Bolivia conoce menos de la mitad del perfil geológico de su territorio, por tanto de sus recursos minerales, dice el geólogo Fernando Cáceres. Entre 1960 y 2018 se publicaron 178 cartas geológicas que solo recogen información del 29,9% del territorio boliviano.

Las cartas geológicas proporcionan información de base respecto del subsuelo, similar a los datos demográficos que emite un censo para conocer a la población boliviana. Una carta geológica permite identificar unidades geológicas, tipos de roca, procesos geológicos históricos, además de recursos minerales y energéticos.

En Bolivia, si solo se consideran las regiones mineras de la Cordillera de los Andes (Orógeno Andino) y de las llanuras bajas (Precámbrico), la cobertura de información alcanzaría al 47,7% del terreno, dice Fernando Cáceres, con base en los datos del Servicio Geológico Minero (Sergeomin).

Cáceres ha escrito el “Estado actual de las investigaciones geológicas en Bolivia” en el Reporte Anual de Industrias Extractivas 6, que publica el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el que afirma que Bolivia tiene un territorio desconocido por el Estado y por sus habitantes.

“Todo lo que es montañoso en Bolivia, lo que llaman el Orógeno, no llegamos ni al 50% de (su) cobertura con hojas geológicas, estamos casi por el 40%, si uno se da cuenta esa parte del territorio está infravalorada”, explica Cáceres, que también es exdirector del Sergeomin.

Sin información

La actividad minera no ha cesado a pesar de esta dificultad. Los cooperativistas mineros, como los actores más visibles en la minería actual, por ejemplo, han ido a parar a los yacimientos abandonados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sin que medie una planificación estatal sustentada en un trabajo de prospección exploración.

Las cooperativas ocupan esos espacios por “lo barato de la mano de obra y por el trabajo artesanal… Yo estaría de acuerdo en cumplir todas las obligaciones, incluido el tema impositivo, sabiendo a dónde estoy entrando (a explotar), teniendo una información geológica del área que he solicitado… Pero si vamos a áreas abandonadas por Comibol o a áreas sin mucha información, ¿cómo me puedo comprometer?, no puedo hacer una planificación”, dijo en mayo Juan Carlos Chorolque, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Oruro, cuando participó de las jornadas “Presente y futuro de la minería nacional” organizadas por el CEDLA.

El avance a razón de 6,5 cartas geológicas por año, en comparación con las 27 del Perú y las 10 de Chile, hace prever que la construcción de información geológica avanzará con lentitud en el país. Y eso incluye a la generación de información sobre la zona del Escudo Precámbrico en las llanuras cruceñas que se acercan a la frontera con Brasil.

“La parte oriental de Bolivia ha sido estudiada por el Servicio Geológico Británico en los años 80. Ellos hicieron la cartografía del Escudo Precámbrico que está formado por rocas antiguas de hace más de 1.000 años. Los británicos estaban buscando yacimientos grandes, pero falta (información sobre) el detalle en esa zona. Se ha hecho a (una escala) 1:250.000, hoy en día se necesita 1:100.000 para conocer más”, dice Cáceres.

Porcentaje de cobertura de los mapas geológicos en los diferentes departamentos de Bolivia,
con el número de cartas que fueron realizadas hasta el 2018

Fuente: elaborado por Fernando Cáceres con base en la Memoria Anual de 2018 del SERGEOMIN.

Minerales, agua y otros

Si casi no se conocen los recursos mineros en subsuelo, menos se sabe de los recursos acuíferos y energéticos.

“En el caso del Silala estamos explotando un agua que hace 10 mil años estaba entrando al subsuelo y que hoy está saliendo, este sería un recurso no renovable… Esa falta de conocimiento geológico del subsuelo boliviano hace que no tengamos una planificación correcta y estemos utilizando materias primas o recursos naturales que no son renovables en el tiempo”, explica Cáceres.

El valor de la información geológica radica en su carácter geopolítico y de planificación del desarrollo, lo que puede evitar sobreexplotar los recursos naturales no renovables. Cáceres afirma que esta sobreexplotación está sucediendo en este momento con el oro en el norte de La Paz de donde se extraen cerca de 30 toneladas por año, en comparación a los años 80 y 90 cuando la mina más grande de Sudamérica, la Empresa Inti Raymi a cargo de la mina Kori Kollo, producía 14 toneladas.

Los países vecinos lo saben: Perú y Chile terminaron de cartografiar sus respectivos territorios hace veinte años y ahora realizan trabajos a mayor detalle.

“No hay cómo saber a dónde (qué tipo de yacimiento) estoy entrando (a explotar), no tenemos ni siquiera la información geológica básica y eso es porque hemos deshecho nuestra institucionalidad”, dijo Javier Diez de Medina, expresidente de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, en las jornadas de mayo.

Planificación irreal

Al ritmo de avance de los estudios geológicos, Cáceres calcula que en 64 años se tendrá cubierto todo el territorio y en unos 25 años solo el Orógeno y el Precámbrico. A pesar de ello, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) prevé cubrir hasta el año 2025 toda la información faltante a nivel nacional.

El mismo PDES se ha propuesto subir las reservas mineras de plata, plomo, zinc, cobre, antimonio, estaño, oro e indio a 1.060 millones de toneladas métricas en el mismo lapso. La definición de reservas es un paso posterior a la elaboración de las cartas geológicas.

“El plan es muy ambicioso y en el fondo no es realista, está hecho por personas que no conocen mucho el rubro minero”, dice Cáceres.

Lo cierto es que la información geológica es necesaria y urgente debido a que su falta causa pérdidas económicas al país, como sucede con la explotación del zinc en cuyos yacimientos también se encuentra indio, otro mineral de mayor precio por el que actualmente no se cobra.

Para el caso de las reservas, “tendríamos que descubrir tres (minas) San Cristóbal, tres (minas) Mallku Khotas, tres San Vicentes”.

Un país minero que todavía no puede levantar su actividad metalúrgica como primer paso hacia la industrialización. Así está Bolivia donde, a pesar de un panorama desalentador de una Corporación Minera de Bolivia (Comibol) desmantelada y empresas públicas que trabajan a pérdida, sigue vigente la pregunta ¿Nos dejó el tren de la industria minera?

La pregunta viene del exviceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova Eguivar, quien ahora en su faceta académica y de investigador aborda el tema recordando el hecho histórico de la revolución nacional de 1952 cuando los obreros propusieron la nacionalización de las minas y la instalación de fundiciones para industrializar el país a partir de los minerales, el principal recurso explotado en ese momento.

Córdova analiza este tema en el Reporte Anual de Industrias Extractivas 6, publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con un título que repite la interrogante “¿Nos dejó el tren de la industria minera?”. En esta entrevista, su autor explica en general aspectos que toca en detalle en el artículo.

“Un aspecto que ha ocurrido después de 1985 es que la población, la opinión pública, ha empezado a olvidarse de la minería, antes prácticamente todo el país sabía cómo se hacía, dónde se hacía, cuánto costaba, dónde se vendía, todo eso era del dominio público. Ahora se da una atención preferente a los hidrocarburos que han ayudado a solventar gran parte de estos últimos años de la vida del país”.

Héctor Córdova Eguivar, investigador.

¿Por qué sigue vigente esta duda de si “nos dejó el tren de la industria minera”?

Todos sabemos que, cuando vendemos mineral como concentrado, perdemos muchísimo dinero porque estamos transfiriendo nuestras riquezas al extranjero. No nos pagan todo lo que deberían porque dentro de nuestros minerales hay muchos elementos valiosos (otros minerales); además, lo que es más raro, pagamos el costo de la fundición de ellos, porque nos dicen: “tierra no más es, para sacar el metal tengo que fundir y van a pagar ustedes el costo de fundición”. Entonces estamos exportando empleo, estamos exportando bienestar. La idea sería pasar por lo menos a la metalurgia para recuperar todos esos valores y venderlos como corresponde, con el precio internacional del metal. Y eso todavía no es industria, eso es el paso previo, la industria viene cuando a ese metal le añadimos valor. Dar ese paso requiere que se cumplan varias condiciones, la primera es que tengamos los insumos necesarios para hacer el trabajo industrial; la segunda, que tengamos personal calificado; la tercera, que tengamos financiamiento para hacer esa industria; y la cuarta, que tengamos un mercado donde vender nuestros productos.

El problema central que identifica Córdova es que Bolivia no tiene capacidad de autoabastecerse de insumos. El 72% de ellos se importa y el aporte local es del 28%, principalmente en servicios. Los insumos importados encarecen el costo de operación y convierten el producto en poco competitivo en el mercado internacional.

Usted menciona que en Huanuni hay un retroceso hasta el año 1970 por causa del horno Ausmelt, ¿es decir que las desventajas no se cubren ni siquiera con el factor técnico?

La fundición de Vinto recibe sobre todo la alimentación de Huanuni, de Colquiri y de las cooperativas mineras, particularmente del sur del país. Lo que ha ocurrido durante el año 2019 es que la fundición de Vinto ha perdido liquidez y no ha podido pagar a sus proveedores (cooperativas y empresas estatales) la retribución a la entrega de sus concentrados. A finales del año 2019 se emitieron normas para viabilizar esa liquidez, pero esto ha sido como una aspirina en una enfermedad seria. Entonces, los trabajadores de Huanuni decidieron no entregar a Vinto sus concentrados y exportarlos directamente. Esto es retroceder más allá de los años 70 del siglo pasado, hasta el punto en el que exportábamos concentrados de mineral.

El estudio de Córdova verifica, por ejemplo, que la mina Colquiri comercia cerca de 3.800 toneladas finas de estaño y 15.000 de zinc, los dos minerales que explota. El primero lo vende a la fundidora Vinto y el segundo a empresas privadas especializadas. Pero el concentrado de zinc contiene además plata, estaño, hierro, azufre, arsénico, cadmio, indio y otros elementos. Aunque la tonelada de zinc vale 2.000 dólares, las empresas pagan 490 dólares a Colquiri con el justificativo de que esos otros elementos, valiosos económicamente, serán perjudiciales en la recuperación del zinc.

Usted que ha estado adentro del gobierno, ¿qué impide tomar decisiones que apunten a la industrialización?

Un aspecto que ha ocurrido después de 1985 es que la población, la opinión pública, ha empezado a olvidarse de la minería, antes prácticamente todo el país sabía cómo se hacía, dónde se hacía, cuánto costaba, dónde se vendía, todo eso era del dominio público. Ahora se da una atención preferente a los hidrocarburos que han ayudado a solventar gran parte de estos últimos años de la vida del país, la minería podría haber estado en una situación similar si se le hubiera prestado la atención debida. El objetivo tradicional de la minería es generar divisas, es decir extractivismo puro, pero ya el Plan Nacional de Desarrollo había cambiado el objetivo a generar y maximizar los excedentes, eso quiere decir pasar a la metalurgia. Por otro lado, la Comibol sigue funcionando como una empresa del siglo pasado, como una empresa en liquidación, es muy difícil que pueda tomar las riendas del desarrollo del sector minero metalúrgico, y al sector privado no le interesa la instalación de las fundiciones y de las plantas metálicas porque la mayor parte de las empresas grandes tiene sus propias fundiciones en el extranjero. Tiene que ser tomada una decisión política primero y después una decisión económica, sabiendo que se va a necesitar grandes inversiones, pero la recuperación va a ser gigantesca en el corto, mediano y largo plazo.

Entre tanto sucede eso es un hecho que mientras más avanza la tecnología más patente es la debilidad de la minería boliviana. En 2019, las autoridades informaron que para fabricar baterías de litio se necesitaba montar primero 41 fábricas para producir los insumos y lograr un costo competitivo. Córdova reacciona: “es una locura, es hacer la revolución industrial en cinco años”. El otro problema es que la base de la actividad del litio es la producción de carbonato de litio, pero a estas alturas esa tecnología ha sido desechada y sustituida en el mundo por el hidróxido de litio.

“Podemos hacer muchas más cosas, alambrón de cobre, por ejemplo, en lugar de estar vendiendo el cobre metálico, aumentaríamos nuestros ingresos, es cuestión de una planificación estratégica multidisciplinar para ver por dónde deberíamos caminar”.

Héctor Córdova Eguivar, investigador.

El jukeo o robo de mineral tiene detrás de sí una organización y financiamiento que le permite transportar toneladas de materia prima para enviarla a la comercialización e incluso a la exportación. El largo ciclo de alza de precios de los minerales derivó, paradójicamente, en el surgimiento de este fenómeno que el Estado boliviano trata únicamente como delincuencial.

En los últimos años, la prensa ha reflejado varios actos de protesta de los desempleados de Huanuni, muchas mujeres entre ellos, pidiendo su ingreso a trabajar en la empresa minera porque no existe otra opción económica en la zona. A la vez, la crónica roja reporta con frecuencia arrestos de jukus, ladrones de mineral; en marzo de 2019, el Ministro de Defensa tuvo que intervenir ante la muerte por disparos de bala de cuatro jukus supuestamente al ser sorprendidos por los militares.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze Vargas, en su artículo “El jukeo y la política minera masista”, publicado en el Reporte Anual de Industrias Extractivas 6 del CEDLA, explica que ese fenómeno es un efecto del ciclo de más de una década de aumento de las cotizaciones de los minerales en el mundo y una política minera que privilegia a los capitales privados en yacimientos expectables (San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé, etc.).

Esto ha hecho que los buenos precios internacionales de una década tengan un reverso de persistente pobreza, alta desigualdad, falta de empleo, abandono de la agricultura, etc., alrededor de un centro minero como es la mina estatal productora de estaño.

El caso de la Empresa Minera Huanuni (EMH) tiene también relación con la nacionalización ocurrida el año 2006, cuando el objetivo inmediato desde el gobierno de Evo Morales era detener el conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas vía la incorporación a la empresa de 4.000 trabajadores que venían de las cooperativas.

Arze destaca que el efecto de esa decisión fue la reducción de la productividad que no se recupera hasta ahora: en el año 2006 se producía 4,71 toneladas métricas finas (TMF) por obrero, esto bajó a 1,65 TMF en 2007, para recuperarse algo en 2017 con 2,45 TMF.

Más mano de obra y menos producción fue el resultado de tener un grupo de obreros trabajando organizadamente y con planificación ingenieril, paralelamente a otro grupo que opera con formas y herramientas precarias.

“No sabemos hasta dónde va la participación, pero hay denuncias de que son trabajadores regulares, dirigentes y hasta gente con cierto poder los que permiten el ingreso de jukus a la mina. Todo esto requiere, obviamente, una cobertura de los aparatos de seguridad”.

Carlos Arze Vargas, investigador del CEDLA.

Posteriormente al acto de nacionalización, la EMH comenzó a disminuir su producción y la captación de regalías, al mismo tiempo que, curiosamente, se daba un incremento productivo en el caso de las cooperativas de la región. Arze explica que esto llama la atención porque las autoridades locales y dirigentes cooperativistas, del norte de Potosí, por ejemplo, han informado a la prensa que los yacimientos de esa zona están agotados.

La información oficial es vacilante sobre los volúmenes del robo. El estudio de Arze ha recogido datos de las autoridades registrados en la prensa con números que van de 12 a 200 toneladas por mes, lo que deriva en un cálculo de pérdidas para Huanuni de entre 2 millones a 34 millones de dólares.

Un circuito y una organización

El fenómeno del jukeo se remonta a la época colonial, pero no se limita a ella, tuvo continuidad en periodos recientes, explica Arze, y se realizaba en yacimientos agotados y por personas que realmente no tenían otra opción para sobrevivir.

El jukeo que se practica ahora está lejos de eso porque exige a los participantes pagar una cuota para formar parte del grupo que ingresará a robar. Esto implica que existe una organización, una logística y una cadena de acciones que termina con la comercialización y exportación del mineral robado.

Un juku puede sacar un saquillo de mineral sobre sus hombros, pero no acude así a comercializarlo en el mercado. Un individuo no puede entregar la materia prima a la metalúrgica Vinto, donde va a ser procesado para transformarlo en concentrado. El dato para no pasar por alto es que los cooperativistas sí pueden vender la materia prima a la metalúrgica, con una declaración ante el SENARECOM (Servicio Nacional de Comercialización de Minerales y Metales) de que ese producto es suyo.

“Los volúmenes grandes no pueden desaparecer, no pueden ser trasladados fácilmente y tienen que ser guardados en depósitos especiales, muy cercanos a la mina, y luego ser sacados en camiones. Son toneladas, toda esta actividad nos está revelando que hay una organización, planificación y participación de ciertos financiadores, todo un circuito”, dice Arze.

Los coyotes, que organizan grupos de jukus, y los rescatiris, que acopian en depósitos el mineral robado, son actores importantes de este circuito identificado e invierten más dinero en el proceso.

La actuación de esta cadena paralela no sería posible sin la aprobación o la omisión deliberada de determinados niveles estatales. “No sabemos hasta dónde va la participación, pero hay denuncias de que son trabajadores regulares, dirigentes y hasta gente con cierto poder los que permiten el ingreso de jukus a la mina. Todo esto requiere, obviamente, una cobertura de los aparatos de seguridad. Luego el trabajo de ingenio para procesar y elevar la ley de los concentrados, y, finalmente, de quienes los comercializan ya sea internamente hacia Vinto o inclusive por contrabando hacia el exterior”, dice Arze.

Un enclave de crisis social

Lo común de los jukus es que son jóvenes, que están desocupados, que participan muchas mujeres y que reciben un escaso pago por el mineral que logran hurtar, sin contar que este grupo es el objetivo principal de la persecución policial, no así los participantes del nivel de comercialización o receptación ilegal.

En una década de boom de los precios de los minerales, que se inició en el 2004, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no intentó fomentar una actividad productiva diversificada alrededor de la minería en Huanuni, con el funcionamiento de la agricultura, la pequeña industria y los servicios, y el resultado es una crisis social campante que tiene en el robo de minerales una alternativa de ingresos para la población desocupada.

Carlos Arze identifica una economía de enclave en Huanuni, un enclave es un espacio donde se produce bajo relaciones capitalistas, con vínculos con mercados externos y escasa relación con otros rubros productivos locales.

“Huanuni aparece como un oasis, es un desierto de miseria, de pobreza, de abandono, una situación que ha sido agudizada por este ciclo de alza de las materias primas y por la política del MAS, una política rentista que aprovecha las altas ganancias de la extracción de las materias primas y se olvida de los otros sectores productivos, como la agricultura y la pequeña industria local”, dice Arze.

Huanuni es una isla en el departamento de Oruro con indicadores de pobreza más favorables. Mientras en el departamento la población en pobreza moderada era del 34,4%, en Huanuni era de 18,5%, según datos del censo de 2012 para el artículo. La pobreza indigente estaba en 12,1% frente al 5,4% del centro minero, y la población en pobreza marginal era de 0,5% frente al 0,2%.

La desigualdad entre el centro minero (Villa Huanuni) y las comunidades rurales aledañas tiene también una brecha amplia. De las 45 comunidades en el municipio de Huanuni, 40 tenían a más de la mitad de sus habitantes en situación de pobreza, cinco comunidades tenían a menos de la mitad de su población en esa condición y siete tienen a todos sus habitantes pobres. En Huanuni la pobreza es del 14%.

Las altas cifras de pobreza contrastan con los indicadores que reportan una baja desocupación. En el artículo se recuperan datos que, considerando a la población dependiente, reflejan que las personas ocupadas deben asumir la manutención de una fracción importante de la población total, en mayor medida que el promedio departamental.

Para el investigador Carlos Arze, en el municipio de Huanuni se expresa el capitalismo atrasado y combinado porque allí convergen las técnicas de la modernidad (la ingeniería y la tecnología metalúrgica) con la agricultura más precaria del arado egipcio.

Todo esto tiene responsables que están en el Estado, dice Arze, e identifica a las autoridades de la empresa y del gobierno como los que tienen la política de “dejar hacer, dejar pasar”, permitiendo una administración sin fiscalización, un descontrol del ingreso a la mina e incluso disparidades en los salarios donde unos ganan 30.000 y otros, 3.000.

Lejos de dar solución a este problema que deja pérdidas económicas a Huanuni nacionalizada y que sucede por la persistente pobreza de la región, el gobierno del MAS ha optado por penalizar, cada vez con más dureza, el robo de minerales.