Argentina: “Cornejo tiene que decirle sí o no a la minería”

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Argentina: “Cornejo tiene que decirle sí o no a la minería”

Área minera / 29 de julio de 2015

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Desde el sector minero pidieron al futuro gobernador una definición respecto a la industria en Mendoza. Apuntaron a la Corte.

En medio de una transición convulsionada y pensando en cómo llegarán a fin de año las cuentas provinciales, Alfredo Cornejo tiene un nuevo pedido en la agenda. Empresarios de diversas cámaras relacionadas con el sector minero le pidieron al mandatario electo y a su vice, Laura Montero, que definan su posición respecto al futuro de la actividad en la provincia.

“Cornejo tiene que decirle sí o no a la minería”, dijo el representante del sector metalúrgico, Julio Totero, en una conferencia conjunta por el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, Mario Chabert, por el titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, y por su par de San Juan, Alejandro Donna.

De acuerdo a la visión de los representantes vinculados al sector, en la actualidad hay una crisis en los prestadores de servicios para la minería por la forma en que las autoridades manejan la política sobre la actividad, especialmente en Mendoza, donde es cuestionada y donde -según dijeron- han pasados dos gobiernos que no se definieron y no apoyaron la industria, apuntando a Celso Jaque y Francisco Pérez.

Respecto a este último, consideraron “una burla” que se haya presentado en San Juan cuando las provincias mineras se reunieron con Daniel Scioli, ya que fue uno de los que más trabas puso a la actividad.

“Creemos que en el tema provincial las decisiones políticas que debe tomar el próximo gobierno van a tener que ser contundentes, van a tener que decir que sí o que no”.

Aunque la molestia con Pérez es evidente, de acuerdo a los dirigentes, la idea es apuntar al futuro por lo que pidieron definiciones concretas a Cornejo antes que asuma formalmente como gobernador. “Los tiempos de la ciudadanía y de la Pyme no son los mismos de la política. No hay tiempo para esperar cuatro meses más. Le vamos a exigir una definición, con muchísimo respeto y con el crédito que tiene una administración nueva, pero lo vamos a hacer enérgicamente”, dijo Carlos Ferrer.

Mario Chabert, representante de los empresarios mineros de la provincia, dijo que “no se está pidiendo créditos, ni subsidios. Estamos pidiendo que nos dejen invertir en una actividad lícita, legal y noble”.

Totero, en representanción del sector metalúrgico, insistió en que la minería puede ayudar a levantar una actividad industrial que está cayendo. En ese sentido argumentó: “Creemos que en el tema provincial las decisiones políticas que debe tomar el próximo gobierno van a tener que ser contundentes, van a tener que decir que sí o que no”.

Reclamo a la Corte por la 7.722

Además de solicitar definiciones políticas, apuntaron a resoluciones judiciales. En ese sentido criticaron la demora de la Suprema Corte en la definición del pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7.722.

“Vamos a exigir a la Corte, por los mecanismos que correspondan, que se defina el tema de la 7722. Nosotros no podemos seguir esperando, las inversiones se van y la inseguridad jurídica hace que nadie quiera invertir en Mendoza”, argumentó Ferrer.

El titular de Servicios Mineros insistió: “La Corte es un organismo técnico y tiene la obligación de expedirse por sí o por no. Es una barbaridad que esté postergado este tema por problemas y fundamentos políticos. No ha resuelto porque la política le dice, los magistrados no entran por concurso, los elige la política y ella tiene un canal con los ministros que no lo tiene el hombre común”.

Para Julio Totero, la ley no sirve como un elemento para cuidar el agua. “Los problemas siguen existiendo tal cual o peor que en el año 2007. La mal llamada ley del agua no resuelve los problemas, se resuelven cuidando y no impidiendo. Esperamos que la Corte en un acto de valentía y justicia sancione la inconstitucionalidad”, sentenció.

Con ese panorama, el sector minero espera tener respuestas a la brevedad, ya sean desde el ámbito político o desde el judicial, apuntando a ver si las inversiones las mantienen en la provincia o buscan nuevos rumbos para sus empresas.

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