares/año

En consonancia con la caída de la renta petrolera anunciada por el Presidente, 5.400 a 3.500 MM$us, el Servicio de Impuestos SIN informó que los ingresos por el IDH cayeron en un 27% entre enero y octubre de este año y los servicios de comercio exterior reportaban que las exportaciones se precipitaron en 32,5% en valor.

En un contexto donde el narcotráfico y el consumo de drogas avanzan sobre el país, los obispos de la Iglesia Católica reunidos en Cochabamba llamaron la atención sobre “gastos innecesarios y descuido en las áreas de salud y educación.

“Se imponen gastos en obras no esenciales, descuidando la salud y la educación e ignorando los llamados a la austeridad”, dijo el arzobispo de Santa Cruz Sergio Gualberti este fin de semana.

La madre de todos los vicios parece haber sentado nido en el modelo extractivista de una política gubernamental autoritaria e intolerante (“toda disidencia es traición”, dijo el Vicepresidente el mes pasado en Montevideo) que no ha abierto opciones adecuadas para la diversificación económica

“Los gastos corrientes en sueldos y salarios del Sector Público siguen aumentando y general se puede señalar que, lamentablemente, esta última década que se han recibido grandes ingresos por la venta de recursos como los hidrocarburos, no se habrían aprovechado para impulsar un cambio del patrón de desarrollo, y establecer una economía más productiva”, dijo en su análisis PGN-2015, la Fundación Jubileo.

En consonancia con la despreocupación oficial, muchos observadores encontraron entre noviembre y marzo pasados que la caída del crudo no debía preocupar entonces al país debido a que los precios referenciales “aún estaban altos” y su impacto en los ingresos se daría de forma lenta.

Pero ya en junio pasado los precios de exportación del gas boliviano habían decaído hasta un 40 % y lo que el 2014 se llegó a vender en 10 y 9 dólares comenzaba a liquidarse en 6.4 y 5.7 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) para recalar, hacia septiembre en un bajón del 47 % y precios por debajo de los 5.4 dólares.

Fue así que en los últimos años se intensificó la extracción de hidrocarburos hasta lograr el “récord” sublimado este martes por el gobierno y Repsol, consorcio internacional que con la explotación de los campos produce por sí mismo casi un tercio del gas de exportación; e igualmente se apresuró el diseño de incentivos subvencionados por las regiones bajo el anzuelo de que por cada dólar “invertido” recobrarían entre cuatro y ocho.

La “Ley 3058 artículo 57 nos habla destino del IDH, no dice apostar estos recursos. ¿No hay otras estrategias para incentivar la exploración?”, comentó hace horas en las redes sociales el director de Jubileo, Juan Carlos Núñez. “Se arriesga el IDH. La CPE dice destinar para salud, educación y desarrollo. La exploración es como jugar ruleta”, alertó también.

Para el colmo, en torno al otro negocio trazado con las transnacionales, el de exportación de termoelectricidad con gas natural nacional comprado a precios de exportación, el vicepresidente Alvaro García Linera delineó semanas atrás la intención de pagarles el suministro a precio de mercado externo, de hasta 6 dólares la unidad BTU y no interno, mucho más bajo, lo que implica generar más ganancias para las compañías, unos 4 dólares por cada BTU.

Por el mismo rumbo también han sido desvirtuadas las proyecciones del ministro Sánchez en sentido de que «sin la aplicación de incentivos Bolivia percibiría por ingresos hidrocarburíferos 28.196 MM$us, pero si invertimos 2.890 millones como incentivos, este ingreso se incrementaría en 21.657 millones adicionales».

“Para que los ingresos se incrementen en la magnitud que dice el Ministro la producción de líquidos tendría que subir en 70.000 BPD y el precio del crudo tendría que estar en 100 $us/Bl. Estas cifras no tienen ningún soporte racional”, cuestiónó el analista Hugo del Granado.

En último término, dicha ley “no garantiza nada a nadie, ni que habrá nuevas inversiones, ni que las entidades beneficiarias del IDH vayan a tener utilidades o que vengan nuevas empresas a explorar, pero es un punto de inflexión en la fallida política de hidrocarburos”, fue la última reflexión de este experto.

RENUENCIA

El hecho de que el pesado fardo sea asumido en su mayor parte por los ya disminuidos ingresos de gobernaciones, municipios y universidades, y que en cambio no se use las reservas internacionales de 14.000 MM$us guardadas en el Banco Central, además de la probabilidad de que el nuevo organismo se convierta en otro Fondo Indígena corrupto, son sólo algunos factores que han desatado la reacción de regiones y universidades, entre otros sectores sociales.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), convocado por autoridades para conocer detalles del proyecto después de su aprobación general, coordinaba la resistencia a lo que los estudiantes y críticos consideran una “confiscación” a los recursos sectoriales.

“Se las verá con nosotros en las calles”, anunció un dirigente universitario llegado a La Paz este lunes, en referencia a la posición oficial

Con su proyecto de estímulos el MAS “pretende entregar a las transnacionales una parte importante del IDH destinado legalmente a servicio de salud y educación, de tal manera que terminaríamos por comprar nuestros propios hidrocarburos a precio internacional”, denunciaron la pasada semana en un manifiesto a la opinión pública varias personalidades en La Paz

Por su parte el gobierno desplegaba la ya clásica postura de segmentar a los bolivianos en bandos adversos.

El ministro Sánchez, cuestionó la renuencia señalando que “el que no quiere Ley de Incentivos, no quiere desarrollo de las instituciones públicas y de las regiones. Esta ley es para aumentar ingresos para el país las regiones e instituciones. ¿Las gobernaciones, municipios, universidades no quieren incrementar ingresos?”

Muchos reclamos tienen que ver con la denominada “socialización” de la propuesta antes de llegar al parlamento, realizada al parecer sólo entre los grupos afines al gobierno.

La Gobernación de Santa Cruz, hizo saber que no se le envió oficialmente el texto del proyecto de ley y el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, William Cervantes, indicó que pese a entrevistas con funcionarios, su Directorio no consideró el tema.

Las universidades reunidas este lunes con voceros oficialistas previnieron que debido a bajas cotizaciones del crudo, el próximo año recibirán 43% menos de IDH. Más grave aún, dijeron que con el recorte por incentivos subirían sus pérdidas a 55%, según estimaciones del secretario del CEUB, Gustavo Rojas esperando una pausa de 10 días para sancionar la legislación impugnada.

DERROCHE DE PODER Y DE RECURSOS

En el fondo la nacionalización de los hidrocarburos financia a la burocracia y dominación del MAS, concluyó el mes pasado el coordinador del Postgrado CIDES-UMSA, Luis Tapia.

Reveló que “el proceso de cambio” fue utilizado de manera perversa para costear y desarrollar una nueva forma de dominación política y de control de la sociedad civil, a fin de subordinar Bolivia al proyecto gubernamental capitalista y anti comunitario del MAS.

Cifras oficiales y extraoficiales señalan que de cada 200 dólares administrados desde el 2006, únicamente 25 han sido destinados a la inversión productiva y social y menos de 3 –quizá 1.5 %– a la redistribución condicionada de bonos entre escolares mujeres y ancianos.

Del resto, unos 70 llegaron a los gobiernos subnacionales y el grueso, casi el 50 %, unos 100.000 millones de dólares (MM/$us) en la década evista, resultantes del excedente que creó el proceso de nacionalizaciones, se destinaron al gasto corriente o quedaron en manos de la frondosa burocracia y dirigencia del partido en el gobierno, el MAS.

Los últimos datos presidenciales señalan una inversión de unos 24.000 MM/$us sobre una ejecución presupuestaria de más de 200.000 MM/$us acumulada en el periodo 2008-2015, según los reportes Sigma del Ministerio de Economía.

Tan sólo para esta última gestión el presupuesto general del Estado, consolidado suma 31.500 MM$us (13 % mayor al 2014) y la inversión prevista alcanza a 6.180 MM$us.

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